Los responsables de los homicidios por “busazo”

Porque lo de la tragedia de San Martín Jilotepeque no es normal, ni tampoco ocurre en todos los países. No se trató de un accidente. Esta matanza, y todos los “buzasos” anteriores, son incidentes que ocurren como resultado de una cadena de irresponsabilidades. En muchos casos, demasiados, constituyen homicidios culposos, cuyos perpetradores están libres e impunes.

¿Quiénes son los responsables? En primera línea, los conductores de los buses siniestrados, demasiadas veces verdaderos cafres al volante, quienes en muchos casos pagan con la vida su propia irresponsabilidad. En otros, su irresponsabilidad se suma a la cobardía, huyendo de la escena del homicidio (mal llamado accidente). Luego vienen los propietarios de los autobuses, a quienes por su voracidad y avaro afán de lucro menosprecian el valor de las vidas de los pasajeros omitiendo el mantenimiento de los buses. Incluso, se organizan como grupo de presión para rechazar las propuestas que buscan imponerles controles, o simplemente, la aplicación de las leyes ya vigentes.

Son tan descarados que en la misma semana en la que ocurrió la tragedia de San Martín Jilotepeque, osan protestar por la aplicación del sistema prepago. A penas uno de tantos controles que deberían aplicárseles. De verdad que con esta actitud tientan el enojo popular, y ponen en verdadero riesgo la gobernabilidad. ¿Acaso no se dan cuenta que el abuso tiene un límite peligroso, especialmente para ellos mismos? Estos son los extremos que ocurren cuando entes privados proveen servicios públicos, sin el debido control y reglas, y con impunidad para los abusos y desmanes que cometen al aprovecharse de la necesidad del público usuario.

Y luego, no lo olvidemos, las autoridades. Me causó una rabia profunda escuchar por un lado al Director General de Transporte decir que sólo tiene 21 inspectores para 9 mil autobuses, mientras que por otro el Ejecutivo propuso despilfarrar Q 182 millones en la seguridad del binomio presidencial o Q 100 millones para los ex Pac. Haciendo números, por ejemplo si le pagáramos (los contribuyentes), un sueldo mensual de Q 15 mil a un inspector, contratar 200 inspectores más para que hagan el trabajo en todo el país nos costaría Q 42 millones anuales… ¡Mucho menos de lo que nos cuesta la seguridad del presidente y la vicepresidenta, o los ex Pac!

Eso sólo reorientando asignaciones de gasto superfluas. Por el lado de los ingresos, he dicho y sigo sosteniendo que el Impuesto de Circulación de Vehículos es un  gravamen que los automovilistas debiésemos pagar para financiar soluciones para el transporte público. Pero no, la preocupación por la popularidad del presidente resultó en el retroceso del incremento al impuesto de circulación, lo cual significó una pérdida de más de Q 500 millones anuales. Dijeron que lo hacían para “proteger” a la clase media… ¿No hubiese sido más justo y urgente que se preocuparan más por los usuarios de la calamidad que hoy es nuestro sistema de transporte público?

El gobierno también tiene el mandato legal para intervenir: el artículo 120 de la Constitución. Pero, una vez más, el Presidente evadió su responsabilidad, descartando la intervención del transporte público de pasajeros. Así que con espacio presupuestario para gastar, una fuente de ingresos y mandato legal en la propia Constitución, ¿acaso el Presidente y las autoridades del Ejecutivo, teniendo los medios financieros y legales, no tenían la responsabilidad de haber hecho algo desde el inicio de su gestión? ¿No es acaso una irresponsabilidad dolosa que, en parte, contribuye a la pérdida de vidas en “busazos”?