Los que parten y reparten
Los que parten y reparten
Promover la aprobación en el Congreso de Ley de Inversión y Empleo, la cual busca prorrogar los privilegios fiscales para las maquilas, ubica en un conflicto ético y de intereses al ministro de Economía, Sergio de la Torre, y el comisionado Presidencial para la Competitividad, Juan Carlos Paiz, fundadores de empresas que podrían beneficiarse de esta norma.
Sergio de la Torre Gimeno y Juan Carlos Paiz Mendoza son hombres de emprendimiento. Desde sus posiciones, el primero al frente del Ministerio de Economía y el segundo como Comisionado Presidencial para la Competitividad y la Inversión, trabajan sin sosiego para que el Congreso apruebe la Ley de Inversión y Empleo, una iniciativa por medio de la cual, aseguran, se incentivará la inversión, se multiplicarán los empleos y crecerá la economía. La del país y las de las empresas particulares en donde tienen intereses.
Ambos funcionarios tienen participación en importantes compañías de maquila que han crecido bajo el amparo de las leyes de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y de Zonas Francas (decretos 29-89 y 65-89), la estrategia del Estado aprobada durante el gobierno del presidente Vinicio Cerezo (1986-1990) para lograr la competitividad del país por medio de las exoneraciones fiscales.
Desde sus posiciones en el Ejecutivo se afanan porque los diputados se apresuren a aprobar la ley que les ampliará los beneficios fiscales hasta por 20 años más.
Corría 1997 cuando el joven industrial Sergio de la Torre Gimeno fundaba la empresa Accesorios Textiles S.A., una compañía dedicada a la elaboración de prendas textiles. Era un periodo de expansión de la actividad maquilera en Guatemala impulsada los por bajos salarios, la cercanía geográfica a los Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, y los privilegios fiscales a las empresas de ese tipo aprobados desde 1989.
La empresa de De la Torre empezó a beneficiarse de las exoneraciones que el decreto 29-89 otorga a las maquilas desde el 19 de enero de 2001, según consta en la resolución 46-2001 de la Dirección de Servicios al Comercio y la Inversión del Ministerio de Economía.
Desde entonces, y hasta 2011 la compañía del Ministro se benefició con exenciones en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y en los impuestos para la importación de materia prima, además de la exoneración a impuestos ordinarios y extraordinarios a la exportación. La aprobación de la Ley de Inversión y Empleo representará para Accesorios Textiles S.A. la prolongación de estos beneficios si deciden ampararse en el régimen a la ley, gracias a los esfuerzos del Ministro de Economía y también fundador de esa compañía.
¿Se acogerá esta empresa a la ley de inversión empleo que promueve extender los privilegios fiscales a las maquilas?
“Podría hacerlo, si los accionistas consideraran que es algo beneficioso para la empresa, para la inversión y para generar más empleo”, respondió De la Torre al ser consultado por Plaza Pública.
El Ministro no precisó la cantidad de acciones que posee en Accesorios Textiles S.A. Ese es “un tema confidencial”, respondió. En 1997, cuando fundó la empresa registró a su favor el 98 % de las acciones; el 2 % restantes fueron adquiridas por su padre, Antonio de la Torre García, según consta en el expediente 11187-1997 del Registro Mercantil.
Accesorios Textiles S.A., es una empresa productora de etiquetas y monogramas para varias compañías maquiladoras de Guatemala y Centroamérica, líder en el sector, con la capacidad instalada para producir diez millones de etiquetas al mes, y que tiene entre sus clientes a firmas como Abercrombie & Fitch y Hollister.
La administración y gerencia de la empresa se la han rotado entre De la Torre y el ciudadano español Enrique Segarra Martínez. De la Torre dejó el cargo de gerente especial administrativo y la representación legal de la sociedad, 20 días antes de asumir el cargo de Ministro de Economía el 14 de enero de 2012. Sin embargo, en la página web de la compañía aún aparece como presidente de la misma.
Además de dirigir su empresa, durante la última década De la Torre también ha liderado las cámaras empresariales más importantes del país. Entre 2005 y 2007 presidió la junta directiva de la Cámara de Industria; y fue miembro de la junta directiva de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (VESTEX). En el período 2006-2007 fue presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); y de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas y de República Dominicana (FECAICA).
El 10 de marzo pasado, en su papel de Ministro de Economía, De la Torre abogó ante los jefes de los bloques legislativos por la aprobación de la Ley de Inversión y Empleo. Les recordó a los diputados que esa iniciativa formaba parte del paquete de nueve leyes presentado en enero de 2013 por el Ejecutivo como parte de su política de atracción de inversiones.
“¿Qué está pasando en el mundo?”, se preguntaba en esa oportunidad de manera retórica De la Torre ante los diputados congregados en el Salón del Pueblo. Todos los países de la región, se respondió, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica han aprobado leyes para otorgar “beneficios fiscales a los exportadores”.
“Es importantísimo entender que las zonas francas son, pueden y deben ser una política de Estado para atraer inversión con valor agregado y generar polos de desarrollo. En Guatemala el 80 % de la mano de obra está en la informalidad, y es el mandato de la Constitución que el Estado trabaje por políticas por el empleo”, dijo De la Torre en aquella ocasión.
China, agregó, ha promovido leyes de ese tipo en los últimos 30 años y generó 50 millones de empleos. “Más de 300 empresas en China han crecido con estas iniciativas y están en la lista de Fortune de las 500 empresas más grandes del mundo”.
En Guatemala, añadió, apenas hay 1,000 empresas (en realidad son 966) que gozan de estos privilegios fiscales. Entre ellas, la fundada por él en 1997.
El competitivo comisionado
Juan Carlos Paiz Mendoza, quien desde el inicio del gobierno del Partido Patriota (PP) se desempeña ad honorem como Comisionado Presidencial para la Competitividad y la Inversión, también aboga por la aprobación de la ley que beneficiará a su empresa particular.
Según los archivos del Registro Mercantil, Paiz fue gerente de Pani-fresh, una sociedad dedicada a la producción, distribución y venta de productos de panadería, desde su creación en 1996. En mayo pasado fue nombrado presidente del Consejo de Administración y representante legal de la compañía.
Pani-fresh S.A. estuvo exenta del pago del ISR desde su fundación, en junio de 1996, hasta 2006, según la resolución de calificación 953-1996; y conserva hasta la fecha la exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las importaciones de materia prima para productos de exportación.
Su empresa, asegura Paiz, no será beneficiada con la iniciativa 4644 porque paga ISR desde 2006 y por lo tanto no puede incorporarse al nuevo régimen. El numeral 3 del artículo 6 de la iniciativa de ley establece que no serán beneficiados los que ya están pagando el ISR. Sin embargo, en el mismo numeral se exceptúan a las empresas que, como la de Paiz, se encuentran ya amparadas por el decreto 29-89, según los registros del Ministerio de Economía.
De la Torre lo confirma: “Las empresas que ya se encuentran exoneradas del pago de IVA, pueden mantener este privilegio si se aprueba la nueva ley”.
Pani-fresh es uno de los principales proveedores de pan para las cadenas de comida rápida MacDonald´s y Quizno´s en Guatemala, y este año abrió una nueva planta en San Antonio de Alajuela, Costa Rica. Desde 1991 se asoció con Fresh Starts Bakeries de Estados Unidos, uno de los mayores proveedores de McDonald’s y a la fecha exporta a 21 países, principalmente en América Latina con redes de distribución en México, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
En 2011 su producción fue estimada en 50 mil unidades de pan por hora.
El Comisionado dice que apoya y promueve la aprobación de esta ley, sobra la cual ha hecho estudios para los ministerios de Trabajo y Economía, porque la misma contribuirá a la generación de empleos.
“Ya hemos perdido 70 mil empleos y 70 mil más están en riesgo”, aseguró Paiz en una entrevista radial .
Al igual que De la Torre, el Comisionado argumenta que muchas empresas maquiladoras han migrado a El Salvador, Honduras, Nicaragua porque tienen “leyes más atractivas y mejores salarios para los inversionistas, es decir más bajos (para los empleados). Estos trabajos van a mudarse a esos países”.
Si no se aprueba la ley, advierte, el Gobierno no podrá cumplir su promesa de generar “200 mil empleos” antes de que finalice el mandato del presidente Otto Pérez Molina.
Un conflicto ético
Al inicio del gobierno de Óscar Berger (2004-2008) el país atravesaba una crisis de institucionalidad generada por los escándalos de corrupción desatados durante el la administración de su antecesor, Alfonso Portillo (2000-2004). Para paliar la situación, Berger aprobó el acuerdo gubernativo 197-2004, el cual contiene las Normas de Ética del Organismo Ejecutivo. En este se incluyen los deberes básicos de los funcionarios, empleados públicos y asesores.
En el artículo 9 de ese acuerdo se establece que los funcionarios “en sus actuaciones deberán abstenerse de incurrir en actos o actitudes que den la impresión de que sus relaciones sociales, de negocios o familiares influyen en sus decisiones”. Y en el artículo 12 se incluyó una definición de conflictos de intereses y abuso de autoridad, y señala que los funcionarios “no deberán utilizar su cargo para fomentar el éxito de sus negocios privados o para su beneficio personal, de sus familiares y/o amigos”.
¿Incurren De la Torre y Paiz en faltas a la ética, conflictos de interés y abuso de autoridad al promover la aprobación de una norma que beneficie a empresas vinculadas a ellos?
El artículo 3 de la iniciativa 4644 establece que ésta aplica tanto para las empresas que llenen los requisitos, a partir de la aprobación de la ley, como a las que ya se encuentran beneficiadas. Es decir que aplicaría para las empresas particulares del Ministro y del Comisionado.
Por aparte, la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, en su artículo 18, inciso b, prohíbe a los funcionarios y empleados públicos “utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros”.
Hugo Maúl Figueroa, Comisionado por la Transparencia durante el gobierno de Berger, explica que un código de ética de este tipo es muy difícil de hacer cumplir pues constituye un enunciado de “lo que deben ser” los funcionarios. Mientras que David Gaitán, director del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), de Acción Ciudadana, señala que lo más probable es que los funcionarios desconozcan la existencia de este acuerdo.
Maúl considera que la iniciativa que promueve el Ministro no necesariamente implica un conflicto de intereses, pues se trata de una regla general que no sólo favorece a una empresa, sino a todo un sector con el objetivo de generar más empleos.
También explica que una de las prácticas más comunes para evitar señalamientos en situaciones similares es que los funcionarios que tienen empresas trasladan sus acciones a hijos u otras personas de confianza cuando asumen la representación legal. No obstante, aclara que esta práctica se aplica principalmente cuando la empresa tiene negocios con el Estado. Accesorios Textiles S.A. no oferta para el Estado desde 2010, antes de que De La Torre fuera Ministro, cuando en los tres años previos recibió entre adjudicaciones por concurso y sin concurso Q187 mil 720.
Por su parte, el diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, opina que “sin duda alguna” en este caso “hay conflicto de intereses”. El congresista agrega que “el impulso de decisiones políticas e institucionales para beneficiar intereses personales y privados, hasta puede ser un delito”. El legislador dice que el Ministro llegó personalmente con los diputados para impulsar esta normativa y que hasta hay miembros del Congreso que buscan que se apruebe por urgencia nacional. Por ello considera que el funcionario “ha hecho uso de su cargo para impulsar una medida que lo beneficia personalmente”.
Pop se refiere al conflicto de intereses como uno de los puntos que más se discutió durante la aprobación de la Ley Contra la Corrupción. Sin embargo, en la versión final no aparece tipificado este delito.
Según Gaitán el problema radica en que en el país no hay una legislación adecuada para prevenir el conflicto de intereses. A pesar de que en este caso se evidencia que el Ministro usa su cargo para un beneficio personal, falta revisar si hay algún artículo que se pueda aplicar como el de tráfico de influencias asegura el abogado.
El artículo 35, de la Ley Contra la Corrupción, dice que comete el delito de tráfico de influencias “la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para una tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero”.
La normativa establece para el responsable de este delito tendría una pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Este artículo fue uno de los que más discusiones generó entre los diputados cuando se aprobó la Ley Contra la Corrupción, decreto 31-2012.
¿Se llegaría a considerar el “cabildeo” de un sector por una ley en su beneficio como tráfico de influencias?
La frase clave con la que se “blindó” la figura del cabildeo por privilegios fue “para obtener un beneficio indebido”. Los lobistas, funcionarios y los mismos congresistas pueden escudarse en la búsqueda de un “bien común” para justificar una iniciativa que también los favorezca. De la Torre aseguró que cualquier iniciativa, legislativa o no, que haya presentado su Ministerio mejorará el clima de negocios y, por lo tanto, mejorará todas las empresas de Guatemala.
“Eso no es un conflicto ético”, afirmó el Ministro.
Un atraso en los planes
La iniciativa 4644 ha sorteado una serie de dificultades para su aprobación. El propósito original era que se sancionara antes del 30 de junio de este año. Incluso el presidente Pérez Molina, en su programa De Frente con el Presidente del martes 24 de junio, hizo un llamado para que se aprobara de urgencia nacional.
La influencia de los grupos de presión aglutinados en las cámaras empresariales y el beneplácito de las distintas bancadas del Congreso apuntaban a su ratificación antes del receso legislativo, pero no fue así.
El principal obstáculo fue la preocupación de algunos grupos de empresarios porque compañías que ya tributan se acogieran a la nueva ley y generaran una competencia desleal.
El miércoles 2 de julio, Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio, reincorporada en febrero de este año al Cacif, llegó al Congreso a manifestar su oposición a la iniciativa.
Briz indicó, luego de reunirse con el presidente del Legislativo, Aristides Crespo, que esta propuesta de ley no generará más empleos sino que, por el contrario, provocará problemas macroeconómicos al reducir los impuestos recaudados por la SAT.
"Si esta iniciativa se aprueba los únicos sectores que se quedarían tributando serían las personas en relación de dependencia, los comerciantes, algunos industriales y compañías de servicios" afirmó el empresario.
Diputados oficialistas y opositores coinciden en que esto supuso un lastre para la ley. Ese escollo se superó con la negociación de dos paquetes de enmiendas entre la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), los ministerios de Economía y de Finanzas, y las cámaras empresariales.
En el último capítulo de estas negociaciones, el 25 de junio el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) aprovechó la falta de acuerdo sobre la iniciativa 4644 para retrasar la aprobación, mientras realizaba una acción que parecía respaldarla.
Roberto Villate, el jefe de bloque de Líder, solicitó con la firma de los 42 diputados de su partido que se incluyera la iniciativa en la próxima sesión plenaria, junto a la propuesta de Ley Reguladora del Recurso de Gracia o Perdón Presidencial de la Pena de Muerte.
El objetivo, según algunos congresistas, es que los diputados duden sobre su asistencia al pleno para no tener que pronunciarse sobre el controvertido tema de la pena de muerte. Juan José Porras, el jefe de bancada del Partido Patriota y uno de los impulsores de la Ley de Inversión y Empleo, asegura que esta estrategia podría retrasar su aprobación hasta agosto de este año.
Sin embargo, los planes para que la iniciativa se convierta en ley continúan en pie. Para el Ejecutivo contar con esta ley es uno de sus principales objetivos en el Congreso. En la bancada oficial admiten que nadie quiere contrariar al influyente sector maquilero. No solo por ser financistas a las puertas de un año electoral sino también por la advertencia de las cámaras empresariales de que la inversión abandonaría el país y aumentaría el desempleo. Un costo político que nadie quiere asumir.
Más de este autor