Miembro de esa orquesta es el ejecutivo de la más grande cementera del país quien, además, expresa sus opiniones en Prensa Libre. José Raúl Gonzalez Merlo, en su columna de esta semana, sin ofrecer mayores datos, como tampoco un razonamiento estructurado, afirma de la manera más simplista que el juicio que se sigue contra el militar es un juicio contra el Ejército. Afirmar esto es como decir que el juicio contra Marco Tulio Abadío fue contra la institución que éste desfalcó (la SAT) o que el juicio contra Alfonso Portillo es contra la institución presidencial.
Cierto es que el Ejército es en Guatemala la institución que más confianza genera en la población, como también es cierto que Rigoberta Menchú obtuvo apenas 3% de los votos cuando candidata presidencial, por cierto mucho más que el doble que los obtenidos por Manuel Ayau –patriarca de esto grupo ya casi convertido en secta– cuando candidato a presidente por el MLN.
Es realmente lamentable que profesionales de la gestión de negocios se enreden en defender a militares que, como ha ido quedando demostrado en el juicio, fueron responsables, directa o indirectamente, de la mayor orgía de sangre que país latinoamericano haya vivido. No está en el banquillo de los acusados una institución, como tampoco la victoria militar que alcanzaron, para varios analistas aún antes de que Ríos Montt y Mejía Víctores condujeran regímenes de facto en los que se masacró, desapareció y torturó a guatemaltecos muchas veces no combatientes.
Lo que se están juzgando son los métodos usados para obtener esa victoria. Slobodan Milosevic logró separar a Serbia y fundar su república, pero fue juzgado por los crímenes cometidos para obtener ese triunfo.
En todo su derecho están los promotores ideológicos del libre mercado en acusar con pruebas y documentos a los guerrilleros que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, así como deshacerse en loas y alabanzas extemporáneas al militar juzgado, pero lo que no se puede aceptar es que se descalifique a jueces y fiscales simplemente porque han decidido, con base en pruebas materiales, realizar el juicio. ¿Cuantos instrumentos legales, legítimos y no legítimos ha tenido el acusado para evitar y posponer el juicio?, ¿pidieron los difusores de la ideología neoliberal esos derechos para los cientos de víctimas hoy conocidos al detalle? Su estridente defensa del acusado los lleva a negar que en Guatemala se cometieran crímenes abyectos que ninguna sociedad normal puede aceptar, mucho menos justificar, aún si se está defendiendo al sacrosanto mercado.
Es hora ya que desde la academia quede claro si en Guatemala tenemos instituciones y centros que justifican los crímenes cometidos. Si, como sucede en Alemania y en Irán, existen los que, a pesar de las evidencias, niegan el Holocausto.
Porque una cosa es querer, exigir y esperar un juicio justo y adecuado para los militares en cuestión y otra, muy diferente, es intentar negar, ante tantas evidencias ofrecidas, que esos crímenes sucedieron y que, en consecuencia, deben ser juzgados y penados, para que las nuevas generaciones asuman responsablemente que en Guatemala ¡nunca más volverán a suceder!, ¿o será que con sus notas José Raúl y compañeros nos están avisando que en cualquier momento tocaran las puertas de los cuarteles para sublevarles y salir a masacrar a cuantos no pensamos como ellos?
Más de este autor