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Los pasos del campesinado

Durante nueve días, representantes del valle del Polochic encabezaron una marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral. Recorrieron 216 kilómetros, desde el parque central de Cobán, Alta Verapaz, hasta llegar a la ciudad de Guatemala. Cada día, 30 kilómetros. Cada día, bajo un sol que no daba tregua. Aun si en su destino final poco se sabía de sus peticiones, avanzaban y tenían claro que no darían un paso atrás sin haber obtenido resultados.

Hace varias noches, Pedro Xo, 63 años, tenía llamas en sus ojos. Fuego. Recuerdos. En su memoria todo estaba quemado: su casa de paja, su cosecha (frijol, chile, maíz), el árbol que le daba sombra por las tardes, su terreno. Era todo lo que tenía allá en el valle del Polochic. “Eso fue hace un año”, decía somnoliento, muy cansado, acurrucado en un rincón del salón donde, junto a diez de sus compañeros de aldea, contaba lo que había significado iniciar una larga caminata.

Lo que querían. Lo que soñaban. Lo que podían esperar. Básicamente, aun con la dificultad de hablar poco el castellano: terrenos para cosechar, saldar una deuda agraria con el fondo de tierras, suspender las licencias de minería e hidroeléctricas, arreglar conflictos en varias comunidades, luchar por el agua, aprobar una reforma agraria en el Congreso, suspender la actividad militar en sus comunidades, parar megaproyectos, enfrentarse a empresarios… La lista era grande y se la sabían de memoria. Tenían eso claro, y no regresarían con las manos vacías.

Habían colocado en el debate político un tema que pocos se atreven a plantear.

“Cada vez estamos más cerca”, agregaba Carlos Caal, el más joven de ellos, también del Polochic, en tanto comentaba orgulloso, sonriente: “El Presidente de la República nos vino a ver. Dicen que quería parar la marcha, pero no lo consiguió. Lo rodeamos. Se frotaba las manos, estaba nervioso. Quizá tenía miedo. Nos dijo que allá, en la capital, nos iba a esperar”.

Don Pedro, esa noche, se daba un masaje en los pies agrietados luego de siete días de caminata y hacía pausas para explicar con sus manos que un día –el 15 de marzo de 2011– “ellos (los soldados y los policías) llegaron al Polochic, uniformados, con patrullas, tractores y fusiles; lo quemaron, todo lo quemaron”. Narraba esa escena y era como si las llamas saltaran de un rostro a otro, en el recuerdo colectivo de todos sus compañeros. El asesinato de tres campesinos, Margarita Chub, Antonio Bec Ac y Óscar Reyes, aunque tenue, también rondaba en el ambiente. Uno de ellos resaltaba que todos eran originarios del valle del Polochic, pero que en el Polochic habían perdido sus vidas y ellos, allí acurrucados, sus casas y sus terrenos.

–Por eso caminamos.

Temas Rezagados

A un año del desalojo de 800 familias en el valle del Polochic, el Comité de Unidad Campesina (CUC), lanzó una convocatoria nacional. Significaba esperar una respuesta de 200 comunidades y 8 mil familias que integran esta organización. Esperaban reunir a más de 10 mil campesinos durante el recorrido. Y llegar a un número un poco más alto una vez llegados a la capital.

Con esa meta, durante la marcha, kilómetro a kilómetro, los foquitos de alguna metáfora iban encendiéndose. “Cada vez más gente se une a la marcha. En cada pueblo, en cada parada o descanso”, decía acongojada para la noche del sexto día de caminata Irene Barrientos, una de las encargadas de la comitiva y delegada del CUC. Su voz de megáfono –“!Campesina y campesino… la lucha organizada es nuestro camino!”– será algo que todavía hoy y por muchos días más recordarán algunos de los marchantes.

Indicaba también que la marcha era “una respuesta a toda la demanda de tierra de todos los compañeros y compañeras”. “El desalojo de hace un año en Polochic es un marco para plantear otras problemáticas pertinentes. La criminalización de varios dirigentes, persecuciones penales improcedentes, acusaciones de terrorismo, asesinatos. Se aglutinaron, además, otros temas de preocupación para los campesinos, como los monocultivos, o el trato a la madre naturaleza desde la perspectiva de una cosmovisión de los pueblos originarios”.

Daniel Pascual, otro de los dirigentes del CUC, entiende que la marcha significaba desde un inicio un posicionamiento político, que obedece a condiciones históricas. “En sí, la marcha se articula en torno a temas que han estado rezagados desde hace muchos años en la agenda del Estado. Desde luego que a ninguno de ellos se les ha dado salida”, explicaba.

Historias sin salida, sin mucha voz, débiles ante empresas transnacionales, muchas más y todas a un mismo paso, marcharon en dos filas sobre el caliente asfalto de la carretera.

La historia, por ejemplo, de Agustín Ramírez, de 37 años. Cuando el río dejó de correr con fuerza y con algún volumen en su aldea, Ramírez organizó una comitiva para seguir el cauce del arroyo y encontrar el problema. El río Pacaya, en la aldea San Rafael, en Coatepeque, Quetzaltenango, se estaba secando. Una roca o una gruta era la esperanza de los pobladores sobre aquello que bloqueaba de momento la corriente. Río arriba, sin embargo, la comitiva se topó con una presa enorme de cemento. El afluente estaba siendo desviado a una finca de bananos y palma africana. Les habían robado el agua. El río.

–Nos han robado la vida –lamentaba Ramírez en la caminata.

La de las abejas de Misael Hidalgo, 55 años, apicultor, en la aldea San Francisco el Quetzal, en San Marcos. Sus abejas duran apenas 30 minutos vivas, decía. Una vez que el programa Moscamed de control de plagas, del Ministerio de Agricultura (MAGA) vierte el veneno líquido, en aerosol o en polvo, cada día, sobre los cultivos, sus abejas mueren asfixiadas como pequeñas moscas del mediterráneo.

–La miel se queda sin abejas – suspiraba Hidalgo.

La de una campesina de apellido Tzoc, del norte del Quiché, en el kilómetro 34, donde denunciaba que el diálogo entre las autoridades y los pobladores, sobre el conflicto de tierras, se realiza con el ejército como mediador, en el patio del destacamento militar de su zona. O la historia de Francisco Sagastume, 47 años, del Chinique, Quiché, en el kilómetro 27, que caminaba pensando en las 366 caballerías que –dijo– el diputado Estuardo Galdámez, del Partido Patriota, quiere para sí cuando únicamente le pertenecen cinco. O la de otro campesino, Romualdo Ochoa, en el kilómetro 22, que luego de 7 años no ha podido pagar la deuda de su pequeño terreno, “la producción es baja. Tan baja que sólo cubre para la comida de la familia y subsistir”, declaraba.  

Todos ellos caminaron juntos, sus demandas también, a lo largo de nueve días. “En una clasificación basada en la propiedad de la tierra, Guatemala es la sociedad más terrateniente, y por ello, más explotadora del campesino, más reaccionaria, más autoritaria, más oligárquica”, analiza el sociólogo Edelberto Torres Rivas.

A unos pasos del Poder

El 27 de marzo –el último día de la caminata– los campesinos, finalmente, verían la encarnación de los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Faltaban únicamente  8 kilómetros para el final del recorrido. Y faltaban al menos unas 15 horas para esperar un desenlace, una respuesta.

Las banderas –rojo y verde– ondeaban casi desde las 5 de la madrugada. Había expectativa. Era la última mañana que escuchaban el nahual del día por los altoparlantes: waxaq'ib' batz. “El día de la perpetuación de las  ceremonias y costumbres de nuestros antepasados. Es un día que habla del hilo conductor, del inicio del tejido y el tiempo: es un buen día para pedir”, anunció la voz del dirigente Daniel Pascual.

Pedirían, primero, como escucharon los marchantes, quitar una serie de procesos judiciales y persecuciones penales existentes en contra de sus dirigentes, ante el Organismo Judicial. Luego la agilización de aprobación y discusión para tres iniciativas de ley. Una de ellas, la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, con solicitud de urgencia nacional. También la legislación de medios de comunicación comunitaria, y la legislación sobre derechos de pueblos indígenas. Y por último, presentarían un compendio de demandas puntuales a la presidencia.

De nuevo al asfalto, enfilaron el tramo final. Está vez eran más, miles más. Si había alrededor de 2 mil campesinos en las carreteras del oriente, ya en la capital, apoyados por otros sectores y campesinos de Quetzaltenango, Sololá, Quiché, y la Costa Sur, “el número de personas representaba una amplificada y revitalizada presión social”, como indicaba Pascual. Se adherían además pobladores de San Pedro Ayampuc, San José del Golfo, San Juan Sacatepéquez, y Huehuetenango. “Ya no estamos solos ante el poder. Ya no somos únicamente el Comité de Unidad Campesina. Nos acompañan de todos lados”, declaraba, afónico, Pascual.

Ante el Legislativo, los dirigentes decían obtener el primer triunfo. La junta directiva del Congreso y los jefes de bloques se comprometían a dar a la petición de viabilidad a las iniciativas de ley. Sin embargo, el juego político de las interpelaciones, la pugna entre el partido oficial y el partido Lider, fueron parte del escenario del compromiso en el Legislativo. “Luego de los temas que nos limitan en el Congreso, como la interpelación al Ministro de Finanzas, el tema de las peticiones de la marcha indígena campesina y popular será prioridad en la agenda parlamentaria”, indicaba el presidente del Congreso, Gudy Rivera.

“Nos han dado el primer compromiso claro y prioritario de atención a nuestras demandas”, destacaba Pascual ante la multitud, minutos más tarde. Seguían los aplausos, los gritos y la algarabía. Nadie, en definitiva, parecía sufrir de agotamiento.

Aparicio Pérez, parte de la administración del CUC, en otro escenario, reportaba: “El Organismo Judicial se ha comprometido a quitar cualquier persecución de nuestros dirigentes”. 

Más aplausos, más bulla. Estaban contentos.

Faltaba, sin embargo, una última reunión, la más importante para ellos, otra arena. La marcha, los pasos del campesinado, se acercaba al Presidente.

Prioridades tras prioridades

En la noche número siete de la caminata, en un pequeño salón de escuela municipal, los dirigentes de la marcha se encerraron durante varias horas a debatir posibilidades, estrategias y procedimientos. Armaban, al resguardo de cientos de campesinos durmiendo en cada rincón de la escuela, un pliego petitorio para el Ejecutivo. El resultado sería un listado de 68 temas puntuales. Cada caso en cada área de conflicto. Cada caso como respuesta a una evaluación sopesada de sus derechos.

Si aquella noche de elaboración y redacción había sido desgastante, larga y en vigilia, una vez presentado el documento frente al Presidente Otto Pérez Molina, las horas transcurrirían más lentas y llenas de cansancio. Frente a ellos, aparte del Presidente, se encontraban los técnicos del gobierno: Elmer López, secretario de Asuntos Agrarios; Adrián Zapata, comisionado presidencial para el Desarrollo Rural; y Miguel Ángel Balcárcel, comisionado presidencial del Diálogo Nacional. La marcha, por su parte, había escogido a varios representantes, entre técnicos, sociólogos y abogados. En el interior del Palacio Nacional de la Cultura se daría un pulso de negociaciones.

Afuera, cientos de campesinos todavía tenían fuerzas para alzar sus voces y consignas. Un ruido de fondo. Los gritos revitalizados de los campesinos funcionaban de contexto.

El recibimiento de peticiones, vendría con alguna reticencia de parte del Gobierno. Necesitaban tiempo, eran demasiadas. Demasiadas para una resolución apresurada. “Son problemas estructurales, con trasfondos históricos, y que nos han llamado la atención por la manera en que se han postergado dentro de las responsabilidades del Estado”, dijo el gobernante al recibir las demandas. Luego, quizá como un gesto al mismo tiempo natural e irónico, pidió eso mismo: tiempo.

Los dirigentes, no obstante, desvelados, con signos de marcado agotamiento, necesitaban ante todo una respuesta.

–Señor Presidente, no podemos salir afuera, hablar con nuestra gente, y decirles una vez más que se necesita tiempo –indicó, acercándose a los micrófonos, con una voz que se amplificó más bien tenue, Daniel Pascual.

–Son demasiadas peticiones para evaluarlas apresuradamente –contestó Elmer López.

Reunidos allí, en el patio del Palacio Nacional de la Cultura, la comisión presidencial del campesinado decidió priorizar los temas más urgentes. Temas que compitieran exclusivamente al Ejecutivo. De 68 planteamientos, se priorizaron nueve puntos. Habían llegado por algo grande, enorme, pero debían resumir. Llegar a un acuerdo.

Técnicos contra técnicos

La deuda agraria, como tema, tocó las primeras partes de un diálogo prolongado. A la mesa de negociaciones también se acercaron personajes de alta relevancia para Guatemala en el tema agrario de las últimas décadas. Como mediadores. El Monseñor Álvaro Ramazzini, obispo comprometido con los temas sociales y agrarios, fue uno de los primeros en aproximarse a los dirigentes y analizar su propuesta, sus prioridades, el resumen de sus peticiones. También Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estaba presente.

El punto central del primer tema era dar o no una condonación de Q300 millones para la deuda con el Fondo de Tierras. El argumento de los técnicos del Presidente era que no se podía otorgar, no estaba ni encajaba dentro de sus responsabilidades. “No podemos dar este indulto”, dijo López. Sin embargo, Omar Jerónimo, de la Plataforma Agraria, aclaró que el gobierno sí podía comprometerse no a condonar sino a un subsidio.

En el documento final, en este punto, luego de varias horas, el Gobierno se comprometió a crear un subsidio para amortizar la deuda con el Fondo de Tierras para el acceso a la tierra y el desarrollo al área chortí.

La discusión de cada tema era un debate a distancia entre técnicos, entre cansancio, mediadores, comisionados de la presidencia y el Presidente. Los documentos viajaban a las oficinas y de las oficinas al patio central, así, por un lapso de cuatro horas.

El conflicto en el Polochic fue otro discutido ampliamente. La conflictividad de esta zona fue abordada como prioridad inmediata mediante medidas cautelares por parte del Estado. Se utilizarán los recursos para que un mínimo de 300 familias de atención de crisis sean atendidas.

Las otras prioridades fueron la moratoria a la licencias de minería e hidroeléctricas, respaldados por el artículo 127 y 128 de la Constitución de la República que rige el uso de las aguas del Estado, y un acuerdo ministerial para el uso del agua como bien del Estado.

La conflictividad en Santa María Xalapán. Esto tras un estudio histórico de Santa María y los linderos de la real cédula. E Incluir esta comunidad en el programa hambre cero.

Hay comunidades en la Sierra Santa Cruz y Chinajá, en Quiché, que están en el interior de áreas protegidas. El gobierno se comprometió a su reubicación y entendimiento del lugar donde fueron edificadas. Además resolver conflictos en el norte de Quiché y las Verapaces.

Y por último, se resaltó el retirar las bases y destacamentos militares de lugares donde se reporten conflictos.

Eran alrededor de las tres de la madrugada cuando los dirigentes, finalmente, con la firma del presidente en estas nueve demandas, con una respuesta y la promesa de una pronta reunión en menos de un mes, programada para el 19 de abril de este año, caminaron una vez más, como habían caminado juntos durante toda la marcha de los 216 kilómetros.

Los pasos de los campesinos, esta vez, salían de regreso y partían del kilómetro cero para anunciar que “una nueva lucha, en este día, había iniciado”.  

 

 

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Habían colocado en el debate político un tema que pocos se atreven a plantear.
De nuevo al asfalto, enfilaron el tramo final. Está vez eran más, miles más. Si había alrededor de 2 mil campesinos en las carreteras del oriente, ya en la capital, apoyados por otros sectores y campesinos de Quetzaltenango, Sololá, Quiché, y la Costa Sur, “el número de personas representaba una amplificada y revitalizada presión social.”