A veces me sorprendo de la vigencia y efectividad en Guatemala de la herencia de alguien tan nefasto como Goebbels, hoy etiquetada con el elegante nombre de “marketing social”. Este sujeto saltó a la vergonzosa fama mundial demostrando la efectividad de sus mañas de ensalzar sentimientos de orgullo, promoviendo odios y convenciendo a las masas de cosas muy alejadas de la realidad.
Me resulta inevitable verificar esas tácticas de difusión y control de masas cuando leo y escucho a algunos miembros del empresariado organizado cuando dicen que su lucha en contra de la reforma tributaria es para defender a la clase media. Vaya, que si no fuera por Goebbels esto nos podría sorprender.
¿Cree usted que los abogados que están accionando en la Corte de Constitucionalidad en contra de la reforma tributaria, están contratados porque ahora sus patronos tienen nobles y legítimas intenciones solidarias de defenderlo a usted?
Creo que los empresarios tienen el legítimo derecho de impugnar. En tanto las cortes fallen apegadas al derecho, esto es un ejercicio muy sano y deseable, que nos mueve a una democracia funcional. Pero entendámonos. Los empresarios lo hacen porque perciben que las nuevas normas tributarias afectan sus negocios y quisieran que las cosas les favorezcan a ellos.
Pero otra cosa es que vengan con el cuento que lo hacen para defender a la clase media. No me cuesta imaginar a sus estrategas mediáticos diseñando la táctica: “nuestra posición pública debe ir en la línea que la reforma afecta a la clase media, y que esa clase es la más beneficiada al revertir la reforma”.
Y es que la tienen fácil. Sólo tienen que llenarse la boca de sofismas ad populum, invocando el natural desagrado por tener que pagar impuestos, dejando de lado que no es una cuestión de gustos sino de responsabilidad democrática. Es más fácil el llamado populista a la irresponsabilidad.
Es natural que la reforma tributaria provoque rechazo y descontento. ¿Es legítimo que genere protesta? Creo que sí. La protesta legítima no debe ser porque no nos guste cumplir nuestras obligaciones. Debe partir del hecho que, ya que vamos a cumplir nuestra parte del contrato social, debemos exigir con solvencia moral plena que el gobierno cumpla la suya.
Y es que no la está cumpliendo. Por ejemplo, en vez de protestar por el impuesto de circulación de vehículos, nuestra protesta debe ser enérgica por la tragedia que es el transporte público que la semana pasada llenó titulares de prensa, y exigir el fin de esa mafia criminal de una vez por todas. Porque, por favor, la clase media no es la que tiene el lujo y privilegio de conducirse en automóvil particular, sino quienes día a día sufren los vejámenes de los buses. Y más abajo está la gran mayoría de los que ni siquiera pueden pagar el bus.
La energía de la protesta es la misma, pero la diferencia (nada sutil por cierto), radica en el objetivo. No se trata de protestar por tener que pagar impuestos, sino exigir que los impuestos se canalicen a un gasto transparente y efectivo, con calidad. Y de hecho, este es un punto en el que las diferencias ideológicas y socioeconómicas ceden. Es la ruta en la que debiésemos movernos todos, pese a nuestras diferencias, ¿no?
Así, yo no me trago el cuento de la “defensa” de la clase media. Al contrario, quiero levantar mi voz de protesta y demanda, pero por lo que sí vale la pena y beneficia a todos.
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