Así se percibe el proceso de negociaciones de paz, de cuyo impulso informó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos a finales de agosto. El anuncio oficial del inicio de las pláticas se precipitó debido a un “twittazo” y una infidencia de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia.
La revelación de Uribe Vélez, elevado a los altares de la asesoría política en el continente, por parte de la ultraderecha regional, no es casual. A partir de la difusión del proceso, el exgobernante se ha convertido en la cara visible de la objeción a encontrarle una salida política al conflicto. Y aunque en sus declaraciones esgrime como estandarte una vocación legalista, los motivos reales podrían tener otro origen.
La figura del exgobernante no es cualquier cosa en la tierra de Nariño. Por el contrario, es alguien con fuerte ascendencia política y bien podría ser una fuerza impulsora de la paz, hoy día respaldada por un amplio espectro de sectores.
Sin embargo, lejos de ello, busca desesperadamente socavar las posibilidades de un proceso que se teje, día con día, en un telar de filigrana. Y él, Uribe Vélez, lo sabe y por ello, apunta sus flechas hacia el corazón del mismo.
La sostenibilidad de la confianza es una de las necesidades en materia de negociación política, particularmente aquella referida a conflictividad. Dicha confianza parte del cumplimiento de los acuerdos o compromisos que en un principio, tan solo habrán de referirse a la disposición de resolver pacíficamente la controversia. Nada más. Pero al garantizarla y sostenerla se muestra la voluntad real de concretarla. Claro está que una violación a la misma pone en riesgo el proceso si, además, se produce en los inicios, cuando la confianza no es todavía una parte sólida del mismo.
Uribe Vélez lo sabe. Como abogado, con seguridad conoció algo de teoría sobre negociación. Y como político, ni dudar sobre su conocimiento de los procesos de esta naturaleza con sus exigencias y cuidados. De allí que no sea casual su accionar, que tiene toda la característica del zapador taimado que busca disfrazar los verdaderos motivos de su labor socavadora.
¿A qué le teme en verdad? Una posibilidad puede ser a lo que pueda surgir de la boca de Mauricio Santoyo, general retirado de la policía, quien llegó a un acuerdo con la fiscalía estadounidense. Santoyo habría negociado cambio de los delitos por los que se le persigue y una eventual reducción de penas si testifica sobre los vínculos oficiales -de políticos, militares y policías, con el paramilitarismo y las mafias criminales en Colombia. Y en esa declaración, lo más probable es que el exfuncionario del gobierno de Uribe, señale las responsabilidades y vínculos de su antiguo jefe.
Mismos que no han sido ningún secreto en Colombia, puesto que desde el inicio de su campaña como candidato presidencial, se revelaron eventos sucedidos cuando fungió como funcionario de control aeronáutico. En esa época, tenía la potestad para autorizar la circulación de avionetas, situación de la cual se beneficiaron las aeronaves vinculadas al cartel de Medellín. Tampoco es ajena su vinculación con las bandas paramilitares, cuyo origen se remonta a las Asociaciones Comunitarias, llamadas Convivir, así como a la relación con empresas del desaparecido narcotraficante Pablo Escobar.
De manera que, las revelaciones anticipadas y las acciones que apuntan al desgaste de un proceso que apenas arranca y no se instala, en realidad parecen tener otros motivos relacionados con la necesaria impunidad que Uribe intenta garantizarse.
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