“Los jueces han vivido bajo el amparo de los que dominan la sociedad”

Vestido con una guayabera celeste y anteojos sin montura, cabello gris engominado hacia atrás, el juez español Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) aguarda en el vestíbulo del hotel Camino Real para atender la ronda de entrevistas de su segundo día de trabajo en Guatemala. Habla sin pausas y responde tanto a las preguntas que se le formulan, como a las que él mismo se hace a lo largo de la charla. El jurista, quien preside la fundación que lleva su nombre, una organización sin fines de lucro orientada a la defensa de los derechos humanos y a promover la jurisdicción universal de la justicia, es además asesor de la Corte Penal Internacional. Lleva ya cuatro años suspendido por el Poder Judicial español para ejercer como juez.

Su carrera profesional fue enviada al congelador por pretender abordar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre 1939 y 1975, en su propio país e investigar casos de corrupción en los que los principales sospechosos eran funcionarios del gobierno del Partido Popular (PP) en Madrid, Valencia y Costa del Sol, incluyendo tres alcaldes, una concejal, un diputado y el tesorero del PP. A lo largo de su carrera como magistrado, Garzón fue protagonista en la persecución penal contra las acciones terroristas de ETA desde finales de los 80, así como en la lucha contra el narcotráfico, la persecución de grupos yihadistas que captaban voluntarios para pelear en la guerra de Irak, y en la aplicación de la jurisdicción universal, desde la Audiencia Nacional de España en números casos de terrorismo de Estado por dictaduras latinoamericanas.

Garzón fue pionero en la aplicación de la jurisdicción universal penal, una competencia que la Audiencia Nacional de España cesó en 2009, para la persecución de delitos fuera de su país. Esa facultad le permitió abrir causas por delitos por genocidio en Guatemala, Ruanda, China o Tibet, así como perseguir a perpetradores de crímenes contra la humanidad en Argentina o a jefes de Estado, como al chileno Augusto Pinochet, por delitos durante su régimen. El trabajo del jurista coincide con la línea de pensamiento que defiende que una sociedad democrática no puede surgir de la impunidad, ni que el Estado de Derecho se puede construir sin abordar los crímenes del pasado aunque no se pueda garantizar la justicia para todos los casos.

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El marco de estas acciones, explica el jurista, es la búsqueda de la aplicación de la justicia transicional. Es decir, la aplicación de la justicia en casos de violaciones masivas a los derechos humanos en sociedades que salen de una situación de conflicto o represión por parte del Estado, basada en los principios de verdad, justicia y reparación. Verdad, para entender las causas detrás de estas violaciones y conocer a sus perpetradores; justicia, sobre todo contra los principales responsables de estos delitos; y reparación a las víctimas, para garantizar que esos hechos no se vuelvan a cometer.

La primera detención internacional por crímenes de terrorismo de Estado ordenada por Garzón fue la del capitán Adolfo Scilingo, en el llamado caso Argentina, quien fue condenado a 1,048 años de prisión por desapariciones y torturas durante la última dictadura argentina. Pero la que marcó su carrera y le abrió el camino para la persecución penal de crímenes perpetrados por los líderes de un Estado, fue la detención, el 16 de octubre de 1998, en Londres, del exdictador chileno Augusto Pinochet. 

La justicia construye sociedad

Yo sostengo que ninguna sociedad se rompe porque se aplique la justicia, ni en la situación más compleja. Aunque podemos discrepar en cuándo, en qué momento hacerlo.
Baltasar Garzón, “La fuerza de la razón”

¿Por qué fue tan importante la detención de Augusto Pinochet para impulsar la justicia transicional?

Fue un hito importante y un punto de inflexión básico por lo profundo que arraigó en la sociedad. Las víctimas en ese momento se sintieron empoderadas, vieron que era posible que las demandas que llevaban desde hace años, las peticiones de justicia que están siendo desatendidas, iban a ser respondidas.

¿Aunque en Chile hubiera un marco jurídico creado para perpetuar impunidad?

Este caso dinamitó esa protección jurídica que él mismo (Pinochet) y todo el Estado chileno habían elaborado para protegerlo. Se encontraba en una situación inimaginable para casi nadie. Estaba en un país extranjero (Reino Unido de Gran Bretaña), reclamado por un juez extranjero que ni si quiera era inglés, y por hechos cometidos en su país. Era una situación que en ese momento no podía encajar en ninguno de los puntos de vista jurídicos, aunque para mí está muy claro que era la aplicación del principio de jurisdicción universal. Y la extradición se ganó, se atendió la demanda de extradición. Pero por una decisión política se envió a Pinochet a Chile, con unos dictámenes un tanto sui generis, los cuales sabemos por análisis de siete expertos que no impedían que el juicio continuara. La importancia que tuvo este caso es que Pinochet ya volvió (a Chile) en un esquema totalmente diferente, volvió después de 500 días de detención, fue desaforado, fue procesado, puesto en arresto domiciliario y allí se quedó hasta que le alcanzó la muerte. 

Los seres humanos tenemos una serie de valores que están marcados, y uno de ellos es el de la justicia. Seas lo que seas, periodista, albañil, camarero o juez, si vez algo que se no acomoda a esos valores, dices eso es una injusticia o hay que pedir justicia.

Los límites y los alcances que la justicia transicional puede abarcar son un inevitable cuestionamiento en esta área. ¿Se puede juzgar a todo un aparato estatal?, ¿a un sector de la sociedad cómplice en las atrocidades? Según Garzón, un proceso de esta naturaleza es inabarcable, pero sí se puede juzgar a los máximos responsables. “A aquellos que financiaron, aquellos que consintieron, aquellos que tuvieron la posibilidad de evitarlo y no lo hicieron. Hay una especie de priorización lógica que las víctimas comprenden, pero para esto lo que se tiene que exigir la acción del Estado de investigar”.

¿Cómo se puede construir un Estado de Derecho en una sociedad que no ha garantizado justicia para los peores crímenes de su pasado reciente?

Es imposible que una sociedad se consolide como una auténtica democracia y tenga un Estado de Derecho, que se desarrolle en plenitud, si no se solventa esta cuestión. La impunidad no puede ser la base del desarrollo, o de la democracia. La impunidad cercena y destruye la democracia, es evidente, lo hemos visto a lo largo de la historia, antes o después estos procesos de revisión se tienen que producir. Se puede hacer a través de la justicia ordinaria, de la justicia transicional, de los mecanismos de justicia restaurativa. No hay sólo una fórmula, pero se tiene que buscar una respuesta. Hay ejemplos para todos los gustos. Casos donde no ha habido justicia penal, pero sí justicia restaurativa, u otros donde hay justicia reparadora, y algunos donde hay una negociación pactada. Pero en todos estos casos se enfrenta la cuestión. Hoy mismo vivimos un proceso de paz en Colombia y es de tal magnitud que todos asumimos que es imposible que ese tema se solucione exclusivamente por vía de la justicia. La paz tiene que ser una paz justa, eso significa que las víctimas participen en el debate, que haya reparación; el tanto y el cuánto de justicia tenemos que debatirlo, pero significa que haya verdad y garantías de no repetición.

¿Cómo evitar la intervención de grupos de poder con interés de obstaculizar la búsqueda de justicia para estos casos? Ya sea esto en Guatemala, Chile o España.

Los grupos de poder, sea poder económico, político, delictivo, siempre van a intentar evitar que los espacios de impunidad se acorten, se hagan más pequeños, les quitarían la razón de existir. Ellos  se mueven como pez en el agua  en la impunidad.

Guatemala, genocidio y lucha contra la impunidad

El camino de la democracia no debe ser el camino del olvido, porque, si así fuera, antes o después la senda nos conducirá al desastre en virtud del déficit ético acumulado.
Baltasar Garzón, “La fuerza de la razón” 

Hay ataques de diferentes frentes en contra de quienes promueven la justicia transicional. En Guatemala, por ejemplo, el Congreso aprobó un punto resolutivo, no vinculante pero sí político, que negaba la posibilidad de que en el país haya ocurrido genocidio.

Si buscando una cuota de impunidad dictan leyes que dificultan la acción de la justicia, o establecen amnistías, normas de desamparo, no están legislando en beneficio de la sociedad. ¿Hasta dónde llega el mandato de los elegidos democráticamente? España se lo planteó precisamente con la reforma de la ley de jurisdicción universal, nadie le había dado el mandato al Partido Popular, ninguno de sus electores, para hacer estos cambios, no aparecía en ningún momento en su programa electoral. Hasta dónde llega eso de “estamos actuando en nombre del pueblo”. Los límites de una democracia representativa tienen que ir evolucionando a los de una democracia participativa donde se discutan estos temas.

Durante el juicio por genocidio en Guatemala hubo quienes aducían que un tribunal internacional tendría mayor competencia para juzgar a los acusados. ¿Cómo asesor de la Corte Penal Internacional comparte esta idea?

Es un caso que de hecho estuvo en la Audiencia Nacional: Soy partidario de que la justicia se adelante allá donde se pueda. Es mucho mejor que se dé en el lugar donde se produjeron los hechos porque se tiene más cerca a las pruebas, a las víctimas, pero desde luego si no es posible una justicia independiente, imparcial, una verdadera acción, hay que buscar una acción de la justicia allá donde se puede juzgar este tipo de crímenes. Eso fue lo que pasó en 1999 cuando se presentó el caso por parte de Rigoberta Menchú en la Audiencia Nacional (de España). Esos procesos tienen una gran importancia, porque aunque no terminen en una sentencia, remueven las conciencias; remueven el propio país, como ocurrió en Argentina, en Chile o en parte aquí en Guatemala. Son importantes también para que la reacción se produzca desde dentro. Al final lo que se quiere es que haya justicia, pero si, es verdad que si separas el epicentro del problema de la acción contra el mismo, puede resultar más positivo.

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Pese al revés de la sentencia en el caso de Ríos Montt, —reflexiona Garzón— al regresar el proceso a una fase previa que se llevará a cabo en enero de 2015, la brecha ha sido abierta. Es inevitable recordar la sombra de Pinochet, su regreso a Chile con una imagen de invulnerabilidad ya desgastada. Vuelve a la memoria la última orden del exjefe de Estado, Ríos Montt, pidiendo orden en la sala de donde sería declarado culpable de genocidio y de donde saldría condenado a 80 años de prisión. Cuesta pensar que las 48 horas de detención en cuartel de Matamoros no representen un momento central en la historia reciente de Guatemala.

El juicio por genocidio en contra de Ríos Montt resonó en el mundo. Declarar culpable de genocidio al exjefe de Estado le valió a la jueza Yassmín Barrios una avalancha de críticas, desprestigio, amenazas e intento de eliminación de su carrera, algo similar a lo que usted mismo y al juez italiano Giovanni Falcone les ocurrió en sus países. ¿Cómo se da este ciclo?

Se empieza por la crítica profesional, luego pasa a la descalificación personal, luego pasa a la guerra sucia en contra de la persona que lleva a cabo el proceso, después viene la amenaza y de último la eliminación. En qué parte del camino te quedes es la duda, la eliminación puede ser física o jurídica, hay varios ejemplos históricos, como el caso de los jueces italianos Giovanni Falcone, Paolo Borsellino o Antonio Caponnetto, que lucharon contra la mafia, o en este caso a la jueza Yassmín Barrios que pasó por un proceso de suspensión. Ha habido otros jueces de instrucción que han tenido que tomar medidas para superar esa presión que puede venir desde el ámbito mediático, político, o incluso familiar.

En Guatemala los ataques van más allá de los jueces. En los últimos años han aumentado las agresiones a defensores de derechos humanos. El gobierno ha sido criticado por la persecución penal contra estas agrupaciones...

Ayer mencioné esto en el cierre del Foro Esquipulas en el que participé. Hablé de la necesidad de la protección de los defensores de derechos humanos, de la gravedad de los crímenes contra ellos y del error tremendo que un Gobierno comete cuando considera que son enemigos, porque sin ellos no se puede construir un país.

El papel del juez

Una norma interpretada por una persona que no quiera complicarse la vida puede ser legal, pero desde mi punto de vista no es justa y, sobre todo, estará alejada de las necesidades que la sociedad demanda del mundo del Derecho.
Baltasar Garzón, “La fuerza de la razón”

 ¿Qué debe hacer un juez para evitar ese ciclo de ataques y desprestigio cuando aborda crímenes de Estado? ¿Tiene que recurrir al poder político para que lo respalde?

No. Yo jamás he tenido que recurrir al poder político. El juez tiene que asumir cuál es su función en la sociedad, no tiene por qué ser un héroe, pero tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Tiene que estar muy firme en sus planteamientos y saber que en un momento determinado eso le puede significar la pérdida de la vida o de la carrera. En este momento me preguntan algunas veces: “¿Es que usted no se arrepiente de lo que hizo?”. Y yo respondo: “en efecto, no me arrepiento porque estaba bien hecho”. No es soberbia; es que las pruebas me están demostrando que era así, y los hechos posteriores también. Inicio el juicio contra el franquismo cuando hay cinco organismos internacionales que me están dando la razón, entonces sólo me queda decir que probablemente el que no tiene razón es el juez que me suspendió.

¿Qué puede esperar un juez en ese caso?

Lo importante del juez es que tiene que estar dispuesto a que eso suceda (recibir presiones), ese es el punto de inflexión para que no te controlen o dominen, y a veces juegan con el miedo, y el juez en el momento que tiene miedo ya está prevaricando, sus resoluciones van a ser parciales a partir de allí, ya está en manos de otros. Puede ocurrir que te maten, puede ocurrir que te jodan la vida, pero si consigues que no lo hagan ya te respetan.

En su libro “La Fuerza de la razón”, usted señala que “…la representación de la justicia con los ojos vendados siempre me ha parecido errónea. El juez tiene que tener los ojos muy abiertos; la justicia y los jueces tienen que estar contaminados de sociedad, tienen que conocer la sociedad en la que viven, tienen que vivir sus problemas…”. ¿Cree que se haya falseado esa imagen del juez fuera de la sociedad?

Siempre me ha llamado la atención esa imagen y cuando digo esa frase es porque esa imagen es falsa. La venda de la justicia realmente siempre ha bajado un poquito para ver a los que tienen el poder y demandan. La justicia tiene que tener los ojos muy abiertos. ¿Dónde están los problemas? Pues allí tienes que estar. ¿Dónde están las víctimas? Allí tienes que estar. Recuerdo que decían antes “es que no te puedes contaminar”. ¡Qué carajo! ¡¿Cómo que no te puedes contaminar?! Si no sabes ni de lo que estás hablando, ¿cómo puedes ser justo? Durante muchos años los jueces no han vivido fuera de la sociedad, sino bajo el amparo de los que dominan la sociedad. ¡Eso es malo! ¡Están con las élites, cuando no tienes que estar con ellas! Puedes tener una relación, pero no puedes depender de ellos. Un ciudadano normal te va a ir con una petición de justicia, cuando lo que tendrían que hacer es exigir justicia. Aquellos otros sí te van a exigir, pero no justicia, sino protección, y eso los jueces tienen que tenerlo muy claro. ¿Qué ocurre? Pues que son más funcionarios que jueces, y lo digo con contundencia y la experiencia de que estoy fuera y me tengo que ganar la vida fuera de la justicia de momento.

En algún momento España fue referente en los casos de justicia transicional y universal...

...Ahora no, ahora estamos en el furgón de cola.

¿Cómo evalúa este retroceso?

Para mí es uno de los ataques más graves que se han producido contra las víctimas y contra la sociedad en general, no sólo la española sino universal. Y además sin razón: el Gobierno atendiendo a intereses totalmente espurios y ante las exigencias de países como China y Estados Unidos ha cedido y cambiado la ley de jurisdicción universal, dejando un vacío peligrosísimo en favor de la impunidad y en contra de las víctimas.

¿Cuáles han sido las razones de este retroceso general de la jurisdicción universal para juzgar los casos de violaciones masivas de Derechos Humanos?

Por razones políticas, económicas y diplomáticas; los tres enemigos principales de la justicia universal. Esa es la pura verdad y de las víctimas. Ahora, el combate no ha terminado todavía.