Los creadores y defensores de la GpRD, por supuesto, muestran casos y ejemplos del éxito del mismo, especialmente en temas específicos como la salud y la educación. Sin embargo, fuera de estos ejemplos particulares, ejecutar los principios del modelo en temas más complejos como la prevención del delito o el combate a la corrupción, por supuesto, exhibe siempre mucho menos avance y posibilidad de aplicación.
Un problema de fondo es que superar la lógica de compartimientos estancos (lo sectorial y lo territorial) es un desafío muy complejo, especialmente en temas que son transversales y que demandan una nueva forma de coordinar la acción de las instituciones públicas, tal como demuestra la experiencia para el caso de Guatemala.
Por supuesto, se impulsan procesos parciales, “ad hoc”, para intentar implementar el modelo. La “solución” a la peruana, por ejemplo, fue implementarlo vía el Presupuesto por resultados, que no es más que uno de los componentes de la GpRD; esta solución es la que predomina para el caso de Guatemala.
De entrada, siempre he sido muy escéptico sobre soluciones parciales que frecuentemente solo producen paliativos temporales y de corto alcance, tal como parece ocurrir con la implementación del modelo de la GpRD en Guatemala, aunque claro está, todavía es muy pronto para evaluar su aplicabilidad en la práctica.
Teóricamente hablando, la dificultad del modelo es qué se entiende por “resultado”. La lógica burocrática llamaba tradicionalmente “resultado” casi a cualquier cosa: por eso, los informes de labores están llenos de resultados imaginarios que lamentablemente, nadie nunca pudo comprobar.
La GpRD, por supuesto, es un modelo orientado a las necesidades ciudadanas, por lo que es el ciudadano y sus necesidades las que importan, en última instancia. Eso implica, entonces, una orientación similar a la del “cliente” de la iniciativa privada, algo que parece ser una ilusión en los esquemas excesivamente jerárquicos y burocratizados de la administración pública, que parecen ser cada vez más sordos y ciegos a los anhelos de la ciudadanía: quién ha realizado trámites en cualquier dependencia pública da fe de este hecho.
En síntesis, la GpRD es un gran avance teórico, pero que tiene en la práctica demasiados desafíos que parecen ser insuperables; quizá por ello, no sería nada raro que en los próximos años se sustituya por otra “moda teórica” que quizá nos haga hablar en serio de la Reforma y modernización del Estado, aquella que estaría destinada a ser implementada realmente y no a alimentar la enorme literatura al respecto que quizá en unos 100 años, será catalogada como “ciencia ficción”: muy entretenida, pero inviable intrínsecamente en los supuestos desde los que se parte.
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