La gestión para resultados, sin embargo, también sintetizaba décadas de discusión sobre el papel de la institucionalidad pública en el Desarrollo, y sobre las características institucionales que los Estados debían tener para ser capaces de alcanzar sus objetivos (la eficacia), aprovechando adecuadamente los recursos con que cuentan (el tema de la eficiencia).
La opinión mayoritaria de quienes se dedican al tema del desarrollo es que tal como se concibió el Estado, es muy difícil alcanzar objetivos (eficacia) con el menor costo posible (eficiencia), especialmente porque las necesidades se multiplican y los recursos tienden a ser escasos: El Estado tradicional fue concebido bajo la lógica de “compartimientos estancos” –la lógica sectorial y territorial–, mientras que la realidad es compleja, global e integral.
El consenso teórico, por tanto, apunta desde hace mucho tiempo a la necesidad de reformar (el proceso político) y modernizar (el proceso técnico) la institucionalidad del Estado; sin embargo, la receta específica de cómo debemos realizar tal reforma y modernización es hasta la fecha, incierta e inexacta, especialmente ante la gran variedad de problemas y complejidades que enfrenta la institucionalidad del Estado a lo largo de los diversos países del mundo. Cada sociedad ha experimentado una serie de paliativos de corto y mediano plazo para superar los grandes problemas de concepción del surgimiento de los Estados.
La GpRD, por tanto, es uno de los últimos modelos teóricos que pretenden transitar de un esquema estatocéntrico, jerárquicamente estructurado y extremadamente burocratizado, a uno ágil, orientado al trabajo de equipo y a las necesidades de los ciudadanos, que obliga a un cambio de 180 grados sobre la forma de hacer las cosas en la administración pública.
En el papel, todo el esquema parece interesante. La realidad, sin embargo, demuestra que pasar de la lógica jerárquica, burocrática e insular bajo la que se estructura el Estado, es completamente contraria a la visión de la GpRD: el desafío al que se enfrenta la GpRD es monumental, y para el caso de Guatemala es todavía más enorme, debido a que la GpRD demanda cambios en las condiciones estructurales que tarde o temprano, se estrellarán ante un Organismo Legislativo completamente secuestrado por los partidos políticos.
Ante tal panorama, la pregunta de fondo sería: ¿Es sostenible implementar un modelo que sólo descansa en procedimientos técnicos (la modernización del Estado), pero no se institucionaliza vía los compromisos legales y políticos (la reforma del Estado)?
La respuesta parece obvia.
(Continuará)
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