Desde sus orígenes en la CICIACS (Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad -CIACS-), la CICIG ha tenido un eje transversal vinculado a los Derechos Humanos. Es un tratado en esa dirección y tiene como propósito el desmantelamiento de estructuras que actúan violentamente contra los mismos.
En su mandato, la CICIG tiene, entre muchas otras funciones, la de investigar, identificar y procesar -en coordinación con el Ministerio Público- a las estructuras que desde la ilegalidad o clandestinidad- actúan como lo hicieron los escuadrones de la muerte durante la estrategia contrainsurgente del Estado en el marco del conflicto armado. Surge como propuesta de organizaciones de derechos humanos cuya investigación documentó, fehacientemente, la existencia y el accionar de estos CIACS como entes cuya labor atenta contra el Estado de derecho.
De allí que el proceso judicial impulsado en contra de la estructura de seguridad el gobierno de Oscar Berger, tenga como protagonista a la CICIG. La Comisión recopiló evidencia, información y análisis que llevaron a la conclusión de la responsabilidad del ex ministro de Gobernación, Carlos Vielman, el ex director de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Sperissen, el ex jefe de operaciones Javier Figueroa así como del ex director del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei, en ejecuciones extrajudiciales durante un operativo en la cárcel de Pavón, en 2006.
El proceso nacional no avanzó debido al entramado de las redes de impunidad por lo que, prófugos en Europa, Vielman, Sperissen y Figueroa enfrentan juicios en España, Suiza y Austria, respectivamente. Tanto el MP como la CICIG renunciaron al seguimiento de los casos en el país en vista de que el único funcionario de alto rango procesado localmente, Alejandro Giammattei fue excluido de culpa a pesar de la evidencia en su contra.
Cuando el nuevo titular de la CICIG llega a Guatemala, el caso cobra vida por el avance en Austria y por las declaraciones del ex presidente Berger, jefe de los funcionarios que sindicados. Berger en sus declaraciones asegura que no participó en reuniones de planificación porque en las fechas en las que se indica que se dieron las mismas se encontraba en Nueva York, de tal suerte que en todo caso la responsabilidad podría caber en su vicepresidente en tanto presidente en funciones, Eduardo Stein. Lo que no puede ocultar Berger es que estuvo presente durante el operativo en cuestión, aun cuando como dijo no hubiera estado en Guatemala cuando se planificó.
El punto es que, tanto los sindicados en Europa como el ex presidente y vicepresidente, forman parte del entramado económico y social vinculado a las estructuras de poder tradicional, amas y señoras del sistema de justicia. Esto explicaría el rol de Stein en la salida anticipada del antecesor de Velásquez, Francisco D'Allanesse, ante la posibilidad de que la evidencia finalmente le alcance en este proceso.
En el marco del recambio, el actual presidente de la República, Otto Pérez Molina se atrevió a indicar en los medios que la CICIG estaba en fase de salida y que el titular que llegaría no podría iniciar nuevas investigaciones. Como si el mandato de la entidad hubiera sido modificado o como si el gobernante tuviese el poder de definir las líneas de acción de la CICIG.
Velásquez entonces ha de enfrentarse no sólo a las estructuras de impunidad que dieron razón de ser a la entidad, sino a las redes de poder e influencia tradicional de las élites y de paso, al propio gobierno afanado en cerrarla a como dé lugar. Tamaño desafío para Velásquez, a quien el movimiento de derechos humanos y la sociedad guatemalteca están llamados a respaldarle, a fin de que cumpla con su misión.
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