Lo que sigue

La primera solicitud, es decir, la renuncia de Roxana Baldetti como vicepresidenta de la República, fue respaldada por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia, que dio luz verde al proceso para retirarle la inmunidad correspondiente al cargo, y luego por el Organismo Legislativo, que continuó con el trámite del antejuicio al formar una comisión pesquisidora. Sin embargo, ante la presión en las calles y la posterior solicitud del sector empresarial organizado, activándose el puro instinto de supervivencia, el Ejecutivo decidió entregar la cabeza de la vicepresidenta. Nuevamente, aunque sea por pura formalidad jurídica, el Congreso se vio obligado a reaccionar y unánimemente aceptó la renuncia de Baldetti.

Las expresiones de júbilo no se han hecho esperar, pues ciertamente es un gran triunfo ciudadano. Pitos, sartenes, piñatas, pancartas y gritos de indignación lograron sacar del poder a una persona que decidió descaradamente abusar de este para su beneficio personal y que estableció una estructura dentro del Estado para facilitar el saqueo de los recursos que deberían ser destinados a educación, salud, infraestructura y seguridad de todos los guatemaltecos, pero especialmente de los excluidos por el mercado. Sin embargo, no podemos darnos por satisfechos. Este logro debe entenderse como el inicio de un largo y profundo proceso de depuración del Estado y del sector privado que lo corrompe para su beneficio y a costa de todos los contribuyentes y de los más pobres.

Por lo tanto, debemos actualizar las consignas y aumentar la presión de cara a lo que sigue:

1. Roxana Baldetti debe someterse a una investigación por parte del MP, con apoyo de la Cicig. Y si hay suficiente evidencia, deberá ser acusada formalmente ante los tribunales de justicia para que luego, de hallarse culpable, sea castigada con todo el rigor de la ley y sus propiedades mal habidas le sean confiscadas en beneficio del Estado.
2. El presidente de la República debe presentar esta semana una terna de candidatos al Congreso para que este seleccione al nuevo vicepresidente. Ante el evidente fracaso del presidente para elegir a su compañera de fórmula hace cuatro años, nos toca a los ciudadanos sugerir esos nombres. Deben ser personas honorables, dispuestas a sacrificarse nueve meses para garantizar, desde dentro del Gobierno, la transparencia que requerimos todos para continuar con el proceso de limpieza institucional.
3. Ningún diputado, ministro, embajador, juez, fiscal o cualquier otro servidor público, incluido el presidente de la República, que haya cometido delito alguno, no solo actos de corrupción, debe sentirse a salvo. Los ciudadanos debemos recuperar el Estado y expulsar a las mafias que lo han capturado para su propio beneficio. El primer paso es terminar con la impunidad. Mostrar nuestro apoyo y agradecimiento a fiscales, jueces y policías honestos, valientes y comprometidos es esencial para ello.
4. El contexto electoral está a nuestro favor, aunque los incentivos no estén perfectamente alineados. Debemos pedir a la legislatura que termina que apruebe, en estos meses que le quedan de vida, una reforma profunda a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que minimice los problemas que los expertos han detectado, especialmente el financiamiento de campañas electorales. Concentrarnos en esto será crucial para lo que viene en el mediano plazo, es decir, reformas en otras áreas del quehacer político y administrativo del Estado.
5. Lo mejor que pueden hacer los políticos para salvar su pellejo es atarse las manos. Está clarísimo que uno de los peores defectos de nuestro sistema es el control de las frecuencias del espectro radioeléctrico que el Estado cedió en usufructo al sector privado. La propiedad sigue siendo del Estado, pero los privados son quienes se enriquecen vendiendo a precio de oro el tiempo de aire durante las campañas electorales o negociando privilegios futuros, como la misma ampliación del usufructo sin costo alguno que aprobó la presente legislatura. Esto debe declararse lesivo a los intereses del Estado. Deben subastarse de nuevo todas las frecuencias. Y en los nuevos contratos debe especificarse el uso gratuito del tiempo para que los políticos expongan sus ideas y propuestas en igualdad de condiciones durante períodos electorales.
6. Con las reglas imperfectas que tenemos vigentes debemos exigir absoluta transparencia en cuanto a sus finanzas a cualquier partido político que se atreva a pedir nuestro voto. Cada uno de estos debe explicar tanto ingresos como gastos de campaña. El Tribunal Supremo Electoral debe asumir la coordinación del trabajo de la Contraloría de Cuentas y de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos para rastrear todos los flujos de dinero político, establecer así su nivel de toxicidad y generar las alertas respectivas que nos ayuden a los electores a tomar decisiones informadas. Aquel político que no se desnude debería ser marginado por todo ciudadano, abucheado por intentar engañarnos. El escarnio social debe funcionar a favor de los decentes.
7. Finalmente, el sistema político no puede funcionar sin políticos. Si los ciudadanos que hacemos política en las calles no nos atrevemos a embarrarnos en el Congreso, en las municipalidades y en el Ejecutivo, entonces debemos ser capaces de identificar a políticos que sean rescatables. Debemos hacer listas de los más de 20 000 candidatos a puestos de elección popular y señalar a los buenos para orientar el voto y el modesto financiamiento que les podamos dar. Hay que separar el trigo de la paja. De lo contrario, podemos debilitar más nuestra institucionalidad y dar paso a los outsiders con ínfulas mesiánicas, que pueden terminar por destruirla, como ocurrió con la Venezuela de Chávez.