Una noche en un bar, hace casi diez años, cierto alero y yo agotábamos el último trago quejándonos inútilmente de la fauna política local. Echando mano de esa asombrosa lucidez etílica que exhibe a veces la gente pasada de copas, mi colega soltó a modo de remate un enunciado cuya mesurada escrupulosidad e incuestionable vigencia justifican que retome ahora el episodio, con el deseo de trascender la obviedad de los tópicos trillados:

“No tenemos el gobierno que nos merecemos”, dijo, como liberando por fin una frase que ha permanecido largo rato incubándose. “Tenemos el gobierno que somos”.

Puestos ahora a hacer recapitulación de estos últimos cuatro años de desbarajuste cabe preguntarse qué tanto su esencia (para no recalar únicamente en los resultados concretos) debería interpelarnos como sociedad. ¿No somos acaso, cada uno de nosotros, parte de un conglomerado tan heterogéneo, tan ambiguo, tan negligente, tan contradictorio, tan dividido, tan frustrante, tan frustrado y tan fallido como el desempeño de los representantes en quienes elegimos (sea por acción, sea por omisión) delegar los designios de esta achacosa nave llamada Guatemala?

Veamos.

El catorce a las catorce

En su discurso de investidura, Álvaro Colom anunciaba una etapa de transformaciones que hacía suspirar de chochera a algunos nostálgicos de la truncada primavera democrática, mientras que otros, a su vez, fruncían el ceño augurando más de lo mismo o, de plano, interpretando la transición como presagio lamentable de un regreso a tiempos que creían sellados ‘a sangre y plomo’.

A contrapelo de la gravedad que la ocasión exigía, ofreció una arenga improvisada, detalle que no pocos criticaron negativamente. Un mal signo, decían, ya que la pieza debió concitar el trabajo cuidadoso de los mejores cerebros de su equipo, máxime cuando la pretensión era forjar un hito histórico.

“Le toca a Guatemala, por primera vez en cincuenta años, un cambio hacia un gobierno socialdemócrata”, expresaba, con el timbre de voz que le había granjeado ya, y le seguiría granjeando, motes de burla y comentarios de desprecio. Ese cambio, dijo, empezaría con una definitiva prioridad: el que menos tiene. “Hoy empieza el privilegio de los pobres, empieza el privilegio de los sin oportunidad”.

Aseguró estar convencido de que dándole al menesteroso tendríamos más todos, sostuvo que la política social sería el principal instrumento para la armonía del país y anunciaba lo que poco después pasaría a convertirse en el logro más visible y más cuestionado de su administración a cargo del Organismo Ejecutivo: los programas de solidaridad, bajo la dirección del Consejo de Cohesión Social.

“Vamos a trabajar con el pequeño productor tanto en el área rural como en el área urbana”, prometió, ofreciendo también “darle impulso total” al parque del Mirador, en el norte de Petén. “Será un parque gigantesco que, además, nos va a preservar la selva tropical que estamos perdiendo por falta de desarrollo”.

Manifestó asimismo sus intenciones de lograr una política fiscal estable y responsable. Algo “serio, de largo plazo”, que permitiera a los sectores privados “sentirse seguros”, para lo cual “nos tenemos que poner de acuerdo”. Habló de impulsar una Ley de la Dignidad Humana, “donde haremos certeros los castigos para todo aquel que toque a un anciano, o toque a un niño o toque a un discapacitado”, y anunció su propuesta de crear un Ministerio de la Familia “porque queremos rescatar los verdaderos valores y principios de nuestra sociedad”. La familia, dijo, “necesita de ese rescate de principios y valores. Sandra y yo estamos dispuestos a dar el ejemplo”.

Ratificó su compromiso con un plan de los cien días (“vamos a luchar y vamos a cumplirlo”), con un programa de 200 mil viviendas populares (“estamos seguros, lo vamos a ejecutar”), con el medio ambiente (“queremos ser responsables para que Guatemala haga lo que le corresponde en detener este cambio climático”), con los pueblos indígenas (“queremos una armonía de pueblos, queremos respeto a las distintas cosmovisiones, respeto entre las distintas culturas”) y con el cumplimiento “inquebrantable” de los Acuerdos de Paz y los derechos humanos, a fin de darle “vuelta a esta página sangrienta en Guatemala”.

Pidió, poco antes de concluir, ocho meses de plazo “para tener una seguridad estable”, y previo a cerrar su alocución sacó a relucir esa sensibilidad indigenista a la que ya había recurrido durante la campaña: “Nuestra socialdemocracia guatemalteca es una socialdemocracia con rostro maya”.

El banquete estaba servido: exhortaciones inspiradoras, promesas arrojadas al calor de la euforia, llamados edificantes a la concertación, a la solidaridad y a la concordia. Un globo tan inflado de buenas intenciones que no costaba mucho anticipar su inminente y bullicioso estallido. ¿Nos estaba mintiendo o se trataba más bien de un autoengaño? ¿Qué le pasa a los políticos? ¿Por qué encuentran tanta dificultad en pasar de las palabras a los hechos?

“Dicen que se hace campaña con poesía, pero se gobierna con prosa”, comenta Edgar Gutiérrez, economista, politólogo y ex Canciller. Pero el fárrago prosaico que caracterizó a la administración saliente es reflejo –como se sugería al principio– de eso que los guatemaltecos, en esencia, somos. Y si bien lo que en esencia nos caracteriza es una formidable (aunque conflictiva) diversidad, esta diversidad se ve remitida a una sola circunscripción territorial heredada de la Colonia, y sobre todo se ve congregada en torno a una historia común que es preciso conocer para intentar hallar, en ella, por un lado los precarios hilos que sostienen a nuestra sociedad y por otro lado los profundos vacíos que inhiben su desarrollo.

Un barco a la deriva

En su prólogo al libro Rendición de cuentas, del exministro Juan Alberto Fuentes Knight, el sociólogo Edelberto Torres Rivas observa que nada se asemeja tanto al Estado guatemalteco como un barco a la deriva, y nos recuerda que durante un siglo operó aquí un mal llamado Estado ‘liberal’ apoyado en los mandamientos coloniales, basado en el poder de los cafetaleros y del enclave bananero y “militarizado por todos lados, sujeto a las órdenes de Estados Unidos”.

De un Estado liberal pasamos, pues, a un Estado militar y luego a un Estado residual, raquítico, debilitado a fuerza de influencias foráneas (desde el golpe de 1954, fomentado decisivamente por la CIA, Guatemala no dejó nunca de seguir una línea obediente con la potencia del Norte, afín a su agenda geopolítica), disminuido a fuerza de infiltraciones mafiosas que operan en su seno con holgada impunidad desde antes de la refundación democrática de 1985, y desmantelado a fuerza de privatizaciones, emprendidas sobre todo en el período que va de 1996 al 2000, durante la administración de Arzú.

A lo anterior súmese el riguroso e inapelable poder de veto que ejerce el sector privado organizado en defensa de sus intereses económicos (según el BID, no hay país de América Latina cuyo sector empresarial influya en la formulación de políticas tanto como en Guatemala), la escalada criminal en el contexto de un clima social ya de por sí altamente violento y conflictivo (entre 1998 y 2008 los asesinatos pasaron de dos mil a seis mil anuales) y un sistema electoral y de partidos políticos volátil, disfuncional en su mandato de servir como vehículo para asegurar la representatividad.

Nos recuerda Torres Rivas que, además, Colom ingresa como jefe de gobierno arrastrando dos circunstancias que debilitaban su margen de maniobra: una baja legitimidad como resultado de elecciones extremadamente competidas (en la primera vuelta ganó con escaso 3 por ciento de margen contra su oponente) y un partido político, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ya dividido antes del triunfo.

Tal era el escenario en el que debutaba la administración que hace unos días vimos salir por la puerta de atrás.

PRIMERA PARTE: la ilusión. El gobierno de la esperanza

Voluminoso y extremadamente detallista, el Plan de la Esperanza, elaborado año y medio atrás por los tecnócratas de la UNE, apostaba por transformar la sociedad guatemalteca con una visión de realizaciones que llegaba hasta el año 2032. Una madeja de objetivos generales, objetivos específicos, estrategias y acciones daba contenido a los cuatro programas en que se basaba el plan: solidaridad, gobernabilidad, productividad y regionalidad, que conllevaban otras tantas lealtades: humana, cívica, económica y vecinal, respectivamente. Volvía, además, a reclamar como suyos los principios socialdemócratas de libertad, igualdad, justicia social y solidaridad.

En concreto, Colom prometía crear 700 mil puestos de trabajo y 200 mil viviendas, elevar el crecimiento anual del PIB por encima del 6 por ciento frente al 5 por ciento de ese momento, convocar un pacto en materia fiscal (aunque estando en campaña ofreció no aumentar los impuestos durante su primer año de gobierno), implementar un plan de choque sanitario, lanzar otro plan urgente de atención a la desnutrición infantil y activar la previsión de los acuerdos de paz que permitiría comprar propiedades agrarias para distribuirlas entre el campesinado sin tierras.

Anunciaba, también, la sustitución de deuda pública interna por deuda pública externa, el traslado de fondos públicos colocados en los bancos del sistema al Banco de Guatemala, la centralización de la información y comunicación gubernativas a través de una sola secretaría (que sería coordinada por Ronaldo Robles), la convocatoria a un diálogo nacional sobre temas de interés para el nuevo gobierno, la discusión de un nuevo pacto fiscal capaz de garantizar el financiamiento de los programas sociales venideros, y la creación de nuevos ministerios (como el de Familia, según dijo en su discurso inaugural) y secretarías de la Presidencia, así como de una empresa estatal de petróleo.

Contaba con 42.5 mil millones de quetzales como presupuesto asignado para el período fiscal 2008 y tenía, como potestad inédita, la flexibilidad de hacer transferencias ilimitadas e irrestrictas entre los ministerios.

Su gabinete entrante incluía a tecnócratas sólidos como Juan Alberto Fuentes Knight en la cartera de Finanzas, funcionarios de prestigio como Ana de Molina (Educación) y Haroldo Rodas (cancillería), líneas de continuidad respecto de la administración anterior como Vinicio Gómez (quien pasaba de viceministro a ministro de Gobernación), parientes como su tío Luís Ferraté en Ambiente y Recursos Naturales, titulares afines a la élite económica como Carlos Meany en Energía y Minas, nombramientos dudosos como Jerónimo Lancerio (agroexportador indígena-ladinizado) en Cultura y Deportes, figuras anodinas como Eusebio Del Cid en Salud Pública y Asistencia Social, y aparentes muestras de pago de favores de campaña como la designación de Luís Alejos (primo de los hermanos Roberto y Gustavo Alejos, el primero presidente del Congreso durante tres períodos consecutivos, y el segundo, Secretario Privado de la Presidencia y principal financista conocido de la UNE) a cargo de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda.

Como desafíos, el nuevo gobierno tenía en puerta la presión de enfrentar el encarecimiento internacional del petróleo y su impacto en el precio de los alimentos, los elevados e insostenibles niveles de violencia y conflictividad, el desabastecimiento hospitalario, el hambre y la desnutrición en el interior del país y la falta de confianza en las instituciones. Algunos de estos problemas se agudizarían con el tiempo, sumándose a otras varias y graves crisis que vendrían después.

Dos banderas ondearían, desde entonces, en los actos oficiales junto al pabellón de Guatemala: una vieja, la de las Provincias Unidas del Centro de América (1823), que Colom quiso rescatar del pasado regional común en señal de integración de los países que conforman el istmo; y otra nueva, la de los Pueblos (2007), cuyos cuatro colores hacían referencia a mayas, garífunas, xincas y ladinos. La Granadera, marcha militar de larga tradición en actos públicos de todo tipo, era asimismo sustituida por el son tradicional El Rey Quiché como acompañamiento al ingreso del Presidente en sus apariciones oficiales.

El proyecto mimado del gobierno

La Primera Dama, figura usualmente relegada al cumplimiento de funciones decorativas en su calidad de esposa del Presidente y a quien, a lo sumo, se le delegan obras de beneficencia de limitado alcance (aunque útiles en cuanto operativos de relaciones públicas), adquirió desde un principio una importancia toral en el gobierno de Álvaro Colom. La designación de Sandra Torres a cargo del Consejo de Cohesión Social, recuerda Fuentes Knight, fue anunciada desde la primera sesión de gabinete, en enero del 2008.

El programa más notable de Cohesión Social, Mi Familia Progresa (cuya fórmula había sido implementada con resultados sobresalientes en dieciocho países de la región, entre ellos México y Brasil), consistía en condicionar la entrega de trescientos quetzales a familias pobres a cambio de que las madres e hijos asistieran a centros de salud y a que los hijos atendieran la escuela, y fue determinante para contrarrestar la difícil situación derivada del marcado encarecimiento de la canasta básica como resultado del alza de los precios del petróleo ocurrido a principios del 2008.

Ya para agosto de ese año había más de 180 mil personas extremadamente pobres que se beneficiaban del programa, niño mimado del gobierno y de su pretendida vocación socialdemócrata, en contraste con 128 mil atendidos a través del Programa Mundial de Alimentos, aparte de otros programas entonces a cargo del ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) que se ampliaron gradualmente, como la refacción escolar.

Cohesión Social llegó a ser más importante que el propio gabinete, convirtiéndose en un foro de toma de decisiones tan fuerte que incluía no sólo a ministros sino también a secretarios y a directores de entidades que manejaban recursos, como FONAPAZ y el FOGUAVI. Según cifras oficiales, con una inversión equivalente a apenas 0.34 por ciento del PIB del país, Mi Familia Progresa acabó por cubrir 307 municipios (92 por ciento de un total de 333), con 887 mil 912 familias inscritas, brindando cobertura a 2.4 millones de niños menores de quince años –en comparación, sólo durante el 2011 los bancos del país percibieron, en concepto de intereses cobrados al Estado, más de Q130 millones de quetzales más de los que gastó Mi Familia Progresa en sus primeros tres años de funcionamiento.

El programa de transferencias, reconoce el economista Fernando Carrera, hoy titular de la SEGEPLAN, era necesario para Guatemala, y era importante que se desarrollara a esa escala. Su antecesora en el cargo, Karin Slowing, opina que si bien el brazo social del Ejecutivo creció demasiado en relación con el resto del cuerpo, como una especie de miembro hipertofiado del mismo, no menos cierto es también que el haber introducido las políticas de protección social en la agenda pública y en la conciencia ciudadana fue un legado importante del gobierno de Colom. “Vino para quedarse, por lo menos, durante los próximos dos o tres gobiernos”, pronostica.

“Son tan potentes los programas, y tienen tanto respaldo a nivel de organismos internacionales, que al Partido Patriota no le quedó otra que absorberlos”, coincide Enrique Godoy, economista, exdirector ejecutivo de FONAPAZ y excandidato a la alcaldía.

La política social impactó particularmente a las mujeres indígenas, sobre todo en las poblaciones más remotas de las regiones norte, noroccidente y occidente. Incrementó significativamente la cobertura educativa y aumentó la demanda por servicios de salud materno-infantil, según cifras oficiales. Los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestran que pese a haberse registrado un aumento en la pobreza (porque disminuyeron las remesas como resultado de la crisis financiera, y por lo mismo diminuyó también la inversión privada), no se reporta aumento de la pobreza extrema, a pesar de los severos aguaceros y sequías.

La violencia se combate con inteligencia

El área de seguridad y justicia registra, también, avances objetivos y concretos durante estos cuatro años. Objetivos y concretos, sí, pero a duras penas notables y en todo caso insuficientes, y aquí cabe hacer notar un correlato inversamente proporcional entre la percepción ciudadana (severamente influida por el discurso que los medios masivos de comunicación, en archiconocida complicidad con los intereses de la elite económica, lograron convertir en opinión pública dominante) acerca de los logros en gobernabilidad versus los logros en protección social: mientras con los primeros la impresión es que debió haberse hecho más, con los segundos el consenso apunta a que se hizo más de lo debido.

No es difícil rastrear el origen urbanocéntrico, capitalino, conservador, reaccionario y profundamente clasista de semejante discurso: a los pobres no hay que regalarles el pescado, dicen (aun cuando el costo total de ese pescado apenas rebase un tercio de punto del PIB nacional, y aun cuando su impacto efectivo se traduzca en trescientos miserables quetzales al mes por familia, el equivalente a lo que una pareja estándar se gasta con los hijos en una tarde de cine y poporopos), sino enseñarles a pescar (aunque en el ínterin, mientras van aprendiendo a hacerlo, decenas de miles de niños desnutridos y enfermos sigan muriendo como moscas). ¿Por qué? Porque los pobres son invisibles y, por lo tanto, es como si no existieran. Y los que están a la vista se aprecian flemáticamente como un detalle más de colorido folclor en el paisaje.

Pero, en cambio, ningún esfuerzo es suficiente en materia de seguridad y justicia. ¿Por qué? Porque los asaltos a buses, el robo de celulares, el bandolerismo común, la muerte de pilotos, los secuestros, las extorsiones, los homicidios, los cuerpos descuartizados se concentran aquí, en los centros urbanos, sobre todo en la región metropolitana, y de manera muy acentuada en la ciudad capital, realidad que según el sociólogo Gustavo Berganza contribuye de manera decisiva a mantener en el imaginario de la población “la certeza de que en vez de mejorar, la seguridad ciudadana se ha deteriorado aún más”.

Otros factores de índole bastante menos subjetiva influyen, por supuesto, en que el combate a la delincuencia se aprecie como insuficiente: por un lado, los esfuerzos se han concentrado sobre todo en casos (Rosenberg, Fariñas-Cabral, Siekavizza) y fenómenos (narcotráfico) de alto impacto, dejando al ciudadano de a pie en condiciones de indefensión muy similares a las de hace cinco años. Más allá de las cifras duras que acusan una marcada disminución en el índice de homicidios en los primeros meses de 2008 y en todo 2011 (acompañadas de una subida en 2009 y 2010), y de un pronunciado incremento en la incautación de bienes a la mafia, no hay disponibilidad de mediciones sobre victimización, aunque todo parece indicar que las variaciones son insignificantes.

Por otro lado, buena parte de los avances emprendidos se circunscriben apenas a las invisibles pero necesarias fases preventiva y de investigación. Mejoró considerablemente la capacidad de inteligencia de la Policía, que junto al Ministerio Público y la CICIG lograron resolver decenas de casos de asesinatos. La desarticulación de las redes de violencia, destaca Carrera, se hizo empleando sistemas de información, no de represión, “y ahí está la inteligencia, que consiste en aplicar la criminología como ciencia, respetando los límites de la democracia porque se combate el crimen sin violar los derechos humanos”.

De parte de Gobernación, el mérito le corresponde en buena medida a Carlos Menocal, último de los cinco ministros nombrados para el cargo desde enero del 2008. Prolijo a la hora de enumerar sus logros, firme en sus argumentos, decididamente leal a la agenda que le dictaba el Presidente, Menocal habla de cómo se empezó a armonizar el sistema de inteligencia, que tenía siete meses de haberse creado cuando entró Colom y su equipo. Menciona el incremento en un tercio al salario de los policías. Mil patrullas nuevas en cuatro años. 8 mil 760 policías más. Suficiente reserva de municiones. Cuatrocientas muertes evitadas gracias a las escuchas telefónicas. Y las Escuelas Abiertas: “Más de 250 mil jóvenes que los fines de semana, en vez de estar en la calle tentados por el pillaje, están en hip-hop, en internet, en karate, en danza, en música, y a cada uno se le dan sus tiempos de comida”.

La tasa de homicidios logró frenarse, e incluso reducirse. En el 2007 se registraron 46 por cada cien mil habitantes, mientras que en el año pasado hubo 38, la cifra más baja desde el año 2004. “Llevamos casi catorce meses en los que ha habido menos muertes que en el mes anterior, y eso no sale en los medios”, subraya Godoy.

Catorce de los principales 19 narcotraficantes están hoy tras las rejas, como resultado de operativos sin precedentes en cuanto a precisión y efectividad, realizados en mancuerna con un Ministerio Público recientemente fortalecido y con el apoyo del Departamento Estadounidense Antidrogas.

Las incautaciones se incrementaron más de once veces, de 8.2 mil millones durante el gobierno de Óscar Berger a 93.4 mil millones de quetzales durante el de Colom; un crecimiento que elPeriódico le atribuye no tanto al esfuerzo del gobierno sino a “la decisiva y efectiva intervención de los EE.UU.”, o simplemente a que el trasiego y la actividad de los cárteles aumentaron también de manera exponencial en el país. “Se necesita ser un cínico para afirmar lo contrario”, dice su editorial del pasado 7 de enero.

Fernando Carrera, que de cínico tiene muy poco, es de los que afirman lo contrario. Explica que la cantidad de superficie cultivada y de droga producida en los últimos diez años se ha triplicado a nivel mundial según la DEA. “En el 2011 Guatemala incautó veinte veces más droga que en el 2006, por lo tanto, sí puede hablarse de un logro más allá de lo proporcional”, sostiene.

Gratuidad, pero no calidad

El analfabetismo disminuyó de un 22.4 por ciento en el 2007 a un 17 por ciento en el 2011 según cifras oficiales. Además, en cumplimiento a lo estipulado constitucionalmente, por primera vez en 25 años se instituyó la gratuidad en los servicios de educación y de salud. Se aumentó, asimismo, la cobertura en ambas áreas de manera significativa, no así la calidad de los servicios prestados ni la constancia en su abastecimiento.

Bajo la dirección de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, los medios públicos (TGW y la red de radios nacionales, junto con el Diario de Centroamérica) fueron remozados para romper el dominio de la difusión de los medios privados capitalinos, sobre todo los impresos y radiales. Lamentablemente, tanto la radio como el diario mostraron un grado sólo parcial de autonomía. A decir de Berganza, “había temas que debían ser consultados con Robles y Menocal y otros que venían ordenados por ellos”, no obstante lo cual llegaron a ser, por primera vez en mucho tiempo, una fuente alternativa de información confiable.

Por último, cabe mencionar la rehabilitación de algunas figuras del pasado nacional que, gracias al llamado grupo de los peludos (Orlando Blanco, Ronaldo Robles, Carlos Menocal, Fernando Barillas), fueron des-satanizadas o de plano rescatadas del olvido: Oliverio Castañeda, Jacobo Árbenz, Juan José Arévalo, Manuel Colom Argueta. Con iniciativas como la muestra Oh Revolución: múltiples visiones 1944-2010 el Estado revisa, de manera pública (no sin cierta conflictividad nacida de la oposición encarnada en la élite conservadora y la línea más intransigente del Ejército), una parte de la historia reciente que había permanecido silenciada y, por lo tanto, ignorada. Hubo reconocimiento oficial de los crímenes cometidos durante la guerra. Una perspectiva ideológica distinta de los mismos hechos fue puesta a disposición de la ciudadanía para enriquecimiento de sus insumos de análisis.

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De vuelta a los primeros meses de gobierno, muy pronto empiezan a darse algunas destituciones y renuncias que, sumadas al agravamiento de ciertas crisis (políticas, tanto como coyunturales) y a la exigencia de cumplimiento de las promesas de campaña, ocasionaron que la ciudadanía adoptara una postura distinta para con el Ejecutivo: del beneficio de la duda pasaban a un franco escepticismo crítico, rayando cada vez más en la desconfianza y la antipatía.

En realidad la luna de miel entre gobernantes y gobernados duró relativamente poco, y aquí cabe señalar como principal responsable no sólo a Colom mismo por levantar expectativas demasiado altas en la población sino también a un actor clave en su capacidad de influencia: los medios noticiosos de alcance masivo, en especial los radiales e impresos, orgánicamente alineados con el establishment del país, económicamente dependientes de él y opuestos en intereses a buena parte de las políticas que esta administración se proponía implementar…

(En los próximos días: SEGUNDA PARTE: la frustración. El gobierno de la ambigüedad).