Aunque recalcó, como lo hacen lo dos tomos de que consta el documento escrito, en actividades realizadas, no informó de otras acciones que también forman parte de su actuar y que tienen impacto profundo, no positivo, en la institucionalidad democrática. De allí que eludiera incluir en su análisis, el efecto que produce la aplicación arbitraria del Acuerdo Ministerial 1505, promulgado por el Ministerio de Educación (Mineduc).
Dicho documento, por el cual se tramita una acción de inconstitucionalidad, establece los motivos por los cuales alguien puede “perder el código de estudiante si participa en manifestaciones”. Elude el informe gubernativo, explicitar y rendir cuentas del por qué, una de las ministras favoritas del Presidente, signa una norma que restringe garantías y lesiona derechos fundamentales de cualquier persona, en particular de las y los estudiantes.
Recuérdese que en 2013 fue un año, como el 2012, marcado por las acciones estudiantiles en defensa del sistema de escuelas normales, clausurado de tajo por la actual administración. Dichas protestas, legítimas y masivas del estudiantado normalista y padres de familia, son las razones que llevan a Cinthya del Águila, titular del Mineduc, a impulsar una regulación restrictiva de corte fascista.
Porque sólo así puede interpretarse situaciones tales como que la participación en una marcha es causal para la pérdida del Código de Estudiante. Ya no digamos, el hecho de que acudir a reuniones, dentro del plantel, con el fin de participar en la formación de asociaciones estudiantiles, también redunda en pérdida del derecho a estudiar. Es decir, con su reglamento cuartelero, la Ministra y con ella el gobierno actual, cercenan los derechos de educación, libre expresión, reunión y manifestación, garantizados por la Constitución Política de la República, así como por los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por nuestro país.
Tampoco incluía el Informe, valoraciones autocríticas sobre el impacto que han tenido en la institucionalidad democrática, varias decisiones autoritarias del Ejecutivo. Tal es el caso de la intervención forzada en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), tomado por asalto −en un estilo ya patentado− como forma de controlar las decisiones en esa entidad. De igual forma que sucedió en la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem).
Huelga decir que en materia de seguridad, la deuda es gigantesca. No sólo porque la seguridad ciudadana continúa siendo la principal demanda incumplida, sino porque tampoco hay garantías plenas para el ejercicio de derechos, tales como el derecho a defender derechos humanos.
Es por ello que el reporte también carece de un análisis sobre el uso arbitrario del sistema judicial para perseguir a líderes comunitarios, así como la tolerancia −que deriva en complicidad−, de los ataques perpetrados y sostenidos, en contra de defensoras y defensores de Derechos Humanos.
Y aunque el incidente en contra de la vicemandataria monopolizó los espacios mediáticos y de redes sociales en detrimento de la cobertura al informe presentado, las falencias siguen allí, porque ni la harina o cal aventada, alcanzaba para encubrirlas.
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