Gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil han invitado a los candidatos a presentar sus planes y programas en todo tipo de materias, que han incluido la marcha de la economía, el empleo, la seguridad alimentaria, los derechos de los pueblos indígenas y, por supuesto, la seguridad ciudadana.
En algunos debates, especialmente al inicio del proceso electoral, se invitó a todos los candidatos y candidatas, resultando en complejos esquemas de respuestas de menos de tres minutos, lapso que apenas ayudó a repetir consignas. Más adelante se empezó a utilizar como filtro los resultados de la encuestas, para limitar a cinco el número de participantes en cada foro. Finalmente, los debates más recientes, como el de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), terminaron por reducir este límite a los tres primeros en la intención de votos de los electores.
Este ejercicio cívico por llevar a los políticos a explicar sus planes y programas frente a la ciudadanía implicó, sin duda alguna, horas de planificación por parte de sus organizadores, que debieron esforzarse en la elaboración de cuestionarios, la selección de moderadores idóneos, y la confirmación de la participación de los candidatos, tarea logística a veces bastante compleja, dada lo hermético de los círculos que los rodean.
Sin embargo, un examen general de todo lo visto deja esa sensación que el elemento ausente fue justamente el debate. Apenas se produjeron intercambios de descalificaciones que las portadas de los diarios no dejaron de destacar, y que en poco han alterado los discursos que difunde la publicidad electoral.
Esta es, tal vez, una consecuencia no deseada de evitar un clima de polarización y confrontación, que ha terminado perjudicado la posibilidad del intercambio de opiniones y de la discusión fundamentada, de las cuales debería formarse el criterio del elector.
El intercambio sobre los planes y programas, sobre las ideas y los cómo se ejecutarían, se han dejado de lado por el posicionamiento del candidato o candidata como una marca —con jingle incluido— cuyo objetivo final es dejar, al elector promedio, mensajes que son fáciles de recordar y que lo lleven a marcar en la papeleta la casilla adecuada.
Lo anterior fue particularmente notable en materia laboral. Si bien se organizaron diversos eventos en busca de obtener posiciones claras sobre derechos esenciales en el trabajo y su relación con la economía, poco se obtuvo en cuanto propuestas novedosas, que entre otras cosas ayuden al elector a entender claramente las propuestas para mejorar la productividad, impulsar la generación de empleo y desentrampar el diálogo social.
Es obvio decir que lo laboral no pesa tanto en las ofertas de campaña como la necesidad de darle respuestas urgentes a la situación de seguridad pública, y que esta materia ha absorbido la mayor cantidad de propuestas de los equipos que rodean a los candidatos. Sin embargo, lo que la oferta electoral trae en esta materia no representa novedades para esperar grandes transformaciones en el futuro que se inicia el próximo enero.
Por ejemplo, la casi totalidad de los partidos no han incluido entre sus “paquetes” de ofertas la coordinación de las acciones de los ministerios del Trabajo y Economía, y la reactivación del Plan Nacional de Competitividad. Casi nadie se ha referido a la solicitud de arbitraje de los Estados Unidos en el marco del DR Cafta, y tampoco se han escuchado voces sobre la situación de la Inspección General del Trabajo.
Sí ha estado presente la discusión sobre salario mínimo y salario por productividad. Existe casi un consenso, al menos en el plano de las ofertas electorales, sobre la importancia de mantener el modelo del salario mínimo y la necesidad de impulsarlo como una política estatal. Cabe destacar que quienes se pronunciaron por la productividad utilizaron argumentos lógicos, que mandan vincular la temática salarial con incrementar la productividad, fomentar la inversión extranjera y generar bienestar, al mismo tiempo que se debe buscar mejorar la protección social.
También deben ser destacadas las coincidencias entre los extremos. Para usar un ejemplo, el Frente Amplio, y el Partido Patriota no solo coinciden en ofrecer el respecto a la ley laboral como un eje central de sus acciones, sino que ambas agrupaciones concuerdan también en la defensa del salario mínimo, el enfoque en la promoción de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), impulsar la incorporación a la formalidad de la economía informal y haber seleccionado el turismo como una de los áreas para reactivar la economía.
Esta coincidencia de una agrupación de izquierda, que no lidera las encuestas, y de un partido que reconoce como liberal, y marcha a la cabeza de las preferencias electorales, no debería sorprender si entendemos que ambos grupos parecen haber recogido varios de los elementos del Concepto de Trabajo Decente, establecido por la OIT en 2002.
¿Las diferencias? Seguramente, radicaran en los cómo. Ese detalle al cual nuestros ejercicios de debate no llegaron, más allá de la epidermis de la consigna, la canción, las edecanes y la desgastante batalla de tribunales, que para algunos aspirantes aún no ha terminado.
Después del próximo 11 de septiembre tal vez estaremos en mejor posición de pedirles a los candidatos que pasen a la segunda vuelta que se empiecen a aclarar los cómo…
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