Lamentablemente, éste es el contexto actual de la iniciativa de ley 4644, Ley de promoción de inversiones y empleo. Una propuesta legislativa cuyo contenido, contrario a lo que sugiere su título ostentoso, no es otra cosa que más exenciones tributarias para privilegiar a un grupo de empresarios.
Tal como ya lo advirtió la SAT en su dictamen desfavorable, el primer riesgo de intentar de nuevo la obsoleta receta de atraer inversión bajando impuestos es perforar las finanzas públicas o, como es el caso, agrandar el agujero fiscal ya existente. Propuestas sin lógica o justificación económica como conceder exención del ISR sobre dividendos (porque, en todo caso, la idea o modelo teórico de estas medidas es estimular a las empresas como generadoras de empleos, no a los accionistas…), no son más que el capricho de unos por no pagar lo que otros sí cumplen.
Pero, como si terminar de arruinar las finanzas públicas no fuese suficiente, otro riesgo ha quedado muy claro: conceder estos privilegios es perjudicial para un grupo importante de empresarios. El rechazo de la Cámara de Comercio a la aprobación de esta ley evidenció que la preocupación por los daños y costos de insistir en la política de conceder privilegios fiscales no es una cuestión de “militantes tributarios”, sino de empresas en riesgo de quebrar, y al final, generar desempleo. Es tan grande el riesgo, que resulta notable que en el rechazo coincidan voces como las del Icefi, de una cámara empresarial e incluso las de algunos analistas de pensamiento libertario, todos en contra de privilegios injustificados e injustos.
Imaginemos que incluso los daños al fisco, la quiebra de comerciantes y la pérdida de empleos podrían tolerarse ante una medida pragmática, cruel y fría si se quiere, pero exitosa si pudiese resultar efectiva en atraer caudales de inversión y generar empleos formales de calidad que excedan las pérdidas que generará. Pero lamentablemente, nada asegura la efectividad de la iniciativa 4644, porque primero se requeriría la ejecución exitosa de un plan integral de desarrollo, lo que evidentemente no está sucediendo. Sin estas condiciones previas, esta ley está condenada al fracaso, al igual que sus antecesoras.
¿Por qué no aprendemos de países exitosos, que apostaron por inversión pública para el desarrollo como complemento de inversiones privadas, que promovieron investigación tecnológica y productiva, mejoraron la cobertura y la calidad educativa, ampliaron la capacitación y mejoraron la infraestructura física? Guatemala no puede continuar viviendo de mitos como el de la efectividad de los privilegios fiscales. Se requiere una agenda integral y efectiva de promoción de inversiones para la generación de empleos.
O, ¿por qué no se modifica esa propuesta, condicionando los beneficios fiscales a demostrar y verificar las inversiones de calidad y la creación de puestos de trabajo formales, antes de aplicar cualquier reducción de impuestos? Porque, si tan buenas son las inversiones y abundantes los trabajos que se van a crear, ¿cuál es el problema de condicionar los privilegios a resultados?
Pero no. La presidencia del Congreso informó que pasado mañana jueves, la instancia de jefes de bloque tendrá una reunión con el Cacif y con el Ministro de Economíapara tratar este tema. ¿Por qué se reunirán sólo con ellos? ¿La reunión será transparente, con la puerta abierta al escrutinio ciudadano y la auditoría social? ¿Acaso la ciudadanía y la sociedad civil organizada no tiene también derecho a debatir sobre quiénes pagan impuestos y quiénes gozarán del privilegio de estar exonerados de esa obligación democrática?
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