Lento pero seguro

Es la primera comparecencia de un alto mando militar acusado del genocidio ocurrido en la Guatemala del siglo XX y la primera vez que en América Latina un tribunal nacional sienta en el banquillo a uno de sus exdictadores.

Ríos Montt fue el jefe de un gobierno de facto tan corto como sanguinario. El rango que ostentaba le permitía tener conocimiento, dominio y coordinación de las acciones tomadas por aquella organización criminal en la que se convirtió el Estado. Esa relación funcional entre los participantes de los crímenes durante la guerra da vida a su responsabilidad de cadena de mando en las atrocidades cometidas en contra de población civil indefensa.

En apenas un año y medio de duración de su mandato (marzo 1982 - agosto 1983) su régimen desarrolló la estrategia de tierra arrasada con la mira de “quitarle el agua al pez”, desapareciendo y masacrando a miles de personas en su mayoría indígenas y destruyendo cientos de aldeas, lo que provocó un desplazamiento masivo de la población civil. Paralelamente, fue en su época que el Ejército implantó la estructura paramilitar de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) para consolidar su control sobre la población.

Esta audiencia es un primer paso, no solo para la reconstrucción judicial de la verdad como mecanismo contra el olvido, la arbitrariedad del poder y la repetición de los hechos, sino para la búsqueda de justicia y reparación. Sin verdad no hay justicia ni reparación.

Guatemala ha atravesado por un proceso de justicia transicional (el proceso que en teoría implicaría transformaciones radicales al orden social y político por el paso de una situación de conflicto armado a una situación de paz) sin transición alguna: las causas del conflicto no han sido tratadas ni superadas. Lo que nos legaron los acuerdos de paz es, sencillamente, como dicen Edelberto Torres-Rivas y Gabriel Aguilera, un fin protocolario del poder contrainsurgente. Una “paz” que no ha sido capaz de resolver la situación estructural de las víctimas, ni de facilitar procesos de justicia y reparación.

Hoy, militares de línea dura se han convertido en delincuentes sumamente poderosos, en un contexto de impunidad en donde el tráfico de drogas y la proliferación de redes criminales organizadas y bien financiadas se fortalecen a partir de sus vínculos oscuros con un Estado sumamente débil. A partir de la firma de la paz hemos sido testigos de la privatización de la violencia política y del recrudecimiento de la violencia común, lo que sumado a la idea de seguridad entendida como represión, hace que las masas sean fácilmente cautivadas por los discursos de mano dura. Esa mano dura incapaz de pensar soluciones a los problemas sociales más profundos por otra vía que no sea la “correctiva” o penal, y que criminaliza tanto la pobreza, como la protesta y la disidencia.

Este momento histórico nos revela que todos y cada uno de los males sociales aparentemente descoyuntados, que derivan de un “clima de inseguridad”, tienen gran parte de su explicación en las líneas y entrelíneas de nuestro pasado. La violencia de ayer nos alcanza hoy y seguirá creciendo y reproduciéndose mientras no seamos capaces de tener una lectura crítica de la historia y mientras sigamos justificando la amnesia por aquellos años. Que este primer paso de reconstrucción judicial de la verdad sea el inicio de un andar seguro, aunque sea lento, hacia la justicia y la reparación.