El Presidente remitió por escrito su informe y organizó dos actos: un baño de masas en la zona 18 de la capital, y una presentación frente a diferentes actores, en el Palacio Nacional.
La decisión de enviar al Congreso un informe escrito y no acudir, fue tomada teóricamente para evitar confrontaciones con bancadas de oposición, que habrían preparado pancartas y mensajes de rechazo. El presidente Pérez Molina se refirió a los legisladores calificándolos de mercantilistas, y se justificó aduciendo que el Congreso no goza ni siquiera de un 20% de credibilidad.
Sin embargo, el día de ayer, el Presidente sí acudió personalmente al Congreso, y entregó al Presidente del Legislativo, nueve iniciativas de ley, que constituyen su apuesta para impulsar transformaciones de orden económico. Entre estas iniciativas destacan tres que son de directo interés del sector privado: Promoción de Inversión y Empleo, Marco del Sistema Nacional de Competitividad y Productividad, e Inclusión Laboral. No está claro el camino que transitarán estas iniciativas, especialmente con las interpelaciones pendientes que tiene la agenda legislativa. Adicionalmente, el presidente Pérez Molina reiteró su intención de conseguir la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.
De esta forma, asistimos a la puesta en escena de una convivencia casi pacífica y molesta entre poderes.
Arropado por el alto porcentaje de aceptación que le dan las encuestas recientemente publicadas, el Presidente parece haber hecho una decisión táctica: ha elegido el Congreso como teatro de operaciones para su segundo año de gobierno, utilizando el descrédito del legislativo para restar impulso a una oposición que crece en número de diputados, y virulencia. No en vano, la campaña electoral ha empezado con tres años de anticipación. De esta forma, cualquier retraso en la aprobación de leyes y la implementación de las medidas que interesan a diversos sectores será responsabilidad de la inacción de los congresistas. El Ejecutivo ha ubicado la pelota en el campo contrario, apostando a que la dinámica propia del Congreso lo llevará a la parálisis.
En un escenario de esta naturaleza, el Ejecutivo siempre podría “acudir al rescate”, vía Acuerdos Gubernativos, que ofrecerían soluciones a la falta de efectividad de los legisladores.
Y en este extremo, la posición y la apuesta del Ejecutivo deben ser cuidadosamente evaluadas. En los últimos meses, los equipos jurídicos de la Presidencia, y de algunos ministerios y secretarías de Estado, han cometido errores de considerable magnitud al presentar instrumentos elaborados con una evidente falta de atención al detalle y a las formas, que por ejemplo, confunden Corte Interamericana de Derechos Humanos con Corte Interamericana de Justicia, o determinan que el país ha sido sobrepasado en su capacidad de responder al crimen común y organizado, o que establecen por acuerdo instituciones cuya creación es impugnada por la Corte de Constitucionalidad, o que designan funcionarios para posiciones que no están vacantes.
El penúltimo capítulo de estos errores, lo representa la reserva de las Tablas de Organización y Equipo (TOE) de año 1982, que el Ministerio de Defensa clasifica por 30 años, contra las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información, argumentando que las TOE están vigentes, extremo improbable luego del fin del conflicto armado interno y por lo menos cinco ejercicios de redespliegue y dos reducciones. Todo un desafío a cualquier iniciado en materia de defensa.
El descrédito del Legislativo no se discute en una época en las que las diputadas portan armas autografiadas. Pero la calidad del equipo jurídico del Ejecutivo está también en entredicho. En este escenario de polarización, habrá que mejorar la tarea legislativa, si se pretende conseguir el utópico bien común.
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