Las ocho piezas clave en un eventual proceso de paz

1 El debilitamiento de la guerrilla

La guerrilla de hoy no es la misma del Caguán. En la época del despeje, mientras en las mesas temáticas se hablaba de reformar todo el país, los guerrilleros (y el Estado con el Plan Colombia) se preparaban militarmente para una gran ofensiva bélica. No había reunión en la zona de despeje en la que los guerrilleros no pusieran su fusil encima de la mesa, pues tenían fe en que del poder de las armas dependería el éxito de la negociación.

Hoy las Farc ya no son tan poderosas militarmente. Varios de los jefes guerrilleros que jugaron un papel clave en el Caguán están presos o muertos: Raúl Reyes (muerto), Alfonso Cano (muerto), Tirofijo (muerto), Iván Ríos (muerto), Simón Trinidad (extraditado). Quedan Andrés París, Iván Márquez y Pablo Catatumbo. Después de diez años de ofensiva de las Fuerzas Militares, las Farc están replegadas en el sur y las fronteras, tienen problemas de comunicación y coordinación interna, y los cultivos de coca están migrando nuevamente a Perú. Aunque aparentemente varios líderes siguen en Venezuela, ya no cuentan con la confianza que antes le tenían a Chávez.

Todos estos factores influyen en que ahora las Farc estén más interesadas en una ofensiva política y en movilizar sus bases, en una lógica similar a la que tenía el Eln hace unos años. De hecho, sus últimos comunicados reflejan un cambio de tono. No tanto porque digan que quieren la paz, (eso lo han dicho siempre, pero para ellas la paz es superar todas las condiciones de inequidad y no dejar las armas), sino porque han personificado como enemigos de la paz a Uribe y a los militares y no a Santos, han manifestado su afán de llegar a un acuerdo lo antes posible e incluso ofrecieron, unilateralmente, no usar más el secuestro como herramienta de financiamiento.

Si es cierto que Marcha Patriótica está de ligada con las Farc, como ha dicho el ratificado Ministro de Defensa, su apuesta sería consolidar un movimiento político cuya bandera es un proceso de paz. Esto plantea un riesgo y una oportunidad: el riesgo es que la oposición violenta a una negociación se dirija a los miembros de Marcha Patriótica y se reedite la tragedia de la Unión Patriótica. La oportunidad es que el proceso se ubique en el terreno político y que Marcha Patriótica se convierta en una plataforma política de llegada para los jefes guerrilleros ante una eventual negociación exitosa.

2 La situación de seguridad

La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez logró recuperar militarmente zonas del país que llevaban varios años en manos de la guerrilla. Pero esa estrategia que durante los primeros años de Uribe fue exitosa, en los últimos empezó a arrojar menos resultados, lo que se refleja hoy en un aumento de acciones subversivas y ataques de la guerrilla, como lo contó La Silla y lo reflejan las estadísticas oficiales. Ante la avanzada de Uribe la guerrilla cambió su estrategia y adoptó el plan Renacer dirigido a regresar a la guerra de guerrillas: no enfrentar a la Fuerza Pública, aumentar los ataques terroristas o a la infraestructura, actuar de manera más dispersa y sin usar prendas militares, y buscar protagonismo político. Ahora con Santos de Presidente, la Fuerza Pública desarrolló el Plan Espada de Honor, con el que buscan llegar a las bases guerrilleras y desarticular sus columnas una a una, más que responder a los ataques. 

De otra parte, está el Proyecto de Consolidación de la Seguridad Democrática que empezó cuando Santos era Ministro de Defensa como una política de seguridad, y que ahora en su Presidencia se convirtió en una política más amplia. Busca afianzar el control de los territorios, trabajar en la erradicación de cultivos ilícitos en las zonas recuperadas, llevar atención urgente como la seguridad alimentaria y empezar a reconstruir la institucionalidad del Estado. Pero en su transición a política pública ha enfrentado las dificultades administrativas y burocráticas de convertirse en una Unidad del Estado y eso se ha convertido en un obstáculo para su funcionamiento, como lo contó La Silla.

Finalmente, aunque las cifras del Gobierno de Santos muestran avances en la seguridad ciudadana, el fenómeno de las Bacrim, especialmente de bandas grandes e influyentes como Los Urabeños o el Erpac, ha venido afectando a muchas zonas del país, consolidando estructuras de mafia y desestabilizando a la Fuerza Pública. 

3 Los fantasmas del pasado 

El Caguán, Ralito y la Unión Patrótica siguen siendo fantasmas con los que cualquier negociación tendrá que lidiar. 

El fracaso de las negociaciones del Caguán dejó una profunda desconfianza en el compromiso de la guerrilla. Después de la frustración de la negociación de Pastrana, un despeje como el de Caguán está descartado y, si es cierto lo que dijo hoy Jorge Enrique Botero, la negociación se haría en Oslo y en Cuba.

La negociación con los paramilitares en Ralito creó dos precedentes complicados: por un lado, los jefes paramilitares extraditados han dicho que el gobierno los engañó y que no cumplió con sus compromisos. Por el otro, la Corte Constitucional tumbó unos artículos y modificó otros de la ley de Justicia y Paz y de los decretos que la desarrollaban. Aunque ese marco jurídico cambió, como se explica en el punto 5, la inseguridad jurídica sigue presente.

El tercer fantasma es el genocidio de la Unión Patriótica, que surgió de los diálogos de 1984. Los líderes guerrilleros siempre sacan a relucir el asesinato de los miles de militantes de este movimientos como su argumento más fuerte para decir que sería imposible para ellos hacer política sin armas porque los matan. Este es el fantasma más difícil de ahuyentar porque esta negociación se haría cuando las bandas criminales comienzan a coger nuevamente fuerza y cuando paralelamente se estaría dando el proceso de restitución de tierras, que tendrá muchos enemigos poderosos.

4 El contexto internacional 

En la segunda mitad del Gobierno de Uribe quedó claro que las Farc tenían instalaciones y campamentos en Venezuela y Ecuador. Eso agudizó los problemas diplomáticos con los vecinos, que llegaron a su peor momento cuando Colombia bombardeó el campamento de las Farc en Ecuador. A su llegada a la Presidencia, lo primero que hizo Santos fue componer las relaciones con ambos países. Con Chávez desarrolló una especie de amistad, y con Ecuador resolvió los problemas diplomáticos hasta el punto en que ahora los sistemas de justicia de ambos tienen acuerdos de colaboración, y el hecho de que allá se lleve un proceso contra el Presidente de Colombia no afecta las relaciones. Además, junto con la Canciller Holguín y a partir de la Cumbre de las Américas, Santos dejó entre los gobiernos de izquierda de América Latina la sensación de que su Gobierno es neutral en muchos asuntos y está dispuesto a debatir con Estados Unidos temas como Cuba o la lucha contra las drogas. Eso permite que ahora Santos pueda tener a los países vecinos como facilitadores del proceso.

Hay otros factores adicionales hacen que el Gobierno tenga mayor autonomía para tomar decisiones sobre la paz. Ya no existe la presión de Francia por un acuerdo humanitario, como ocurría cuando Ingrid Betancourt estaba secuestrada. Además, el cambio de lenguaje que trajo el cambio de Bush a Obama, libera a Colombia de algunas presiones. Finalmente, el que Santos haya sido uno de los promotores de abrir el debate sobre la lucha contra las drogas, hace que haya  margen de discusión con la guerrilla sobre el papel que jugaría la organización en este tema.

5 El marco jurídico

Como el marco jurídico de justicia transicional y negociación de penas alternativas que dejó la Ley de Justicia y Paz se convirtió, después de siete años, en un fantasma del pasado, se convirtió en un obstáculo para la paz.

Precisamente para eliminar ese fantasma, Santos construyó un nuevo marco jurídico. Empezó su Gobierno reconociendo que existía un conflicto armado, y modificó la estructura del Estado para crear un marco institucional para las víctimas, la reparación, la restitución y la paz, incluyendo la Ley de Víctimas. Por eso ahora existen de manera permanente (y no como parte de una ley de justicia transicional), un centro de memoria histórica y unidades de víctimas, tierras y consolidación. Para rematar, en medio de debates logró reformar la Constitución para que incluyera el llamado “Marco para la paz” que da herramientas de justicia transicional (nuevas y distintas de las que se usaron con los paras) para negociar con la guerrilla procesos penales,  penas y su participación en política. Este marco, aunque tiene pendientes los debates más controversiales (a quiénes se judicializa y cómo, o quién podría participar en política), borra el anterior y presentar a este proceso de paz como uno distinto al de la Ley de Justicia y Paz.

6 La credibilidad del Gobierno

La trayectoria de Juan Manuel Santos le da más credibilidad para negociar un proceso de paz que la que tuvieron Belisario Betancur o Andrés Pastrana. Santos, por un lado, es el mejor representante de la élite política y social. El establecimiento-cuyo apoyo a un proceso de paz es fundamental- en principio no va a sentir que Santos “esté regalando” el país como sí podrían pensarlo si el Presidente fuera alguien de izquierda, por ejemplo. Que haya sido un Ministro de Defensa efectivo también le da la credibilidad de que no es alguien ingenuo frente a la guerrilla, que va a dejar que le metan los dedos en la boca.

Por otro lado, Santos tien el poder para hacer una negociación. Tiene una coalición política de casi el 90 por ciento de los congresistas; tiene a los grandes medios de comunicación de su lado por relaciones personales de hace años; tiene buenas relaciones con el empresariado; tiene credibilidad internacional, tanto en Estados Unidos como en el bloque de Unasur; tiene de su lado una economía en crecimiento.

Aún así, Santos ha demostrado ser un presidente débil frente a las críticas y muy susceptible a las presiones. Si arranca el proceso de paz, Álvaro Uribe se convertirá en un poderoso fiscal. Esto es bueno porque evitará que el Gobierno entregue más de lo que debe y porque le dará una voz a los que se oponen - que de no tenerla podrían apelar a la violencia. Pero si Santos no tiene clara la visión del proceso y la fortaleza para sostenerla puede comenzar a titubear y perder la credibilidad con la que arranca.

7 La opinión pública

En los últimos días, los medios han sacado varias encuestas que muestran que ‘el país’ apoya en un 53 por ciento un proceso de paz con las Farc. Son encuestas que le sirven al Gobierno pero que rápidamente pueden cambiar.

Primero, porque durante los ocho años de Seguridad Democrática mucha gente en las ciudades llegó a convencerse de que la guerrilla estaba a punto de desaparecer y no era necesario entregarles nada a cambio de que dejen las armas. Cuando descubran que una negociación implica necesariamente una transacción habrá mayores reticencias, sobre todo si la negociación se hace en medio del conflicto y sin un cese al fuego.

El reciente secuestro del esposo de la hija de un importante empresario paisa en Nilo (Cundinamarca) asustó a las elites empresariales por un posible regreso a la pesadilla del secuestro, aunque aun no se sabe si los autores fueron las Farc. Más incidentes de ese tipo ponen a la sociedad en contra de la negociación. Sobre todo porque el expresidente Uribe y los uribistas en general se encargarán de que cada una de las acciones terroristas de las Farc se conozca y se recuerde. Para que la sociedad no se ponga en contra del proceso se requiere un liderazgo que el Gobierno hasta el momento no ha demostrado.

8 La inversión

Si arranca ya un proceso de paz, el factor económico es una de las variables a considerar. Por un lado, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry dijo que viene una desaceleración económica, lo que siempre golpea el optimismo y puede poner a la gente a buscar chivos expiatorios - y qué mejor que los guerrilleros que comenzarán a salir en televisión. Por otro lado, los grandes proyectos de inversión seguramente entrarán al congelador hasta que a los inversionistas les quede claro qué aspectos serán negociados con la guerrilla, sobre todo aquellos relativos a los derechos de propiedad.