Las lecciones de Argentina

El eje político de la reelección, justicia social y soberanía económica, también. Sin embargo, Argentina tiene otras enseñanzas que compartir con una sociedad como la guatemalteca.

Por ejemplo, el juicio contra Alfredo Aztiz, excapitán de la armada argentina, quien ha sido condenado a prisión perpetua por crímenes tales como torturas y secuestros, cometidos durante la dictadura militar en ese país sudamericano. Aztiz ha recibido la misma sanción que el dictador Jorge Videla, sentenciado a cadena perpetua a los 85 años. Sentencias condenatorias como las recibidas por más de 200 mandos militares que han sido castigados por delitos que incluyen la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial (tipificada como homicidio en ese país).

Es decir, la madurez política no solo se ve reflejada en el proceso electoral que significó otorgarle un período más de gobierno al proyecto que logró el rescate económico del país, sino también construir la institucionalidad capaz de enfrentar la justicia por el pasado. Camino que no ha estado libre de obstáculos pero que ha encontrado una sociedad y una estructura estatal dispuesta a superarlos.

Justicia social que se entiende como la garantía de condiciones dignas de vida para la sociedad. Soberanía económica entendida como la capacidad de hacer frente y no sucumbir a las presiones encaminadas a disminuir la primera. Esas dos herramientas, enfocadas hacia el presente y el futuro, sin olvidar, la indispensable recuperación de la memoria y el alcance de justicia por los delitos del pasado. La sabiduría en conjugar los elementos de la acción política de gobierno en los tiempos y los temas de ambos tiempos, pasado y presente, ha sido la clave para el avance de la propuesta política hoy triunfante.

De esa experiencia vale la pena extraer las lecciones que puedan aportarnos en el proceso de superación del momento de incertidumbre y oscuridad que vivimos. Para Guatemala es impostergable el enfrentamiento del pasado y la atención del mismo con la única herramienta posible en la democracia: la aplicación de la justicia en el marco del estado de derecho.

Esto es, asegurar a las víctimas de la acción contrainsurgente del Estado, que quienes perpetraron delitos tales como genocidio, ejecución extrajudicial, secuestro y desaparición forzada, tortura, destrucción del tejido social y exilio forzado, sean llevados ante los tribunales y reciban la sentencia que por sus crímenes les corresponda.

Este paso requiere, entre otras cosas, que de una vez por todas, la oficialidad militar en este país se comporte profesionalmente y deje de proteger a delincuentes que violentaron el marco legal y atentaron contra la humanidad al ejecutar los delitos ya señalados. Se requiere por lo tanto, que el Centro Médico Militar y su personal dejen de ser refugio de cobardes que se escudan en dictámenes médicos para evadir la justicia. Se necesita, además, que los archivos castrenses sean puestos a disposición de los tribunales y que se termine con la doctrina de la impunidad.

Esto es totalmente factible si hay voluntad y profesionalismo. Argentina así lo ha evidenciado y con ello ha marcado la única ruta posible. De lo contrario, seguiremos aguantando en las espaldas la estructura montada para garantizar impunidad a los criminales del pasado que alimentan la delincuencia del presente.