Históricamente, el Estado de Guatemala ha marginado a los pueblos indígenas, ha violado sus derechos y ha beneficiado a las élites económicas, que tratan el país como si fuera su finca. Hoy en día las élites favorecen a las empresas extranjeras que realizan operaciones extractivistas, como las hidroeléctricas y las mineras. La violencia que esto conlleva no está limitada a una comunidad en particular, sino que afecta a todo el país y a los pueblos indígenas.
La persecución y la violenc...
Históricamente, el Estado de Guatemala ha marginado a los pueblos indígenas, ha violado sus derechos y ha beneficiado a las élites económicas, que tratan el país como si fuera su finca. Hoy en día las élites favorecen a las empresas extranjeras que realizan operaciones extractivistas, como las hidroeléctricas y las mineras. La violencia que esto conlleva no está limitada a una comunidad en particular, sino que afecta a todo el país y a los pueblos indígenas.
La persecución y la violencia van en aumento, y los ataques contra las autoridades ancestrales y los líderes comunitarios han sido alarmantes. Una autoridad ancestral ixil afirma: «Cuando uno reclama su derecho, es tratado como terrorista, delincuente, salvaje». Líderes como Abelino Chub Caal (q’eqchi’) y Rigoberto Juárez Mateo (q’anjob’al) fueron detenidos arbitrariamente por su lucha por proteger la tierra contra empresas extractivas. Otros como Bernardo Caal Xol (q’eqchi’) han sido condenados injustamente y siguen encarcelados. Pero hay casos aún más trágicos, como el de Daniel Pedro Mateo (q’anjob’al), quien fue torturado y asesinado. Comunidades enteras han sufrido la política de terror aplicada por el Gobierno cuando este envía a las fuerzas estatales de seguridad a llevar a cabo desalojos o capturas contra pobladores que manifiestan pacíficamente. La Puya, Santa Cruz Barillas, San Juan Cotzal, San Juan Sacatepéquez, El Estor y la masacre en Alaska son solo algunos de muchos ejemplos. Recientemente, el 5 de abril de 2019, la Alcaldía Indígena de Nebaj fue agredida por un grupo de manifestantes que buscaba sacar a dicha autoridad de la oficina otorgada por la Municipalidad. Las protestas se volvieron hostiles cuando los miembros de la Alcaldía Indígena recibieron amenazas de muerte, y una de las líderes, Ana Laynez, y su hija fueron atacadas físicamente. Los responsables de estos ataques generalmente permanecen libres, con lo cual se perpetúa el patrón de impunidad tan característico de la situación política y social de Guatemala.
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La Marcha por la Dignidad, la Vida y la Justicia duró ocho días y tuvo como objetivo denunciar la impunidad, la corrupción, las desigualdades estructurales y la violencia contra las autoridades ancestrales y los activistas de derechos humanos. Miles se reunieron para expresar su descontento con el actual gobierno, que reiteradamente ha probado ser corrupto, ineficiente y violador de derechos humanos. El Estado también es responsable de las muertes de quienes no reciben atención médica y de quienes migran a los Estados Unidos. La gente, sobre todo los jóvenes, migra porque ha quedado abandonada y el Gobierno no le ha garantizado el cumplimiento de sus derechos humanos más básicos. No es de extrañar que muchas personas que abandonan el país sean indígenas.
Las comunidades indígenas y sus autoridades han existido durante siglos y tienen derechos ancestrales sobre territorios y recursos naturales. Tales derechos han sido reconocidos por instituciones y acuerdos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, las autoridades ancestrales siguen siendo perseguidas por un Estado criminal. Sin cambios estructurales profundos, estas elecciones representan la continuación de una serie de gobiernos corruptos y violentos que no resolverán los problemas del país. Sin respeto por los pueblos indígenas y las autoridades ancestrales, no habrá cambio en Guatemala.
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