Hay varios escenarios posibles sobre la decisión de la CC. Entre ellos, los amparos podrían ser finalmente denegados –extremo improbable, pero nunca imposible. Asimismo, la Corte podría ordenar que el proceso sea llevado hasta una etapa anterior, que bien podría ser la elección en el Congreso de la República, o la evaluación de los candidatos por las Comisiones de Postulación.
El rumor –arma política privilegiada del medio– apunta a que la CC estaría ordenando al Congreso repetir la selección de los magistrados, con base a los listados remitidos por las Comisiones de Postulación. Si esta es la decisión, la nueva mayoría del Congreso, que sirvió para conformar la Junta Directiva, enfrentaría su primera prueba de tensión. Ahora mismo, cada bloque legislativo debe estar sopesando los intereses en juego, y cómo estos afectan los pactos que supuestamente habrían alanzado la semana pasada, que según la cobertura de varios medios, incluyen el reparto de las cortes, la aprobación de bonos y no renovar el mandato de la Cicig.
Si el proceso retorna hasta el Legislativo, la designación de los nuevos magistrados seguiría siendo fruto de un proceso político, que no subsana los vicios de las Comisiones de Postulación. De esta forma, la injerencia de grupos de poder, los conflictos de interés, y la aplicación discrecional de las tablas de gradación, quedarían condenadas al olvido… a menos que alguno de los más de doce amparos interpuestos anteriormente durante el proceso, sea declarado a lugar.
Una nueva elección por el Congreso podría cambiar también la conformación de la Corte Suprema de Justicia, dejando por fuera a algunos de los magistrados que nunca asumieron. Lo mismo sucedería con la conformación de las Salas de Apelaciones. En el gran total, un espacio enorme para el cabildeo se ha abierto en estas semanas, con muchos interesados y compromisos de por medio.
El resultado final será público en unos días. Sin embargo, es necesario no olvidar que este proceso ha demostrado que la intención de regular hasta la saciedad el proceso de elección de jueces, incluyendo a la academia y el colegio de abogados, y un paso final en un órgano político como el Congreso de la República, no están dado el resultado deseado: la deuda es con la independencia judicial y la credibilidad de los jueces, una de las condiciones básicas para la gobernabilidad democrática.
Lo deseable es la repetición total del proceso. Y eso obliga a pensar en una estrategia diferente, que responda a cómo conseguir un resultado diferente con las mismas reglas y jugadores. La veeduría ciudadana será clave, para romper un círculo vicioso que mucho tiene que ver con la cada vez menos encubierta aceptación social de la corrupción.
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