Acuerpado principalmente por los titulares de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, ha caminado por el sendero de la ilegalidad vestida de güizachada. A cargo de los extras que le ponen el tono autoritario a la trama, elementos del Ejército han servido de telón de fondo para la amenaza o se han disfrazado de policías antimotines para reprimir.
Obsesionado con eliminar lo que considera la amenaza inmediata a su persona, el inquilino de la Casa Presidencial ha utilizado el poder y su investidura para deshacerse de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Para ello, hace un año empezó a requerir el retiro del titular de la comisión, Iván Velásquez Gómez. Ahora, en las últimas tres semanas, ha llegado a confrontar incluso al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, entidad con la cual se suscribió el acuerdo de instalación de la Cicig.
Jimmy Morales, como cabeza política central del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), convino con dicho organismo en identificar al jefe de la Cicig como una «amenaza a la seguridad nacional». Sin embargo, lejos de lesionar los intereses nacionales, los únicos que corresponde proteger y defender, los ha arropado en contra de quienes tienen tomado el Estado.
Esta acción llevó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), acompañada de la Cicig, a presentar casos penales que involucran a familiares de Morales Cabrera. De igual forma, ha pedido el antejuicio ante la evidencia de que, como secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), incurrió en lavado de dinero y en financiamiento electoral ilícito.
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Pero, lejos de permitir que los procesos judiciales avancen de acuerdo con lo que contempla el Estado de derecho en vigor, Jimmy Morales ha optado por la vía de la arbitrariedad y el autoritarismo. Ya se había peleado con el embajador del reino de Suecia un año después de que reclamó el retiro del anterior titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori. Durante ese período también gestionó el retiro de Valerie Julliand como representante residente del sistema de las Naciones Unidas en Guatemala. A las acciones burdas ya planteadas se suma la nota insolente que Jovel hizo llegar el 16 a Guterres en la ONU para conminarlo a nombrar un nuevo comisionado en un plazo de 48 horas.
En un año y meses, el Gobierno se ha dedicado a destruir la filigrana de la diplomacia internacional, a reventar el sistema de lucha contra la impunidad y a terminar por quebrantar el orden constitucional al desobedecer la orden, explícita, de la Corte de Constitucionalidad (CC). Porque, si bien la resolución emitida por la CC el 16 no indica nombres, la orden que se dio al Ejecutivo es clara. Y lejos de cumplirla, la ha violado flagrantemente.
Para ello ha contado con alianzas sospechosas en una parte del sector empresarial, al parecer interesada en un caos y en el aislamiento internacional del régimen, durante el cual podría solventar sin vigilancia los excedentes de moneda de origen no comprobable que se enmohecen en sus bodegas.
De tal suerte, a estas alturas el minigabinete que rodea a Morales Cabrera, más que un cuerpo asesor, parece una clica empecinada en llevarlo al precipicio. Debido a las acciones del Gobierno, la estabilidad nacional se encuentra en altísimo riesgo y el equilibrio institucional sumamente vulnerable.
El peligro y la amenaza no provienen en realidad de la lucha contra la impunidad y la corrupción. La única amenaza, visible por sus actos en los últimos 20 días, es el mismo gobernante, Jimmy Morales Cabrera, y el núcleo de gobierno que lo rodea.
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