Sobre la vida de los niños, de las mujeres y de los grupos indígenas recaen con más fuerza estas carencias. Por ejemplo, el 52% de los niños del área rural y el 58% de la población indígena sufren de desnutrición crónica.
Estas condiciones nos separan cada vez mas de los países latinoamericanos, pues mientras en la región los niveles de pobreza han descendido sostenidamente en la última década hasta llegar a un promedio en torno del 30%; en nuestro país, contrariamente, se han estancando y hasta parece que tienden a incrementarse. Esta realidad no solo es condenable por la profundidad con la cual afecta la vida de estos conciudadanos sino que revela el fracaso, la perversidad y el derroche imperante frente al uso de los recursos públicos, pues el gasto público rural en Guatemala en la última década ha alcanzado niveles de 272 dólares per cápita, superior al promedio latinoamericano de 140 dólares per cápita.
Todos hemos sido culpables de esta situación, empezando por los gobiernos incapaces, los funcionarios corruptos que han extraído fondos públicos directamente y aquellos contratistas que, en contubernio con estos, han estafado al Estado en diferentes transacciones y; por supuesto, la sociedad en pleno, que no ha exhibido suficiente interés, claridad y contundencia para exigir, tanto políticas públicas pertinentes que alcancen a todos los guatemaltecos, como transparencia en la ejecución de los recursos públicos.
Es igualmente perverso pretender que cerca de un millón de familias rurales –poco mas de 5.5 millones de personas– salgan de estas condiciones solo con el derrame, eternamente esperado, de las actividades productivas de mayor envergadura; o que sean productivamente exitosas sin las condiciones territoriales –caminos, energía, comunicaciones en general–, los medios materiales específicos inherentes a cada actividad productiva –riego de pequeña escala, semillas, financiamiento, otros– y el soporte institucional apropiado y oportuno.
En este contexto, la URL apoya la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural que se discute en el Congreso de la Republica porque tiene elementos fundamentales encaminados a enfrentar algunas de las graves carencias estructurales del área rural. Aspectos que destacan son:
(i) se prioriza la economía campesina como eje o sujeto de la política y se reconoce su carácter poli-activo, en el sentido que ofrece una plataforma alimentaria, económica, la gestión ambiental, la participación de la mujer, la realización cultural en general y las vinculaciones con el mercado, las instituciones, las familias y las comunidades;
(ii) se demanda el papel promotor del Estado en atención al Artículo 2 de la Constitución Política de la Republica, relativo a las garantías de vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo integral que el Estado de otorgar a los habitantes;
(iii) junto al impulso del uso sostenible, el registro y el catastro de la tierras también se prioriza la necesidad de impulsar el acceso como activo fundamental en el impulso de las economías campesinas;
(iv) se reconoce el carácter multisectorial del desarrollo rural en razón de lo cual se establece la creación del Gabinete de Desarrollo Rural como instancia de coordinación y la formulación del Plan Nacional de Inversiones para el Desarrollo Rural Integral, como instrumento garante de balances en las inversiones, por ejemplo, vinculadas a la política social y a la política ambiental;
(v) establece la creación del Ministerio de Desarrollo Rural como la ruta para asegurar la institucionalización efectiva de las economías campesinas, optimizando recursos ya asignados a entidades que actualmente operan de manera dispersa y asegurando capacidades a la medida conceptual y técnica que requiere esta visión de desarrollo. Este planteamiento lleva implícita la necesidad de dimensionar el tamaño de la burocracia a partir de un propósito y no a partir de valoraciones arbitrarias fundadas en temores de carácter fiscal.
Es importante destacar que nuestras apreciaciones sobre el valor de las economías campesinas en el desarrollo rural no están fundadas en relaciones mecánicas entre estas y la producción perpetua de granos básicos sino más bien en el carácter poli-activo que se mencionó anteriormente. Este punto de partida debe conducir a la realización de las familias rurales según las posibilidades que gradualmente van mejorando y según sus propios anhelos.
Las investigaciones de URL, entre otros hallazgos abundantes generados por varios de sus institutos de investigación especializados en materia de desarrollo rural, han mostrado que la agricultura excedentaria del Altiplano guatemalteco, con un crecimiento del 5% anual, podría impulsar el crecimiento del empleo total de la región en un nivel de 3.8% por año. Para generar la misma tasa de empleo, el sector urbano no agrícola necesitaría crecer a una tasa del 8% anual.
Finalmente, la URL recomienda revisar, para asegurar armonía con esta Ley, los ámbitos de sinergia con el Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, buscando mayor eficiencia en la ejecución descentralizada de los recursos públicos. También recomendamos fortalecer lo concerniente a los derechos y las necesidades específicas de las mujeres rurales.
Más de este autor