La primera iniciativa tiene el número de registro 4461, e incluye cuatro propuestas legislativas: reformas a tres leyes existentes (Orgánica del Presupuesto, Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Orgánica de la SAT), y la creación de una ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. La aprobación de estas propuestas requiere mayoría calificada, es decir, los votos de por lo menos 105 diputados.
La segunda iniciativa tiene el número de registro 4462, e incluye siete propuestas legislativas: reformas a cuatro leyes existentes (Contrataciones del Estado, de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, del Organismo Ejecutivo, y de Servicio Civil), y tres leyes nuevas (contra el Enriquecimiento Ilícito, de Fideicomisos Públicos, y de Planificación y Evaluación de la Gestión Pública). La aprobación de estas propuestas requiere mayoría simple, es decir, los votos de por lo menos 80 diputados.
Este “paquetazo” contiene mucho de lo que los ciudadanos siempre le hemos exigido al gobierno, y es de reconocer entonces que contiene aspectos positivos. Sin embargo, hasta el mismo Ejecutivo reconoce que no atiende todo lo necesario, y que las propuestas deben mejorarse y complementarse.
De entrada, el gran vacío es el tema del secreto bancario. Como he señalado, la transparencia debe concebirse como una obligación de todos, no solo del gobierno. Así, para complementar este paquete deben incluirse las reformas que le permitan a la SAT el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines de fiscalización, y con esto por lo menos cumplir el estándar de transparencia tributaria del Foro Global de la OCDE. Es decir, la reforma por la transparencia debe considerar que el sector privado también debe ser transparente.
Pero la posibilidad de mejorar el paquete presentado por el Ejecutivo, complementándolo con las reformas no incluidas y afinando las incluidas, requiere apertura y efectividad del Congreso para hacer llegar propuestas y facilitar el debate público. Es decir, para que el órgano que decidirá sobre las reglas de transparencia esté moralmente solvente, primero debe ser transparente él mismo.
Sin embargo, el Congreso está reprobando en transparencia una vez más. Hoy estamos de nuevo ante el bloqueo de la agenda legislativa y dificultad para acceder a la información relevante para la evaluación del paquete propuesto.
Para empezar, en el apartado “consulta legislativa” del portal de Internet del Congreso aún no están publicadas las copias electrónicas de las dos iniciativas de ley presentadas por el Ejecutivo. Una de las razones es que ese organismo ha vuelto a la dinámica del bloquear la agenda legislativa con interpelaciones improductivas, perdiendo tiempo valioso. En tanto el Pleno del Congreso permanezca bloqueado con la interpelación del Ministro de Finanzas Públicas, ni siquiera puede leerlas, trasladarlas a las Comisiones de Trabajo que las conocerán y con ello, publicarlas en el portal de Internet.
Pero por otro lado, está por verse qué comisiones de trabajo son las que las conocerán para la emisión de los dictámenes respectivos. En mi opinión, un volumen de legislación tan extenso debería ser analizado, como mínimo, por las comisiones de Transparencia, de Probidad, y de Legislación y Puntos Constitucionales.
Sin embargo, debe ejercitarse el máximo cuidado. El debate y análisis no deben ser excusa para entorpecer o empantanar la aprobación de esta legislación. Análisis no debe significar más parálisis.
Las reformas por la transparencia responden parcialmente a una de las demandas ciudadanas más sentidas. Son nuestras, y por ello deberíamos todos asumir un rol activo conociéndolas y evaluándolas.
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