Y aunque estamos lejos de ver el final del proceso judicial contra los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, debemos reconocer que la opinión pública podría empezar a experimentar un cierto cansancio con un tema, que para los estándares de una sociedad acostumbrada a un flujo constante de noticias y eventos, se prolonga ya demasiado en el tiempo.
Sin embargo, no cabe duda que la justicia estará entre las preocupaciones de los guatemaltecos en la segunda mitad de este año. No hay que perder de vista que los sectores conservadores parecerían haber identificado como su siguiente gran batalla, la conformación de las cortes y la designación del titular del MP. Y el campo es propicio para que los operadores de estos sectores comiencen a trazar las estrategias y negociaciones que permitan “depurar” las estructuras de la justicia.
De la misma manera, el tratamiento dado por la administración de gobierno a la conflictividad social, bajo la ecuación de criminalizar la protesta social, equiparándola a terrorismo, no parece generar otras opciones diferentes, a las vistas hasta ahora, ni para las comunidades, ni para el gobierno. En principio parece improbable que nuevos estados de sitio o prevención se produzcan en lo que queda del año, pero no puede negarse que la existencia de milicias armadas que secuestran policías, roban sus armas, dinamita y detonadores, ayuda poco o nada a canalizar estos conflictos de forma diferente.
Otras preocupaciones, no menos importantes, estarán rondando la agenda pública. Entre ellas, la situación creada en torno a la baja recaudación tributaria, que ha empezado a generar dolores de cabeza en un gobierno que todavía no entiende qué ha podido salir mal. La reforma tributaria, impugnada por el sector privado, parecería haber generado un efecto de ahogo para las clases medias y los pequeños y medianos negocios, en forma tal que las metas de recaudación que al inicio del año parecían poco reales, ahora empiezan a resultar ilusorias.
La crisis generada por la roya se acompaña por un descenso en los precios internacionales del café, que hacen preguntarse cuál es el futuro inmediato del sector que genera la mayoría de las divisas para la economía guatemalteca, sin que estén claros los efectos que podría tener sobre el empleo de los trabajadores agrícolas temporales, y si éstos tendrán una cosecha que levantar y de esta forma generar ingresos para sus familias.
Mientras en Honduras se anuncia una tregua entre las maras, propiciada por la Iglesia católica, y favorecida por el gobierno de Lobo, el modelo adoptado en Guatemala con las fuerzas de tarea, parecería empezar a rendir más frutos para la represión de la protesta social, que para un control efectivo de la criminalidad. La tasa de homicidios, que había experimentado un descenso importante en los tres últimos años, ha empezado a subir nuevamente. La extorsión, como un fenómeno ampliamente extendido, no ha sido controlada y sigue ahogando cualquier intento de creación de pequeños y medianos negocios en las zonas marginales. Algo innovador habría que inventar al respecto.
Una reflexión final me hace cerrar esta columna con una pregunta trágica y cómica: ¿Cómo hace un Estado democrático para gobernar con un Congreso aquejado de parálisis? No toda la culpa es del Ejecutivo. Pero es peligroso acostumbrar a un gobierno a ejercer la autoridad sin la existencia real de un sistema de pesos y contrapesos.
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