Uno de los objetivos de esta iniciativa de ley es transformar los privilegios fiscales que actualmente gozan las maquilas y las zonas francas. De esta forma, los defensores de esta propuesta esperan que cuando venza el plazo acordado con la Organización Mundial del Comercio (OMC), continúen gozando de privilegios fiscales pero en un esquema que la OMC no considere subvenciones prohibidas.
Esta medida permitiría a esos empresarios el privilegio de ganancias sin tributar (por cierto, un esquema no competitivo), y que los puestos de trabajo actuales en ese sector no se pierdan ante la amenaza que, si se les hace tributar como lo hace la mayoría, se irían a otro país y despedirían a sus empleados. El gobierno ofreció a la OMC que esta legislación nueva estaría aprobada a más tardar el próximo 30 de junio (¡ojo!, que fue una propuesta del gobierno, no una imposición de la OMC).
Esta “urgencia” quizá es lo que hizo que el 4 de febrero pasado la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso se apresurara a dictaminar favorablemente. En este dictamen, se indica explícitamente que la SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas (MinFin) participaron en mesas técnicas y que expresaron preocupación por posibles efectos fiscales negativos de la aprobación de la ley. Pero a la fecha en que la Comisión de Economía dictaminó, esas dos entidades no se habían pronunciado oficialmente a favor.
Luego de emitir su dictamen, la Comisión de Economía del Congreso empezó a recibir advertencias de errores técnicos y debilidades en los controles propuestos para evitar abusos. En su sesión del 17 de marzo, dicha comisión aprobó enmiendas para corregir algunas de las deficiencias y debilidades del dictamen emitido el 4 de febrero, y se preparó para trasladarlo al Pleno del Congreso junto con las propuestas de enmiendas y correcciones. Pero sólo tres días después, el 20 de marzo, la SAT emitió un dictamen desfavorable aprobado por su Directorio, en el que advirtió cuantiosas pérdidas fiscales, millardos de quetzales sólo al inicio de la vigencia de la ley tal como fue dictaminada, pudiendo ser más grave según el nivel de abuso derivado de la debilidad y deficiencia de los controles propuestos.
La gravedad de este dictamen se suma a la preocupación que eso de atraer inversión y generar empleos solamente bajando impuestos sea una falacia. De cumplirse lo advertido por la SAT, el Estado se debilitaría aún más de lo que está, quedaría incapacitado para ofrecer seguridad, infraestructura, servicios básicos, fuerza laboral capacitada y otros factores, seguramente más importantes que los impuestos para atraer inversiones de buena calidad.
Algunos han criticado a la SAT por su dictamen, ya que supone conflicto dentro del gabinete económico de gobierno. Conflicto que las máximas autoridades del Ejecutivo tuvieron que zanjar: en un tema tan delicado el Gobierno no puede “suicidarse” financieramente, peor cuando la recaudación tributaria está situándose muy por debajo de las expectativas reflejadas en el presupuesto de gasto. Mucho se le han criticado a la SAT sus debilidades y la crisis institucional en el sistema aduanero nacional, pero definitivamente con este dictamen actuó correctamente, le moleste a quien le moleste.
Legislar privilegios fiscales es un asunto muy delicado, que si se hace mal, por muy buenas intenciones que se tengan, los resultados pueden ser nefastos. Más que urgencias por los compromisos ante la OMC, el criterio que debe prevalecer es hacer las cosas bien.
“No por mucho madrugar, amanece más temprano”.
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