Los lamentables sucesos del día terminaron con un enfrentamiento que dejó más de 15 civiles heridos y 11 agentes de la PNC lesionados.
A pesar de que algunos han tratado de ver en esto una conspiración foránea marxista (o algo por el estilo), yo creo que en torno al proyecto minero El Tambor existen muchas preocupaciones legítimas que deben ser discutidas.
Para mí, la gran interrogante en todo esto sigue siendo el empeño que la empresa ha tenido en seguir adelante con el proyecto a toda costa, inclusive saltándose los canales de diálogo con la comunidad, recurriendo a la fuerza.
Un empeño que resulta aún más extraño justo en un momento en que el precio internacional de los metales (especialmente del oro) ha bajado de forma importante (luego de un tremendo ciclo al alza por varios años) y la industria global recorta dramáticamente los nuevos proyectos en sus carteras de inversión.
Lastimosamente, la opacidad en los mercados (al igual que en la política) es una constante en Guatemala, sin embargo aventuraré poco de arqueología financiera para tratar de entender las motivaciones de los actores económicos.
La exploración de “El Tambor” (que actualmente consiste de siete concesiones, un total de 6,162 hectáreas) inicia en el año 2000, conducida por Radius Gold Inc. Una pequeña empresa minera canadiense que desde el año 2004 transa en el TSX Venture Exchange de Toronto.
La industria de la minería de oro suele segmentarse en dos tipos de empresas: los junior miners y los major miners.
Los primeros de carácter mucho más especulativo, generalmente son empresas relativamente pequeñas financiadas por capital de riesgo, llevan a cabo las fases iniciales de exploración, haciendo un estudio a fondo sobre las capacidades de exploración, tramitando permisos ambientales, etc.
El TSX Venture Exchange suele ser una bolsa muy popular para conseguir financiamiento para el tipo de actividad de alto riesgo/alto retorno realizado por las junior miners.
De encontrarse reservas lo suficientemente atractivas luego del proceso de exploración, estas empresas suelen vender los proyectos a las major miners que cuentan con la escala de capital suficiente para llevar a cabo la etapa de explotación minera (una actividad muy intensiva en capital).
Así que aquí tenemos a Radius Gold, una empresa relativamente chica (con una capitalización de mercado en torno a los US$18 millones) que para el 2008 ha descubierto que el proyecto de El Tambor sí tiene potencial. Entra entonces a la escena Kappes, Cassiday & Associates (en adelante, KCA), una empresa norteamericana que principalmente se dedica a brindar servicios de ingeniería minera, fabricar equipamiento y administrar proyectos mineros.
Su rol sería el de desarrollar el proyecto, pero lo curioso es que como parte del acuerdo, KCA recibe una opción de compra del 51% del proyecto, de cumplirse cualquiera de las dos opciones: que hagan gastos en el proyecto por un total de US$6,5 millones en un período de cuatro años o logrando que el proyecto inicie su fase comercial en ese mismo período.
En el transcurso de los próximos años, KCA se encarga de tramitar los permisos ambientales y de explotación minera y de forma paralela construye el equipamiento necesario para llevar a cabo la extracción de oro.
Para mediados del 2012, KCA cumple con la primera condición del acuerdo, ejerciendo su opción de compra y asumiendo con ello un control mayoritario de la propiedad del proyecto (51%).
Sin embargo, sorpresivamente Radius Gold anuncia, en agosto del 2012, la decisión de vender el 49% restante de su interés, por motivos de diversificación y despojarse de “activos problemáticos”, haciendo alusión a la conflictiva e inestable situación de Guatemala (y paradójicamente manteniendo sus actividades de exploración en otras regiones del país).
La venta se realizó por un total de US$400,000, estructurada de la siguiente forma: US$100.000 al momento del traspaso y US$300,000 una vez KCA haya iniciado la explotación comercial de la mina.
En sus declaraciones financieras, Radius Gold valoró la venta a una pérdida de US$3.4 millones. Empero, como parte del acuerdo comercial, adicionalmente a los US$300,000 que recibiría una vez la mina empiece a operar, también participaría de un porcentaje de las ganancias por la venta del oro (no queda clara la estructura de cómo se repartirían), con lo cual espera generar un retorno a su inversión inicial.
¿Qué gana el Estado de Guatemala en esto?, de acuerdo a los contratos iniciales de exploración, se establece un royalty que varía entre el 2.5% al 4% sobre las ganancias netas (luego de restar los costos de la operación). En resumen, una nada.
Quizá lo que más me llama la atención es la decisión de KCA, una empresa principalmente dedicada a servicios, de tomar control del proyecto y asumir el riesgo completo de la inversión.
Empresa que al cierre del 2012 reporta ingresos por US$16.4 millones, y utilidades en torno a US$4.4 millones. Difícilmente una major miner con el capital suficiente para sobrellevar sin problema el fracaso de un proyecto minero.
Así que aquí tenemos una empresa pequeña (KCA), con un activo que no lo está generando ingresos (El Tambor) y otra que vendió el proyecto a pérdida y depende del inicio del mismo para poder generar un retorno.
A eso sumemos una ley que dicta el retiro de las licencias de explotación minera de no reportarse actividad comercial posterior a dos años de otorgada, y encontramos muchos motivos para los hechos recientes, señales de desesperación y la receta para una bomba de tiempo.
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