Presentación de un análisis negativo sobre la campaña mediática Hambre Cero como si fuera una conquista del actual régimen. Aumento del endeudamiento público sólo porque hay un indicador macroeconómico que dice que el país aguanta (así que hay que alcanzar el límite cuanto antes).
La inconformidad ciudadana se conjura con la fuerza, mientras la de los grupos de poder prefiere la negociación oscura, los privilegios y la tranza.
Mientras el Ejecutivo era confeso de su incapacidad para recoger impuestos y busca por todos los medios delegar esa fundamental función pública en un negocio poco transparente y el Legislativo se preparaba para jugosos negocios durante el 2015, los diarios recogieron una noticia positiva, esperanzadora: varias cadenas de farmacias fueron multadas, al comprobarse que hubo colusión para fijar precios altos, publicidad engañosa y cobros ilegales en la venta de medicinas.
La DIACO llegó hasta donde pudo, hasta donde el mercantilismo inmoral y la indiferencia del Ejecutivo y Legislativo la dejaron llegar, que no es lejos. Varias cadenas fueron conminadas a devolver los cobros extra a unos pocos consumidores que se atrevieron a denunciar.
Pero las farmacéuticas están muy ocupadas para preocuparse de estas cosas. Los negocios con los grandes compradores de medicamentos dentro del gobierno son prioridad. Al fin de cuentas, los mal llamados empresarios de medicinas (son criminales traficantes de influencias) tienen su prioridad clara: enriquecimiento express junto a sus socios con poder en el Ejecutivo. Por supuesto, de manera directa o indirecta, las grandes transnacionales de la medicina también sacan su buena tajada.
A la fecha, las empresas sancionadas no hay hecho los reintegros. Llama la atención que, por ejemplo, la empresa llamada Farmacias Galeno haya cambiado de razón social. Ahora se llama Droguería Centro Histórico S.A. ¿Significa eso que la DIACO no puede perseguir a una empresa que no existe más?
Y no para ahí la cosa. Las empresas amonestadas solían cotizar el precio X menos un descuento (30-35 por ciento). Pues bien, nuevamente en colusión y con la total indiferencia del Gobierno, los precios de ahora son los mismos de antes, pero sin descuento. Es decir, la acción de la DIACO solamente sirvió para facilitar un aumento general de 30-35 por ciento.
Como otra novedosa modalidad de extorsión a la vista pública, hay medicamentos que desaparecen del mercado. Se “agotan”. Llega la desesperación del paciente, y de pronto, la medicina reaparece, pero con nuevo precio.
Ningún diputado recuerda que el Legislativo incumple con sus obligaciones, puesto que la actual ley de Defensa del Consumidor establece que en 2008 se debía crear la Procuraduría del Consumidor y Usuario. ¿A quién le importa? No importa a la Comisión de Defensa del Consumidor (y sus asesores), que seguramente no ha dejado de cobrar sus jugosas dietas y salarios desde 2008 sin presentar un solo avance. Tampoco al diputado Valentín Trujillo firmó en junio del año pasado un compromiso de honor con la organización CONADECO para hacer que se aprobara la iniciativa 4305, que crea la Procuraduría.
Para ignominia de los traficantes de influencias e impunidad, los medicamentos continúan presentando precios altísimos. Un reportaje de elPeriódico (2007) realizado por Claudia Palma (especializada en el tema) demostraba que en Guatemala los medicamentos eran dos y tres veces más caros que en Costa Rica (o Tapachula). Pues hay más noticias: según este artículo http://www.crhoy.com/nuestras-farmacias-al-desnudo/ en Costa Rica, los medicamentos (misma marca, mismo nombre, mismo fabricante y distribuidor) son dos o tres veces más caros que en España. ¿Es exageración llamarle criminales a los “empresarios” y funcionarios que hacen esto con la salud de los guatemaltecos?
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