En el balance del primer año de gobierno de Partido Patriota, considerábamos en este medio que la transparencia y la lucha contra la corrupción habían sido un fracaso en 2012. El anuncio a inicios del año del cierre de Fonapaz por ser insalvable de las redes de corrupción parecía un intento del oficialismo por revertir esta tendencia, pero a la luz de las decisiones de 2013, es una percepción equivocada. No es que sea un fracaso la lucha anticorrupción de este gobierno, es que no existe el más mínimo interés por hacer política de Estado con transparencia en su administración.
En el primer año fue evidente la opacidad con la que este gobierno administra los fondos públicos: I) En la falta de licitaciones en Guatecompras del Ministerio de Comunicaciones –únicamente seis licitaciones, menos del tres por ciento de los fondos-. II) En el el uso de Fonapaz para sobrevalorar obras o adquisiciones para obtener ganancias privadas. III) En la prórroga gratuita de las frecuencias radioeléctricas –radio, televisión, telefonía celular, Internet– en vez de cobrar impuestos o subastarlas como en el resto de democracias. IV) En la aprobación más opaca del Presupuesto Nacional en toda la democracia –sin discusiones públicas ni que la oposición pudiera ver el dictamen del extenso proyecto de ley sino hasta tres horas antes de que llegara al hemiciclo. V) En el otorgamiento de contratos leoninos en el Puerto Quetzal. VI) En la opacidad en la compra de medicinas. VII) En la compra de productos a la Industria Militar desde el Ministerio de Cultura.
Y el segundo año apunta que no servirá para corregir lo andado, sino superarlo. En el Puerto Quetzal no fueron contratos leoninos los entregados sino una concesión de prácticamente el puerto entero por 25 años renovables, con unos ingresos ridículos para el Estado. Fonapaz fue cerrado nominalmente, pero reabierto en el Ministerio de Desarrollo Social bajo otro nombre, pero con el mismo control de la Presidencia y Vicepresidencia, sin contrapesos, que permitió que fuera utilizado como caja chica para sobrevalorar obras con las cuales sobornar a diputados o pagar a financistas de campaña. Y a finales del año pasado, con el acuerdo gubernativo 247-12 se autorizó a todas las unidades del Estado a comprar a Industria Militar, en una tercerización que únicamente sirve para la sobrevaloración de los productos y el aumento del presupuesto de la institución más opaca del Estado, el Ministerio de la Defensa.
La opacidad se extiende en áreas de tensiones por recursos naturales. Después de un proceso de negociación serio, de dos años, en el área ixil, entre la italiana Enel y organizaciones comunitarias, este se dejó de lado. En sustitución, este año se cerró un acuerdo entre la empresa, la municipalidad de San Juan Cotzal, la diputación del Quiché, ambas del PP, y la Presidencia, con el resultado de un ingreso risible para el Estado en materia de impuestos.
La opacidad y debacle de un sistema de transporte subsidiado sin ninguna fiscalización es otra de las prácticas opacas que ha mantenido esta administración.
Esta tendencia parece irreversible. La oposición se divide entre bancadas pequeñas y débiles y una bancada mayoritaria, de Líder, con señalamientos fuertes de institucionalizar a lo interno la corrupción. Las fuerzas sociales sólo han conseguido retrasar la aprobación de estas medidas y las críticas de la opinión pública no hacen mella en el Partido Patriota, que tuvo como oposición y en campaña a la lucha contra la corrupción entre sus banderas.
Es en el Congreso en donde tienen que suceder cambios estructurales, con las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que alimenta la perversidad del sistema de financiamiento y cobro de financiamiento privados; y la opacidad en el sistema financiero, que permite el lavado del dinero alrededor del Estado, en sus gastos y en sus ingresos: la corrupción y la evasión fiscal.
El último resorte de la democracia para frenar esto son las instituciones encargadas de poner límites al poder público: el Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos, la Contraloría, los jueces, los medios de comunicación y, especialmente, los ciudadanos.