Según notas de prensa, el nombramiento de la titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) fue objeto de disputa. Ganó la ingeniera Sherry Lucrecia Ordóñez Castro, quien fue juramentada la noche del 14 de enero. No habían transcurrido ni 24 horas, y este nombramiento ya es el primer escándalo del nuevo gobierno.
La ingeniera Ordóñez ha sido contratista del Estado: entre 2006 y 2014, el fideicomiso de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y el CIV le adjudicaron ocho contratos por un monto acumulado de 15.8 millones de quetzales. Actualmente no tiene contrato vigente, por lo cual, en rigor jurídico, no tiene impedimento legal.
Ahora, el problema con la ministra no es el impedimento legal, sino el conflicto de interés. Ella ha liderado un grupo de contratistas del Colegio de Ingenieros de Guatemala que reclaman pagos por deuda flotante. En 2013 y 2014 figuró públicamente alegando que la obra pública se había hecho «con su dinero» y hasta querelló penalmente contra el ministro de Finanzas para exigir el pago. Vaya visión de Estado la que tiene. El conflicto de interés se evidencia si nos preguntamos cuál será su prioridad: gestionar los pagos que le interesan a su sector o realizar las obras que realmente se necesitan.
Para agravar el asunto, causa desconfianza que la ingeniera Ordóñez se atreva a decir que la información en Guatecompras es falsa. La ministra demuestra ignorancia total de cómo funciona este sistema, ya que toda la información está respaldada con copias de los documentos, en los que aparece hasta su firma. ¿Por qué negarlo? ¿Qué quiere esconder?
Además, por si no fuera poco, el día siguiente a su juramentación, la SAT la inhabilitó en el sistema Guatecompras, ya que tiene un adeudo tributario que está en proceso de cobro por la vía económico-coactiva (proceso 167-2011, oficial tercero, juzgado de primera instancia civil y económico coactivo de Mixco). Pese a la evidencia, la flamante ministra también negó este incumplimiento de sus obligaciones. Su resistencia al pago de impuestos tuvo que llegar a un juzgado.
A mi juicio y opinión, la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos tiene una falencia mayor, pues no prohíbe asumir un cargo público cuando se tienen estos conflictos de interés o adeudos tributarios (una reforma más que el Congreso debe aprobar). Así pues, de nuevo, la ingeniera Ordóñez no tiene impedimento legal para asumir el cargo, pero sí un problema ético: ¿qué se puede esperar de esta ministra en un cargo tan delicado como la administración de los contratos de obra pública o de la Covial, uno de los focos de corrupción más pestilentes, si ni siquiera es honesta en el pago de sus impuestos?
Repito: sin ser jurista, creo que la legislación vigente no impide el nombramiento. Pero justamente el mandato más importante que tiene Jimmy Morales es impedir abusos derivados de las deficiencias y de los vacíos en las leyes, frenar el aquelarre de la corrupción. El presidente Morales sí tiene el poder y la facultad legal para destituirla.
¿Acaso no es harta obligación del nuevo presidente destituirla por evidente conflicto de interés y por prueba documentada de incumplimiento de obligaciones fiscales? ¿Acaso no es ese el criterio mínimo que le encomendaron los ciudadanos que votaron por él?
Mi pronóstico es que, sin presión ciudadana, Jimmy Morales no destituirá a la nueva ministra y que, si el presidente se acobarda protegiéndola y ella continúa en el cargo, este gobierno repetirá la historia de corrupción que no queremos.
El sábado en la plaza se gritaron consignas enérgicas como «¡estamos vigilándolos!» y «¡cero tolerancia a la corrupción!». ¿De verdad?
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