Desde 2007, cuando Tahoe Resources inició operaciones de explotación en San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, sus habitantes respiran y viven en tensión. Es también desde entonces cuando defensores de derechos humanos y de su territorio han sido amenazados por personal de la empresa y por habitantes de las aldeas Los Planes, El Fusillo y La Cuchilla, y se han visto obligados a desplazarse tras la destrucción o el resquebrajamiento de sus viviendas producto de las detonaciones de la mina.
Esta situación la documentó el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar en el diagnóstico de desplazamiento forzado interno que publicó recientemente. También lo han hecho ver Plaza Pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatora especial sobre los desplazados internos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Pero sobre todo lo han manifestado las personas afectadas. Desde 2012 muchos habitantes de La Cuchilla han expresado su temor de vivir en sus viviendas por los daños evidentes en paredes y pisos agrietados. En 2016 se desplazaron forzadamente al menos 300 personas de La Cuchilla y unas 30 más de comunidades vecinas.
Estas personas desplazadas, además de perder sus viviendas, perdieron la tierra no solo como bien material, sino como pertenencia al lugar y a la comunidad. Asimismo, se transforman las lógicas productivas y se obliga a quienes antes vivían de la agricultura y producían sus propios alimentos a comprarlos. Los lleva a buscar empleo en otros departamentos porque la mina no ofrece trabajo para todos.
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Este escenario debe analizarlo la CC antes de resolver si la mina San Rafael continúa o no con la explotación de minerales. Y por ello debe evitar contaminarse con los discursos, lamentos y presiones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y del vicepresidente Jafeth Cabrera.
Dejar que continúe la explotación es casi una sentencia para que ocurran más desplazamientos tanto por la destrucción de viviendas como por la tensión comunitaria que seguramente se generará. Habrá amenazas y violencia, y las personas más visibles, los voceros de la comunidad, como en los casos de la mina Marlin o de El Tambor, deberán huir de sus comunidades para proteger su vida.
Así, la negativa a Tahoe Resources no es el fin del mundo, más para un país con un gran potencial cultural y natural. Representaría replantear la economía del país, buscar fórmulas que permitan una economía pujante, seria, responsable, respetuosa de los derechos de sus habitantes, que busque el desarrollo de los guatemaltecos. Costa Rica lo hizo. Es el único país de Centroamérica con una ley que prohíbe la minería a cielo abierto, aprobada en 2010. ¿Por qué no lo puede hacer Guatemala?
Lo que está en juego no es un sí o un no a la extracción de plata y de otros minerales en San Rafael Las Flores, sino el futuro del país. La decisión de la CC puede representar un momento histórico para repensar y plantear un verdadero modelo de desarrollo económico, así como la garantía del debido proceso relacionado con el derecho de la autodeterminación de las comunidades afectadas.
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