La discusión sobre la Reforma del Estado que hemos venido desarrollando en las semanas anteriores no podía tener mejor contexto que lo que ocurre en la actualidad: el debate y la lucha por las decisiones de las Comisiones de Postulación. Lo que está en juego no es para menos: el cumplimiento efectivo del Estado de Derecho para todos, o la aplicación de la ley únicamente para el “ciudadano de a pie”, aquel que no está cobijado por el manto de la impunidad y la red de favores clientelares.
La historia de las Comisiones de Postulación y sus vicisitudes demuestran claramente que los aspectos teóricos del diseño institucional son vitales para fortalecer la institucionalidad pública en Guatemala: la ley actual (el decreto Legislativo No. 19-2009) fue planteada en un momento en el que se intentaba poner un freno a la designación a dedo en las instituciones que la teoría democrática llama de control: aquellas instancias diseñadas para controlar, fiscalizar y desarrollar acciones que sean independientes de los “negocios” del titular del Organismo Ejecutivo, que en países presidencialistas como los nuestros, tienden a concentrar un poder casi ilimitado.
La historia demuestra que los principios del diseño institucional con el que fue elaborada tal normativa fueron los erróneos: por ejemplo, se intentó “desaparecer” la influencia política, al otorgarle a la “academia” un papel fundamental: de ahí surgió la idea de darle un peso preponderante a los Rectores de las universidades del País, y a incorporar a los decanos de las Facultades de Derecho. El resultado: se tendió a politizar a las universidades, y a generar un incentivo perverso para fundar nuevas facultades de derecho.
Otro principio erróneo fue el que la ley le otorga un gran peso analítico a varios conceptos difusos, que no lograron ser “traducidos” adecuadamente para que fueran operacionalizables, institucionalmente hablando: ¿Cómo se demuestra la “honorabilidad” y la “idoneidad” en el ejercicio de una profesión?
La famosa “tabla de gradación” contemplaba, igualmente, puntos por actividades y títulos académicos posteriores a la licenciatura: el resultado, la apertura de muchos programas de posgrado con poca calidad académica, y la multiplicidad de figuras con aspiraciones políticas que empezaron a “graduarse” con títulos de maestría y doctorado, aunque la calidad académica no estuviera probada.
El punto medular del diseño de las comisiones de postulación, por tanto, es la de garantizar la independencia de las instituciones de control y de contrapeso al poder político, eso ya se sabe. ¿De quién deben ser independientes? Esa es la pregunta fundamental. Las sucesivas propuestas de tablas de gradación solo demuestra el juego de ajedrez que permita que diferentes sectores coloquen con ventaja a sus “piezas”, de manera que la discusión se vuelve interminable.
Mientras no establezcamos diseños “en abstracto”, libres de todo interés, que permitan el surgimiento de autoridades que solamente se deban al “deber ser” académico, ético y profesional, la batalla por la institucionalidad en Guatemala continuará, por los siglos de los siglos…
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