No termino de sentir cansancio, fastidio y aburrimiento ante el desfile de moralistas y doctores de la ley rasgándose las vestiduras y señalando con dedo inquisidor a la pareja presidencial. Desfile con fanfarria mediática que remueve sentimientos y pasiones en las mentes más conservadoras, logrando promover con efectividad el tan peligroso odio colectivo.
En tanto transcurre esta ofensiva mediática, me indigna y asusta la indolencia ante los problemas de fondo, los problemas reales que debemos resolver. Como ejemplo, uno sólo entre una miríada, la tragedia humana que están sufriendo las más de 800 familias desalojadas de las 13 fincas del ingenio Chabil Utzaj, en Panzós, Alta Verapaz.
Alivio a esta indignación fue la publicación en Plaza Pública del análisis de Enrique Naveda, titulado “Panzós en la turbina”. Muy completo y bien documentado, inicia y concluye con un dardo certero a la “moral” (así, entre comillas): ¿A quién, después de todo, iba a importarle Antonio Beb Ac? Y es que al leer la pregunta siento vergüenza, porque parece que no nos importa el vil asesinato de un campesino q’eqchi’ en un desalojo violento, pero nos rasgamos las vestiduras y proclamamos a los cuatro vientos los altísimos valores morales del matrimonio.
Porque, además de hipócrita, me parece morboso que, por un lado, se dediquen costosos espacios en los medios para especular sobre trivialidades como si Sandra Torres continuará conviviendo con Álvaro Colom. Pero por otro, a dos semanas del desalojo en Chabil Utzaj, nadie tiene la decencia mínima de preguntarse qué pasó con esas más de 800 familias.
Al parecer, a nadie le parece digno de interés o prioridad investigar, o por lo menos preguntar sobre las condiciones en las que se encuentran los cientos de hombres y mujeres desalojadas, muchos niños y adultos mayores entre ellos. Y es que, después del desalojo, no han tenido otra opción que ubicarse al lado de una carretera, a esperar alguna ayuda o algo de comer. Además, con miedo y angustia no sólo por la muerte de Beb Ac, sino porque continúan sin aparecer algunos de los heridos producto de la violencia del desalojo y continúan siendo objeto de intimidaciones.
Madurar como sociedad, dejando de lado la hipocresía moral y la manipulación mediática, implicaría, por lo menos:
Verificar y subsanar la situación de las familias desalojadas. Exigirle al Estado que proteja a esas personas es realmente cumplir el deber constitucional de proteger a la familia (artículo 1 de la Carga Magna), más que escandalizarse por el “divorcio presidencial”.
A las entidades estatales responsables de haber evitado la tragedia, exigir un informe detallado sobre cómo velaron por el cumplimiento de lo que establece la Observación General No. 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Me pregunto si sería dable para esta investigación la misma ferocidad que los doctores de la ley han desplegado en el caso del “divorcio presidencial”.
Exigir al Ministerio Público informes periódicos de seguimiento al avance en las investigaciones del asesinato de Antonio Beb Ac.
Investigar qué empresa es la que provee servicios privados de seguridad a Chabil Utzaj, qué armas poseen y la legalidad de su uso.
Investigar qué inversionista extranjero exigió el desalojo de los campesinos como condición para aportar Q150 millones como garantía de los préstamos en mora con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), a fin de resolver la insolvencia financiera del ingenio Chabil Utzaj.
Evitar afrontar las consecuencias y emprender la reparación y resarcimiento del ultraje y la tragedia humana de Chabil Utzaj es una responsabilidad del Estado. No hacerlo es verdaderamente inmoral. ¿Tanto nos cuesta deshacernos de la hipocresía moral para entender algo tan sencillo?
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