Su gobierno, o desgobierno, lo vislumbré como un frío ventarrón del norte venido del Golfo. Tiró por la borda las pocas esperanzas de la población: Propósitos de nación y Estado, expectativas de mejoría económica y los anhelos de transparencia en el manejo de la cosa pública. Su mandato estuvo signado por la controversia, fue como una continuidad del fiasco de la Democracia Cristiana capitaneada por Vinicio Cerezo Arévalo.
Pero, a pesar del vacío con sabor a naufragio que me dejó su paso por la más alta magistratura de la nación, no puedo cerrar los ojos ante la alevosa manera en que fue extraditado: En un avión ambulancia. Pérfida manera esa de enviarlo enfermo porque, aunque es de reconocerse el cuidado de enviar un vehículo acorde a su estado de salud, ello no lo colocaba fuera del riesgo de complicaciones. De tal manera, no argumentaré acerca de recursos legales que presuntamente estaban o están pendientes de solventarse sino sobre aquellos aspectos de su salud a ojos vista irrefutables, habida cuenta de los hechos noticiados por la prensa nacional e internacional.
De inicio, las declaraciones del médico tratante de Alfonso Portillo fueron contundentes. Según un periódico digital, el especialista afirmó: “Es una irresponsabilidad el traslado del expresidente. Por el padecimiento que tiene de arritmia y el derrame pleural, ya que el estrés lo podría llevar hasta la muerte”. Y dicha opinión, emitida por un colegiado activo, con fe pública y miembro reconocido del hospital donde el expresidente estaba internado, debió ser considerada sin perjuicio de la intervención de los médicos del Inacif. En todo caso, de haber habido opiniones encontradas, la petición de un tercer dictamen y el cotejo de las calidades académicas de los profesionales en discordia era lo conveniente.
A raíz de los sucesos, sobrevino un aluvión de preguntas a los funcionarios implicados, fueron realizadas por diputados y periodistas. Vale la pena analizar las respuestas.
El médico de Alfonso Portillo, —Dr. Aníbal Rodas—, fue muy claro al responder a la pregunta: “¿Estaba en condiciones de salud el expresidente Portillo para sacarlo del Centro Médico Militar y extraditarlo?” A ello contestó: “Ese día, el 24, yo fui el último que me di cuenta por el movimiento de los agentes, cuando salió del hospital no me dio tiempo de darle medicamento, y tal como estaba su estado, no podíamos darle egreso”.
En ese contexto ha de saberse que una entrega de paciente debe ser de médico a médico, en forma solemne, profesional, ética y científica. No son aceptables las prisas, los arrebatos y las improvisaciones. De acuerdo a lo noticiado por elPeriódico el 25 de mayo, págs. 2-3, en cuestión de 21 minutos Portillo fue sacado del Centro Médico Militar, trasladado a la FAG y puesto en vuelo.
Como si fuera poco lo sucedido, el Procurador de los Derechos Humanos informó al Congreso que “en ningún momento la Cancillería guatemalteca notificó de la salida del mandatario, pese a la existencia de una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba un monitoreo diario” (elPeriódico, 28 de mayo, pág. 4).
Y lo inaudito: El Canciller soslayó el estado de salud del extraditado. A la pregunta “¿No se puso en riesgo la salud de Portillo al sacarlo del Centro Médico Militar?”, Fernando Carrera respondió: “No es competencia de la Cancillería evaluar su estado médico, y como persona no puedo darle una respuesta porque yo soy economista”.
Los resbalones no quedaron allí. El ministro de gobernación tuvo el suyo. Explicó que no le competía verificar quién recibió al expresidente Portillo en la aeronave ya que Relaciones Exteriores estaba a cargo del proceso de extradición. Si nos atenemos a tal manifiesto, simplemente no se dieron cuenta de a quién o a quienes entregaron el reo. ¿Habrá sido posible?
Dejo claro: No estoy defendiendo a una persona quien, entre otras gracias, confesó abiertamente haber matado a dos personas en Chilpancingo. Y se ufanaba de ello. Abogo sí, porque los actos jurídico políticos como las extradiciones se realicen apegados a derecho y en forma civilizada y humanitaria. No podemos seguir exhibiéndonos ante el concierto de naciones como salvajes e ignorantes. Guatemala merece un mejor prestigio.
Me queda la duda en relación al momento y manera de llevar a cabo la batahola. Algo me dice que, a más de cumplirse con un procedimiento legal, el bullicio implica la intención de crear una enorme cortina de humo. ¿Por qué y para quién? Vaya usted a saber.
Vuelvo al cuestionamiento que he estado planteando hace muchas semanas: ¿No será la ocasión de repensarnos como Estado? El juicio del siglo y la extradición del siglo son síntomas y signos de esa necesidad.
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