Si tuviéramos acceso al voto en el extranjero (algo que entiendo ya se está empezando a vislumbrar seriamente), seguro estaríamos convocados como el resto de los más de siete millones de votantes inscritos en territorio nacional, a pronunciarnos eventualmente a favor o en contra del paquete de 51 reformas constitucionales que se avecina. De allí que para los ciudadanos interesados en los destinos del país, la lectura de la recién anunciada propuesta gubernamental es imperativa.
Porque el proyecto de reforma constitucional no es una política pública per se, la cual puede ir evaluándose y readecuándose periódicamente según se vaya implementando a lo largo de su ciclo de vida. Se trata de una tarea mayor pues busca renovar y sellar el pacto político de manera sustancial e (idealmente) atemporal. Como lo indicara pertinentemente Edelberto Torres-Rivas, se trataría de reparar las anomalías o carencias del Estado guatemalteco. Según uno de los asesores del gobierno en esta campaña, Edgar Gutiérrez, el diagnóstico hoy por hoy, refleja que el Estado es deficiente en su misión de cohesionar a la sociedad, alejar las amenazas criminales y mitigar la porosidad. Ante este difícil escenario, Gutiérrez ofrece la raison d’être detrás de la propuesta gubernamental de reforma constitucional y formula una serie de preguntas que deberíamos adelantar para la discusión; entre ellas, si los cambios propuestos a la Constitución nos ayudarán a fortalecer la base financiera del Estado por una vía alterna a la tributaria.
En esta línea, me llama mucho la atención el correspondiente al subsidio de la educación privada contenida en el artículo 73 sobre empresas educativas privadas. Dice la nueva propuesta que: “Los centros educativos privados como centro de cultura gozarán de exención de toda clase de impuestos directos, que graven el patrimonio de los mismos y la renta, siempre que no distribuyan utilidades”. Consulté con algunos especialistas muy versados en el tema y dos de ellos me dijeron que esta es una de las mejores propuestas puesto que la Constitución actual los exonera completamente de impuestos directos como indirectos y que ahora se agrega “siempre que no distribuyan utilidades”, es decir que no se repartan ganancias –supongo yo–, entre socios del negocio. Ahora bien, eso de “centro de cultura” ninguno pudo ayudarme a descifrarlo; semánticamente luce así un poco antojadizo.
Se saluda la propuesta de que estos empresarios estarían obligados a pagar al menos ciertos tributos al erario y a no lucrar exclusivamente con la educación, pero se esperaría que las leyes ordinarias sean lo suficientemente abarcadoras para regular este incentivo por medio de auditorias periódicas, así como determinar cómo se pueden reinvertir estas ganancias en beneficio del bien común. No queda claro todavía si es a través de fundaciones, organismos no gubernamentales u otras entidades que pudieran servir tanto para la capacitación del personal docente como para ofrecer mayores oportunidades de estudio y alcanzar la excelencia académica incluyendo a más estudiantes, sobre todo aquellos de bajos recursos. Además, como decía uno de los expertos, esta propuesta no incluye todavía a las universidades privadas.
Un amigo economista me explicaba que la prestación del servicio educativo en una economía de mercado puede incentivarse a través de dichas exoneraciones, así el Estado no tiene que servirlo directamente. Intuyo allí el supuesto de que el libre mercado de la enseñanza y las decisiones bien informadas de los padres coadyuvaría a mejorar la educación en el país. Pero a ninguno escapa que la educación privada es un negocio redondo y que el suministro de este servicio por parte de la empresa privada no mejora la calidad en los resultados educativos de los estudiantes. Mi amigo me recordaba sobre el escaso nivel de preparación de los maestros tanto en escuelas públicas como en colegios privados. Este subsidio estatal a los colegios privados en principio debiera producir externalidades positivas, o beneficios en general, objetivo que no se cumple adecuadamente en el país.
De no privilegiar y mejorar el rubro de la educación pública, no superarse el conflicto entre estudiantes normalistas y el ministerio de Educación e implementarse una carrera magisterial de lujo, las inequidades estructurales en el acceso a la educación, entre aquellos que pueden pagar una educación del primer mundo y otros que no, corren el riesgo de subsistir, con o sin reforma constitucional. Nos encontramos pues ante tremendo hormiguero, parafraseando al analista Alvaro Velásquez, ya que si bien sabemos que en el menú hay algunas reformas necesarias, muchos estamos todavía escépticos sobre dos temas: a) el alcance y densidad de las 51 reformas y b) su pertinencia en la coyuntura actual. Esperamos que en esta fase de consulta política, el gobierno escuche, pondere y rectifique sus propuestas, ceñidas a los grandes intereses nacionales.
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