En materia de trabajo digno, enfrenta los problemas de un modelo de acumulación que se reproduce a un escaso 31 % de economía formal. Esto provoca que la mayoría de la población económicamente activa no tenga empleo permanente, salario suficiente, condiciones laborales adecuadas, seguridad y previsión social.
Los trabajadores asalariados sufren cada año la caída del salario, mientras que la parte patronal aumenta sus ganancias. Así, en 2002 la remuneración de los salarios representó el 33.4 % del producto interno bruto y el excedente de explotación el 38.2 %. Sin embargo, en 2017 ambos representaron el 29.9 % y el 42.3 %, respectivamente. Es decir, mientras los salarios disminuyeron su importancia en 3.5 %, las ganancias de la parte patronal aumentaron en 4.1 %. En términos brutos, los salarios significan cada vez menos, mientras que las ganancias de la parte empresarial aumentan sustancialmente.
Las fuentes de empleo son cada vez más precarias. El empleo que el modelo de acumulación genera año tras año es insuficiente, por lo que miles de hombres y mujeres, especialmente jóvenes, son obligados a emigrar. Quienes logran acceder a un trabajo asalariado se encuentran con un salario mínimo vigente de Q2,992 (incluidos bonificación e incentivo), insuficiente para cubrir la canasta básica alimentaria, que en marzo de este año se situó en Q3,564, y, aún más, para garantizar la canasta básica ampliada, que asciende a Q8,230. Adicionalmente, el salario pierde cada año su valor adquisitivo, de modo que entre entre 2010 y 2019 su valor real bajó de 100 a 72 centavos por quetzal. En lo inmediato, en marzo de este año la inflación acumulada fue de 1.44 % y el precio de los alimentos aumentó en 9.77 %.
Según denuncias de organizaciones como la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala Histórica (Unsitragua Histórica), el salario mínimo suele incumplirse, en especial en sectores agrícolas como los del café, el hule, la palma aceitera y la caña de azúcar, así como en la administración municipal, entre otros. Además, la misma organización sindical ha constatado cómo históricamente la representación empresarial ha propugnado por mantener sin alza el salario mínimo con la justificación de que su aumento vuelve al país poco competitivo y atractivo para la inversión. De hecho, para este año las partes patronal y gubernamental impidieron el incremento del salario nominal.
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Las denuncias sindicales evidencian, además, constantes violaciones de derechos laborales como el incumplimiento del salario mínimo, el impago de horas extras y la falta de prestaciones laborales y de seguridad social, además de la implementación de mecanismos como la contratación por períodos cortos para quebrar la relación laboral, la modificación de pesas para pagar menos al trabajador a destajo y el afianzamiento de salarios mínimos diferenciados. En especial, a la mujer se le paga un salario inferior (en la agroindustria se registran pagos menores hasta en un 50 %), se le exige prueba de embarazo antes de ser contratada y se le despide al resultar embarazada. Además, las mujeres sufren problemas como el acoso laboral y el acoso sexual.
Las denuncias al Ministerio de Trabajo y a instancias judiciales resultan infructuosas. En general, el movimiento sindical evidencia una política antisindical para evitar que el trabajador defienda sus derechos. Esto se refleja en el escaso 1.7 % de sindicalización en el país y en las constantes amenazas, persecuciones y asesinatos que sufren los trabajadores cuando intentan sindicalizarse. La Unsitragua Histórica reporta 96 sindicalistas asesinados entre 2010 y 2019.
Mientras lo anterior es una constante y deplorable realidad, las políticas empresariales y estatales son contrarias al trabajo digno, por lo que la estabilidad, la remuneración necesaria, las condiciones adecuadas y la libertad de organización sindical no mejoran. Contrariamente, existe una política de intolerancia al sindicalismo y violaciones constantes de los derechos laborales.
Al llegar a un nuevo Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, la situación de la mayoritaria clase trabajadora se agrava y hace crecer los desafíos en la defensa de sus derechos, así como los retos de transformar un Estado que no responde a su mandato como garante de derechos.
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