Los fondos de cooperación oficial –Estados u organismos multilaterales– se convierten en el complemento de la agenda estratégica que los países desarrollados diseñan para cada región del mundo. Como un ejemplo, basta darle un vistazo a la enorme inversión que los Estados Unidos de América y otros países han realizado en Afganistán a partir de 2001, con magros resultados en torno al fortalecimiento de instituciones democráticas de tipo occidental y la erradicación de cultivos de amapola.
No se debe culpar a los donantes por todos los males que sufren los países receptores, aunque pueden apuntarse diversos errores en la implementación de planes y programas, que han creado una leyenda negra alrededor de las agencias de cooperación, y que se ha extendido a las organizaciones no gubernamentales que implementan sus programas. Esta situación es utilizada habitualmente por sectores conservadores, para atacar a grupos que promueven la defensa de derechos individuales o colectivos. Lamentablemente, muchos de estos ataques tienen sustento en las prácticas de individuos u organizaciones, que se han acostumbrado a operar en la opacidad, justificándose en una pretendida corrección política, que los hace intocables. En mi propia experiencia en la dirección de un programa de donaciones, alguna organización de sociedad civil justificó glosas de auditoría por el mal uso de recursos, señalando que no se cumplían con las normas de contabilidad, porque estas no forman parte del derecho propio de los pueblos indígenas.
Y es que en la cooperación florecen las contradicciones: países que no han ratificado el convenio 169 de la OIT promueven los derechos de los pueblos indígenas. Los países más permisivos en cuanto a la tenencia y portación de armas de fuego impulsan campañas de desarme. Múltiples donantes promueven la vigencia de los derechos laborales, pero no reconocen pagos de seguridad social ni beneficios dentro de sus costos elegibles.
Sin embargo, no debe negarse el indudable efecto positivo de la cooperación en el fortalecimiento de áreas estratégicas como justicia, derechos humanos, seguridad ciudadana, generación de estadísticas, incorporación de tecnología, seguridad alimentaria y salud, en apoyo a los esfuerzos estatales que sufren de serias limitaciones para atender áreas estructurales. Se debe destacar que una parte muy importante de la modernización implementada en los sistemas judiciales de América Latina corresponde a esfuerzos de cooperación, al igual que el diseño e implementación de programas para la simplificación de procesos burocráticos –conocidos como ventanilla única, que han facilitado a medianas y pequeñas empresas el acceso a la formalidad y la formación de los valores del emprendedurismo.
Debe reconocerse también el esfuerzo realizado en la última década por diversas agencias de cooperación oficial y organismos multilaterales, para mejorar la implementación de controles sobre el manejo de los recursos económicos. Auditorías anuales, en conjunto con ejercicios periódicos de monitoreo y evaluación, que permiten apreciar los niveles de avance sobre los indicadores planteados al inicio de los proyectos, forman un conjunto de medidas que se han estandarizado y constituyen prácticas corrientes para la mayoría de donantes y ejecutores. De la misma forma, la aprobación de la financiación de proyectos se da a través de cuerpos colegiados, conformados por profesionales de distintas ramas, que evalúan, de acuerdo a mecanismos preestablecidos, la pertinencia de las iniciativas que se someten a su conocimiento. En el caso de otros donantes, como organizaciones privadas y fundaciones de familia, las prácticas de control se han ido incorporando paulatinamente, pero hace falta aún un esfuerzo mayor para implementar mecanismos eficientes.
En el contexto de la crisis y la recesión más recientes, los fondos de cooperación empiezan a ser escasos. En algunos casos, países desarrollados que han girado recientemente hacia la derecha, esos gobiernos han reorientado los recursos hacia otras prioridades estratégicas de acuerdo a su valoración ideológica. En otros, como en España, la realidad de los recortes alcanza también a la agencia oficial de cooperación –AECI. Estos cambios se trasladan a nuestros países en una reducción de los montos para financiación, y una mayor selectividad de las propuestas, que han impactado en el sector no gubernamental, haciendo tambalear aún a organizaciones que se consideran tradicionales y estables.
En este panorama complejo, el futuro de la cooperación seguramente pasa por repensar prioridades. Es deseable que no se rehúyan los retos permanentes del fortalecimiento del Estado de Derecho, sobre las necesidades coyunturales. En todo caso, no se debe olvidar que la responsabilidad principal por mejorar la justicia, los servicios de salud y la seguridad ciudadana, así como garantizar la seguridad alimentaria, son responsabilidades de los Estados, no de la cooperación.
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