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La CICIG arremete contra los “bufetes de la impunidad”
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La CICIG arremete contra los “bufetes de la impunidad”

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La CICIG y el MP cortocircuitaron la estructura criminal que en los últimos dos años ha defraudado millones de quetzales desde el sistema de aduanas. Esta vez, centraron sus pesquisas en los abogados defensores de los supuestos cabecillas de “La Línea”, y en la jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling, encargada del proceso judicial. El objetivo: corregir el rumbo de la investigación criminal y del proceso penal, que corría el riesgo de desviarse debido a la “corrupción” que impera en el sistema de justicia del país, según explicó el jefe de la CICIG, Iván Velásquez.

En el último capítulo de esta historia, según lo establecido por la CICIG, fueron las escuchas telefónicas las que vinculan a Luis Mendizábal y Ortiz Arriaga, con el bufete de abogados de José Arturo Morales Rodríguez
El miércoles 20 de abril, Morales Ramírez se presentó al despacho de la jueza en su calidad de defensor de “Jerez”, González y Miguel Ángel Lemus Aldana. Un día más tarde Sierra de Stalling decretó las medidas sustitutivas.

En menos de cuatro horas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) lograron la recaptura de Francisco Javier Ortiz Arriaga, alias “Teniente Jerez”; Salvador Estuardo González Álvarez, alías “Eco”; y Miguel Ángel Lemus Aldana, señalados de ser los “mandos superiores” de la estructura. Además, detuvieron a José Arturo Morales Rodriguez (alias Chepito), jefe del bufete que defendía a los señalados y, según la CICIG, coordinador de una “red de impunidad” que operaba dentro del Organismo Judicial; Ruth Edemilse Higueros Alay (alias Emy), coordinadora operativa del despacho y quien asignaba las tareas a “abogados y procuradores de la organización criminal”; y Jorge Luis Escobar Gómez, asistente operativo de la red. También intentaron, sin éxito, capturar al empresario y experto en inteligencia Luis Alberto Mendizábal Barrutia, supuesto integrante de “La Línea”. Al no localizarlo, lo declararon prófugo. Como colofón, presentaron una denuncia por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho pasivo en contra de la jueza Sierra González de Stalling. La señalaron de haber recibido “dádivas” por parte de los recapturados y sus abogados a cambio de concederles medidas sustitutivas para recuperar su libertad.

Las escuchas telefónicas

En el caso de “La Línea”, todo empieza y concluye con una llamada telefónica. Llamadas telefónicas entre importadores y miembros de la red externa de defraudación para acordar precios para sus furgones, llamadas entre los miembros externos de la red y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar el paso de los contenedores; llamadas entre los jefes externos de la red —Ortíz Arriaga (Teniente Jerez), González Álvarez (alias Eco) y Luis Méndizabal—, y las máximas autoridades de la SAT, Carlos Muñoz, primero, y luego Omar Franco. Y por encima de todos ellos, llamadas con Juan Carlos Monzón, el exsecretario privado de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, y desde el 16 de abril prófugo de la justicia. Llamadas telefónicas, también, entre los procesados, sus familiares y sus abogados, para, por medio del soborno, poder salir de prisión tras el pago de una fianza.

En el último capítulo de esta historia, según lo establecido por la CICIG, fueron las escuchas telefónicas las que vinculan a Luis Mendizábal y Ortiz Arriaga, con el bufete de abogados de José Arturo Morales Rodríguez, quien había comenzado desde el momento de la captura de los sindicados, el 16 de abril, a gestionar su liberación. Para ello habría retirado de bancos del sistema Q1.9 millones. Del análisis de las llamadas intervenidas, la CICIG y el Ministerio Público concluyen que el mismo día de su detención y al día siguiente, aun estando en prisión, los detenidos coordinaban su salida.

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En una conferencia de prensa ofrecida tras concluir con los procedimientos judiciales de este viernes, el comisionado de CICIG, Iván Velásquez; la fiscal general, Thelma Aldana; y el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dieron a conocer los resultados de esta investigación. El objetivo, explicaron, es retirar el antejuicio a la jueza Sierra González de Stalling, y que esta deje de conocer el caso, para que el mismo pase a uno de los juzgados de Mayor Riesgo. La jueza cuestionada es hermana del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Arturo Sierra y cuñada de la actual presidenta de la Cámara Penal de la CSJ, Blanca Stalling.

Como un evento afortunado, como un elemento clave e inesperado, calificó Velásquez el hecho de que Luis Mendizábal y Ortiz Arriaga siguieran usando sus teléfonos luego de las capturas del 16 de abril, a pesar de que éstos estaban intervenidos por los investigadores desde tiempo atrás.

La línea del dinero

El 20 de abril Ortiz Arriaga, González Álvarez, y Lemus Aldana recobraron su libertad tras pagar una fianza de Q200 mil cada uno. Tras escuchar los elementos de investigación presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la jueza Sierra González de Stalling, resolvió ligar a proceso por el delito de asociación ilícita y medida sustitutiva con pago de fianza de Q200 mil y Q250 mil a Salvador Estuardo González, presunto jefe de estructura externa superior; Francisco Javier Ortiz Arriaga, presunto jefe estructura externa media; Miguel Ángel Lemus Aldana y Mónica Patricia Jáuregui, integrantes de estructura externa media; Carlos Ixtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso, ambos vistas aduaneros, por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera.

Los 16 detenidos restantes, señalados de formar parte de esa red criminal, fueron ligados a proceso por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera, y enviados a prisión preventiva.

De los favorecidos con la medida sustitutiva para recuperar la libertad, sólo Mónica Patricia Jáuregui no pudo reunir en cuestión de horas la fianza. Este hecho disparó las alarmas de la CICIG. “Las medidas sustitutivas no son producto del clamor popular, ni de una decisión jurídica fundamentada, sino de un acto de corrupción”, indicó Velásquez.

—¿Se comprueba que la jueza recibió algún soborno? —se le inquirió al comisionado.

—Si la jueza recibió dinero o no, es motivo de la investigación que podrá realizarse a partir del levantamiento de la inmunidad que esperamos. —respondió el jefe de la CICIG. La vinculación de la jueza, agregó, se hizo a partir de las comunicaciones interceptadas entre los jefes de la estructura, que se encontraban detenidos. En ellas acordaron sacar el dinero en efectivo “de contadito”, para conseguir las medidas sustitutivas; así como del cobro de cheques y retiros monetarios de las cuentas del “Teniente Jerez” por Q1.9 millones.

Una hija de “teniente Jerez” realizaba retiros de US$50 mil y US$4 mil de cuentas bancarias de su padre, los cuales justificó en la declaración ante el banco que eran para “el pago de caución o fianza”. A su vez una ahijada del “Teniente Jerez” retiró, el viernes 17 de abril, Q1 millón 300 mil y en la papeleta bancaria definió que el dinero era para “el pago de una fianza”. Por su parte, Ruth Edemilse Higueros Alay, empleada del bufete de Morales Rodríguez, ya trabajaba en obtener las medidas sustitutivas. Todo ello ocurría antes de que la jueza Sierra González de Stalling otorgara las medidas sustitutivas.

El miércoles 20 de abril, Morales Ramírez se presentó al despacho de la jueza en su calidad de defensor de “Jerez”, González y Miguel Ángel Lemus Aldana. Un día más tarde Sierra de Stalling decretó las medidas sustitutivas.

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“Este bufete de impunidad lo que pretende es, con sus amistades y relaciones, cubrir todos los frentes para lograr esas medidas sustitutivas, y esas medidas se conceden. Para nosotros esos son elementos suficientes como para pedir el levantamiento de la inmunidad de la señora jueza por el delito de cohecho pasivo”, indicó Velásquez.

El delito de cohecho pasivo se refiere al funcionario que solicite o acepte bienes, beneficios, promesas o ventajas para sí mismo u otra persona “a cambio de que dicho funcionario o empleado público realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”. La sanción para este delito es de cuatro a diez años y multa de Q50 mil a Q500 mil. Si el funcionario fuera quien pidiera el soborno, la pena se incrementaría en un tercio. Si el funcionario denunciara el ofrecimiento de soborno, sería protegido por las autoridades.

El delito de prevaricato, también atribuido a Sierra, lo comete un juez que “a sabiendas, dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos falsos”, para lo cual hay una sanción de dos a diez años de prisión y si fuera de sentencia condenatoria penal, de tres a diez años.

“Bufetes de la impunidad”

La red de abogados corruptos, o “bufetes de la impunidad”, como les llamó Velásquez, utilizaba su influencia para actuar en tomadores de decisión dentro del sistema de justicia y favorecer fallos para sus clientes. Una conversación telefónica del 16 de abril relaciona a Mendizábal Barrutia con el abogado José Arturo Morales Ramírez. En esta conversación Mendizábal detalla que el “Teniente Jerez” debe acelerar las medidas sustitutivas o “fianzas” urgentes. La hija de Jerez sería la encargada de gestionar el dinero para los abogados.

Morales Ramírez no es un extraño en casos de funcionarios cuestionados. En 2000 representó a Marco Tulio Abadío Molina en un amparo contra el Congreso por su destitución por negligencia del cargo de Contralor General de Cuentas. En esa ocasión la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó a Abadío. El hermano de la jueza Sierra González de Stalling, José Arturo Sierra González, era magistrado de la CC cuando se emitió aquella resolución.

Según Velásquez, el interés de la CICIG por investigar las redes de corrupción que operan al interior del Organismo Judicial no es nada nuevo. Es de hecho parte de la cadena de relaciones inevitables cuando se persigue cuerpos clandestinos al interior del Estado. El pasado 30 de abril la CICIG promovió un antejuicio contra la jueza Carol Patricia Flores Polanco “por posibles delitos de lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial”, según indica la causa.

Además, el pasado 19 de febrero, a petición de la CICIG, los magistrados de la CSJ retiraron la inmunidad a Erick Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del ramo Civil de Quiché, por pretender cobrar una comisión de Q10 millones a cambio de una resolución favorable para una empresa. Antes, el 3 de febrero, promovió un antejuicio contra la jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo, por los posibles delitos de “lavado de dinero u otros activos; enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial”, cuyas cuentas habrían tenido un incremento no justificado de Q1.4 millones. 

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