La caravana de la memoria

Pero cuando se anuncia que algunos de los padres o familiares de estos estudiantes vendrán a prestar testimonio hasta las frías estepas del norte estadounidense como parte de su Ruta del Centro, que cubre desde Texas hasta Detroit y Chicago, pasando por las ciudades gemelas en Minnesota, no cabe la menor duda de que la campaña sobre la desaparición y el presunto asesinato extrajudicial de los normalistas ha provocado un movimiento transnacional por la memoria y la justicia que resuena.

La académica estadounidense Kathryn Sikkink fue una de las primeras en llamar la atención sobre la importancia de considerar la participación de actores no estatales con identidades transnacionales y lealtades que se traslapan en el ámbito de las relaciones internacionales[1]. En este caso, con las nuevas tecnologías, las diásporas se convierten en actores clave en sus nuevas localidades. Como que solo enviar remesas no es suficiente. Los inmigrantes mexicanos también se organizan como ciudadanos para influir y dictar la agenda política de su país. Estas redes transnacionales utilizan varias tácticas que en la categorización de Keck y Sikkink incluyen el intercambio de información, la asociación con grupos de influencia y poder que eleven sus peticiones, el uso del simbolismo para persuadir a través de historias y testimonios a distintas audiencias y la demanda de una rendición de cuentas por parte de las autoridades[2].

Desde México, la caravana ha movilizado a contactos locales en las principales metrópolis de los Estados Unidos donde la población mexicana es significativa (en las ciudades gemelas representa casi el 70% del segmento hispano), la cual abre un corredor y actúa como caja de resonancia para denunciar al Estado mexicano. Allí donde hay consulados forman un plantón y abogan por sus conciudadanos. Piensan que así se puede emitir una sanción política contra el Gobierno, obtener justicia y velar por los derechos humanos. Es lo que Sikkink denomina política transnacional para referirse a las redes de influencia, solidaridad y abogacía que buscan cambiar normas domésticas, especialmente las referidas a la protección de derechos humanos, elevándolas en la arena internacional[3].

Estuve escuchando a la comitiva que vino a Minnesota y se presentó en una universidad privada de Saint Paul. Ofrecieron testimonio la madre de uno de los desaparecidos, María de Jesús Tlatempa, quien cree que los muchachos están vivos, y el maestro Salvador Cruz Bautista, tío de Benjamín Bautista. Ninguno de los dos cree en la versión oficial del Gobierno, por lo que ambos demandan la verdad. Les acompañaban el sobreviviente Omar García, vocero de los estudiantes de Ayotzinapa. En palabras del líder estudiantil, el Gobierno mexicano subestimó a las comunidades rurales: «Estamos organizados y tenemos tradición de lucha. No previeron que los padres no se iban a dejar sobornar». «No venimos a dar lástima —continúa—. Estamos enojados con el Gobierno. En seis meses hemos dicho lo que otros quisieran decir, pero no pueden decir. El problema es que esto nos afecta a todos. No hay diferencia entre crimen organizado y autoridades. Nos gobiernan los criminales».

Los testimonios de los familiares de las víctimas son contundentes y nos alertan sobre las frágiles instituciones carcomidas por el crimen y la corrupción en toda la región. Su enojo es transnacional. Tanto los normalistas desaparecidos, que nos trasladan a tiempos de represión militar, como el asedio constante contra activistas, líderes comunitarios o instituciones guatemaltecas en la actualidad son muestras de que el fortalecimiento del sector justicia sigue siendo una de las mayores deudas de la democracia. Por ello, siendo la impunidad también un asunto transnacional, con mayor razón la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) debe seguir operando en el país.