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La caja chica del ejército

“La corrupción y la consecuente falta de persecución a los involucrados reflejan la falta de transparencia y auditoría de los negocios del ejército de Guatemala y sus relaciones financieras".
Existe el potencial de que los militares hayan lavado dinero de una forma más extensa a través del IPM, “dada la secretividad en los asuntos financieros del IPM y los conocidos enlaces de los militares con el crimen organizado”.
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La caja chica del ejército

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El Instituto de Previsión Militar (IPM) ha sido uno de los lugares en los que el Gobierno de la República no ha podido imponer su autoridad sobre los militares. Se mantiene como un fondo oscuro, presto para corrupción y lavado de dinero, como el caso de los US$23 millones , robados e invertidos en mansiones en Miami en 2003, como alertó el cable estadounidense 03Guatemala2500, revelado esta semana por Wikileaks, y confirmaron investigaciones periodísticas posteriores.

Redes-lateral

Este desfalco, según la información recopilada por la embajada de Estados Unidos, revelada por Wikileaks, es únicamente un ejemplo de todos los casos de corrupción que pueden haber en la opaca oficina de seguridad social de los militares. Para el entonces embajador John Hamilton, existe el potencial de que los militares hayan lavado dinero de una forma más extensa a través del IPM, “dada la secretividad en los asuntos financieros del IPM y los conocidos enlaces de los militares con el crimen organizado”.

El cable, escrito el 29 de septiembre de 2003, critica la falta de interés de los militares por castigar a los responsables de este caso de corrupción, originado por una inversión fraudulenta en el Pension Fund of America (PFA). Estos US$23 millones del IPM terminaron en la compra de mansiones en un área exclusiva del Sur de Miami, como demostró una investigación que hicieron Martín Rodríguez, director de Plaza Pública, y Mynor de León cuando trabajaban para Prensa Libre en julio de 2004.

“No hay ninguna razón para creer que la administración actual y las futuras en el IPM no van a buscar sus propias oportunidades para meter las manos en la caja de galletas (en español sería algo así como meter las manos en la masa). De acuerdo con el general Alfredo González –ex presidente de la directiva del IPM y a cargo de la investigación para recuperar el dinero–, la administración del IPM responde exclusivamente al Ministerio de Defensa y el Gobierno no tiene ninguna autoridad sobre este plan de pensiones cuasi-gubernamental”, reza el cable enviado por la embajada de Estados Unidos en Guatemala para el Departamento de Estado en Washington, bajo la clasificación de “secreto”.

El caso

Durante el primer año de la administración del expresidente Alfonso Portillo y su ministro de la Defensa, Eduardo Arévalo Lacs –juicio por peculado por el robo de Q120 millones a través del ejército en 2002 y absueltos en primera instancia–, el IPM decidió invertir US$37 millones en fondos de pensiones en Estados Unidos, algunos de los cuales fueron jugados y perdidos en la bolsa de valores de Nueva York. Otros fueron recuperados y US$23 millones terminaron en mansiones en Florida.

González, a cargo de la investigación del caso, le dijo a oficiales de la embajada estadounidense que no era verdad que el IPM fuera víctima de una estafa, como salieron a decir públicamente militares de alto nivel. “Dice que varios miembros de la Junta Directiva del IPM recibieron cheques (sobornos) de PFA por US$50 mil por transferir fondos a través de PFA”. Los diplomáticos estadounidenses echaron por tierra los intentos del entonces ministro Arévalo por confrontar a los directivos del IPM por el desfalco. “(Arévalo) no era ningún paladín (crusader) de la integridad. Se convirtió en millonario durante su paso como Ministro de la Defensa”.

PFA, una pequeña y desconocida firma de inversiones, fue utilizada casualmente para el desfalco del IPM y para otro desfalco por US$45 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) durante la administración del FRG y Alfonso Portillo.

González aseguró que no había relación con el IGSS y que Enrique Ríos Sosa, hijo de Efraín Ríos Montt y miembro de la Directiva del IPM, no tenía relación con el escándalo. Insistió que todo había sido tramado por oficiales de bajo nivel que habían estafado al ejército. La embajada de EEUU no se creyó nada de esto. Consideró que el Ministerio Público, entonces dirigido por Carlos de León Argueta, no investigó por presiones políticas o la resistencia a investigar a militares.

“La corrupción y la consecuente falta de persecución a los involucrados reflejan la falta de transparencia y auditoría de los negocios del ejército de Guatemala y sus relaciones financieras. Muchos oficiales de alto nivel se resisten a investigar a sus colegas por miedo a exponer su propia corrupción. Este escándalo puede afectar la moral de oficiales jóvenes, cansados de la corrupción de sus superiores”.

El caso, como otros que han involucrado corrupción en el Ministerio de Defensa, quedó en la impunidad.

 

 

 

 

 

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