Las leyes de Guatemala, en particular la Ley de Contrataciones del Estado, prohíbe y sanciona el conflicto de intereses. Pero lamentablemente la impunidad es una fuerza muy poderosa que avasalla voluntades. De allí los escándalos como la persistencia de pestilentes cloacas político electoral como el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), son monumentos vivientes a la impunidad y a una ciudadanía doblegada y de rodillas ante la diosa corrupción.
Pero bien, en esos casos se trata de impunidad, ya que por lo menos leyes como la de Contrataciones del Estado o como la Orgánica del Presupuesto establecen con claridad las normas, las cuales lamentablemente se violan sistemáticamente. Un problema muy distinto es cuando se pretende que las leyes obliguen al conflicto de intereses. Es a todas luces aberrante querer hacer legal, pero definitivamente no legítimo, y menos moral, que un sector o persona sea juez y parte.
Un ejemplo de este tipo de disposiciones legales es otra cloaca político electoral, tan fétida como el Fonapaz, el tristemente célebre Fideicomiso del Fondo de Conservación Vial (Covial). El acuerdo gubernativo que lo regula (es decir, basta una decisión del Presidente para suprimirlo), establece que dentro de los integrantes de su Consejo Consultivo y Comité Técnico figuran las Cámaras de la Construcción y del Agro. Es decir, los contratistas tomando decisiones sobre los contratos… juez y parte. ¿Qué tal?
Otro ejemplo, es la participación del presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de la Construcción en la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE). ¿Uno más? La idea de un Consejo de la Contraloría General de Cuentas, que dentro de sus integrantes incluiría un representante del Consejo Superior Universitario y un representante de las asociaciones empresariales, esto como parte de la propuesta de reforma constitucional presentada por el actual Gobierno. Es decir, la Contraloría supervisada por el CACIF y la USAC, este último un ente supervisado por la misma contraloría, ¿qué tal?
Y así, podría continuar citando ejemplos. El sábado pasado, casi me voy de espaldas al ver el título de primera plana del matutino Prensa Libre. Procedí a leer cuidadosamente la nota, y no pude sino enfurecerme. El Ministerio de Energía y Minas trasladó al Congreso una iniciativa de ley en la que propone, entre otra serie de barbaridades, la creación de un “consejo minero”, órgano que, entre otras facultades, tomaría decisiones sobre las licencias mineras. Pero ¡sorpresa! (o quizá no, todo lo esperable), resulta que ese consejo lo integrará la gremial de industrias extractivas, con el poder de ser juez y parte en las decisiones sobre cómo administrar los recursos minerales, que dicho sea de paso, ¡son del Estado, es decir de todos y no de ellos!… otro caso descarado e insultante de pretender emitir decretos que “legalicen” un conflicto de intereses.
Claro, la fiesta de la impunidad, contratos manoseados y conflictos de intereses la están gozando corruptos de muchos ámbitos, público y privado, los de Fonapaz y los de Covial. Pero faltaban los mineros.
El sector privado guatemalteco se atraganta con discursos sobre competitividad. Pero hacen negocios impugnando las leyes que les hacen pagar impuestos, granjeándose privilegios financiando campañas electorales para luego recuperar las “inversiones” vía contratos manoseados en Fonapaz y Covial. Ahora parece que la moda para ser corrupto de cuello blanco es lograr que el Congreso apruebe instancias de decisión con evidentes conflictos de interés.
La moda es apostarle a que nos traguemos la “legalidad” del conflicto de intereses. Nuestro deber es denunciarlo y decir ¡no!
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