Pudiera parecer que el reclamo es un grito al vacío, en soledad, en minoría, un sentimiento desfundado. Es, sin embargo, la demanda que más afecta la indolencia y que recupera su actualidad y crudeza conforme pasa el tiempo. Quienes han apostado por el olvido saben muy bien el significado de ello y saben, además, que la justicia es el principal antídoto a esa desmemoria e impunidad debidamente instalada.
Por aquello del olvido y silencio, muy bien colocados, conviene hacer esfuerzos de...
Pudiera parecer que el reclamo es un grito al vacío, en soledad, en minoría, un sentimiento desfundado. Es, sin embargo, la demanda que más afecta la indolencia y que recupera su actualidad y crudeza conforme pasa el tiempo. Quienes han apostado por el olvido saben muy bien el significado de ello y saben, además, que la justicia es el principal antídoto a esa desmemoria e impunidad debidamente instalada.
Por aquello del olvido y silencio, muy bien colocados, conviene hacer esfuerzos de memoria e intentar nuevos significados a relatos de lo que se vivió en el país. En especial, en las décadas de los años 70 y 80, cuando por la inspiración anticomunista de la doctrina de seguridad nacional y del racismo —expresado en el desprecio a la posibilidad del goce de la mayoría maya y con el pretexto de la persecución a grupos insurgentes— el Estado perpetró una de las páginas de horror en la reciente historia guatemalteca.
El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), uno de los acuerdos de paz suscritos el 29 de diciembre de 1996, dejó constancia escrita de ello, y se lee que el Estado llevó a cabo una estrategia de contrainsurgencia que dejó como saldo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales a mujeres, actos de tortura y el genocidio contra comunidades del pueblo maya. La Comisión documentó 600 masacres. Además, concluyó que el Estado de Guatemala habría sido responsable del 93 por ciento de las violaciones a los derechos humanos, la guerrilla de un tres por ciento y otros grupos sin identificar del cuatro por ciento.
Es el horror que no se olvida, por la notoria y sostenida ausencia de la justicia, verdad y reparación que el Estado debió y debe ofrecer, sin ningún tipo de dilación y pretexto, a los familiares de las personas detenidas y desaparecidas; de las ejecutadas de manera extrajudicial, de las torturadas y de las mujeres violadas, así como del delito de genocidio. Ese es de nuevo el reclamo en el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, el 25 de febrero, demanda que muy bien expresa que la justicia es el principal camino para que ese dolor nunca jamás vuelva a ocurrir en el país.
Nuestro querido país está en las puertas de ese desafío. Y en palabras de un reconocido jurista que nos visitó en agosto del año pasado, para explicar a diputados y diputadas la importancia del Estatuto de Roma, como garantía de no repetición: los juicios contribuyen a cambiar la mentalidad y cultura de la gente, se pasa de pensar en matar al enemigo a respetar su dignidad. ¿Será muy difícil ese cambio en Guatemala?
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