El desarrollo y la justicia social –afirmó– son indispensables para conseguir y mantener la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, agregando que eso no se alcanza sin paz, seguridad y “si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Cómo están, entonces, el desarrollo y la justicia social en El Salvador?
Cadáveres de víctimas de la violencia aparecen arriba y abajo de la tierra, independientemente de los aplausos a la tregua entre pandillas. El “muertómetro” oficial sube y baja; mientras, las explicaciones insustanciales no dicen nada a quienes lloran sus asesinados. Además están las personas lesionadas que atiende el sistema de salud, con el enorme costo que representa; ese dinero podría utilizarse, sin demagogia, en inversión social real... si la situación del país fuese otra.
Carlos Acevedo, en 2008, presentó al Gobierno una investigación sobre los costos de la violencia en Centroamérica. El hoy presidente del Banco Central de Reserva señaló que sus hallazgos sugerían “que la epidemia de criminalidad y violencia que azota a la mayoría de países centroamericanos, está entrelazada con las condiciones de pobreza que afectan a vastos sectores de la población”. Vista América en su conjunto, las tasas de homicidios y pobreza eran correlativas; pero en su centro, las primeras aparecían “muy por encima” de lo que debía esperarse con sus tasas de pobreza. Considerando pérdidas en salud, costos institucionales en seguridad y justicia, gasto privado en seguridad y pérdidas de bienes materiales, Acevedo determinó que en El Salvador se desembolsaron 2,010 millones de dólares por la violencia durante 2006. Eso equivalía al 11% del PIB.
A ello, agréguense las extorsiones o “rentas” al mediano, pequeño y micro comercio; también a tanta gente cuyos ingresos no están para darse el lujo de pagar seguridad privada, pues eso no tiene que ver solo con contratar empresas particulares para cuidar residencias y empresas de quienes tienen recursos suficientes. También está quien paga para no ser asesinado o desparecido, pues el Estado no le garantiza su seguridad aunque sea contribuyente; si lo es, debe pagar doble: al Gobierno y al que lo amenaza.
La ONU habla del respeto de todos los derechos humanos. ¡Todos! Y la seguridad ciudadana lo es. También lo son la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, delitos contra la humanidad, crímenes de guerra y atrocidades de la posguerra. Son derechos de respeto ineludible en un país que algunos dicen está logrando el desarrollo y la justicia social.
Son derechos acá negados históricamente a las mayorías populares, considerando que el 58% de las víctimas incluidas en el informe de la Comisión de la Verdad –hace veinte años– era población campesina. Para muestra ese botón, porque hacia atrás hay otros estallidos donde las víctimas fueron las mismas de siempre. Así, existe una relación comprobable entre las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, de la violencia actual y de la impunidad, con las víctimas de la exclusión social.
Por lo anterior y más, hay que ponerle signos de interrogación al desarrollo y la justicia social en El Salvador. Por eso predicaba San Romero de América en 1979, antes que la ONU, lo siguiente: “La civilización del amor no es un sentimentalismo; es la justicia y la verdad […] Por eso, es una caricatura de amor cuando se quiere apañar con limosnas lo que ya se debe por justicia; apañar con apariencias de beneficencia, cuando se está fallando en la justicia social”. Oídos para quien quiera oír; corazón para quien quiera escuchar.
(*) Columnista de ContraPunto, publicado el 25 de febrero
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