Justicia para los muertos por las lluvias

En estos días posteriores a la tragedia, se han levantado voces de denuncia por la falta de previsión, la dejadez, pero sobre todo, por la corrupción detrás de las obras de inversión pública en infraestructura.

Las imágenes del luto, desolación y desastre provocan cólera e indignación, porque la mayoría eran prevenibles. La deforestación se refleja en deslizamientos de cerros y laderas. La pésima calidad de los taludes y drenajes de las carreteras, aproches de los puentes y demás elementos de ingeniería, evidencian corrupción en la ejecución de los contratos de construcción y mantenimiento de la infraestructura vial.

Pero por desgracia, los muertos y las pérdidas económicas pronto quedan olvidados. Con ello, también quedan impunes los criminales que talaron árboles en exceso o que manipularon contratos, ejecutando las obras con una calidad abismalmente inferior a la requerida.

Por si parece que exagero, solo tómese en cuenta lo que está sucediendo en estos días en el Congreso. La bancada oficialista y sus aliados negocian intensamente con las bancadas opositoras una readecuación presupuestaria, disputándose precisamente los recursos para las obras de infraestructura. 

Prácticamente nadie habla de esto. La prensa rara vez aborda la disputa entre la asignación a COVIAL (contratistas de “cuello blanco”), o a los consejos departamentales de desarrollo (diputados o financistas de políticos). Una disputa en la que no hay buenos ni malos, sino carroñeros peleándose los despojos del erario público.

¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Primero, entender bien el problema, los intereses, quiénes se benefician, las instituciones enfermas y los procesos que permiten los círculos viciosos de la impunidad. Segundo, entender que existen medidas y propuestas orientadas a romper esos círculos, y que su aprobación depende del grado de presión que los legisladores reciban. Presión que puede venir, principalmente de todos nosotros, sus electores, pero también de la comunidad internacional y de las organizaciones de la sociedad civil.

Concretamente, ¿dónde empezar? Un primer paso es denunciar y sancionar a los funcionarios públicos responsables de suscribir contratos sin contar con el crédito presupuestario, la denominada “deuda flotante”. Debemos tener claro que esta práctica viola por lo menos tres disposiciones legales vigentes.

Sin embargo, sucede que los códigos penal y procesal penal no tipifican como delito la violación a estas disposiciones legales. ¡Pero qué gran regalo a la impunidad! Debemos presionar a los legisladores para que modifiquen estos códigos tipificando como delito prácticas ilegales como la “deuda flotante”. Adicionalmente, debemos presionar insistentemente para lograr la aprobación de la ley contra el enriquecimiento ilícito, una iniciativa que ya cuenta años esperando su aprobación.

Estas acciones quizá suenen idílicas o imposibles, si se toma en cuenta que quienes deben aprobar las reformas son los diputados, los mismos que se benefician de su bloqueo.

Sin embargo, no es algo imposible: la aprobación dela Leyde Acceso ala InformaciónPúblicaes un ejemplo a favor. Luego de permanecer bloqueada por casi una década, la ola de indignación y presión internacional desatada luego del escándalo de los Q 82 millones logró que los diputados, a regañadientes y por supuesto sin ningún entusiasmo, no tuvieran otra salida que aprobarla.

La lucha contra la impunidad es una guerra muy difícil, pero es una en la que se pueden ganar batallas. La cólera e indignación de hoy es una oportunidad que no deberíamos perder por abordar este tema de fondo.

Pero además, es la justicia que exigen quienes perdieron la vida en días anteriores, y en las tragedias de años anteriores.