Por Carlos Arrazola

Esta será la primera vez que ex altos cargos castrenses guatemaltecos, incluido un antiguo dictador, enfrenten un juicio por genocidio en Guatemala.

El próximo jueves tendrá lugar la primera audiencia del juicio, anunció este lunes el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo.

Gálvez afirmó que existen suficientes indicios sobre la responsabilidad de los dos exgenerales por la matanza de 1.771 indígenas ixiles a manos de las Fuerzas Armadas entre marzo de 1982 a agosto de 1983, en el marco de la guerra interna (1960-1996).

Ríos Montt, de 86 años, gobernó de facto Guatemala durante ese período y será procesado por ser el supuesto autor intelectual de las matanzas de los indígenas ixil.

Rodríguez, de 67 años y que ocupó entonces la segunda jefatura del Estado Mayor de la Defensa, será procesado por haber ejecutado los planes militares incluidos en la estrategia conocida como "tierra arrasada".

El juez Gálvez decidió que Ríos Montt continúe bajo arresto domiciliario, y que Rodríguez permanezca recluido en el Hospital Militar en donde desde mediados del año pasado es tratado por padecimientos físicos que alega.

El juez dio valor probatorio a los 84 testimonios, 61 peritajes y 126 documentos que la Fiscalía presentó como pruebas de cargo de la supuesta responsabilidad de los ex altos cargos militares en la sangrienta represión militar de que fueron víctimas los indígenas de la etnia ixil.

Ríos Montt y Rodríguez, inmóviles y en silencio, escucharon con atención el fallo del juez, y al concluir la diligencia se negaron a responder las preguntas de los periodistas.

Los activistas y familiares de las víctimas, en cambio, rompieron en aplausos y vivas en favor de la Justicia, y en las afueras del tribunal quemaron fuegos pirotécnicos para celebrar la decisión del juez.

Francisco Palomo, uno de los abogados defensores de Ríos Montt, dijo a los periodistas que en las próximas horas presentarán un recurso contra el fallo de Gálvez, por considerar que "no estuvo apegado a derecho" al no tener en cuenta las pruebas de descargo.

Este será el primer caso en la historia jurídica de Guatemala en el que un ex jefe de Estado es llevado ante la Justicia para responder por los cientos de miles de asesinatos cometidos por el Ejército durante la guerra interna de 36 años que padeció el país entre 1960 y 1996.

Antes han sido procesados y condenados militares de bajo rango, antiguos paramilitares y policías, por violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado.

La guerra interna que vivió Guatemala dejó unas 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos, un millón de desplazados internos, y miles viudas y huérfanos. 

*Esta nota se reproduce gracias al convenio de colaboración de Agencia EFE con Plaza Pública.