El juez aceptó la solicitud del fiscal Orlando López y decidió procesar al exjefe policial por un hecho más: el asesinato en grado de tentativa contra el exembajador de España en Guatemala Máximo Cajal y el campesino Gregorio Yujá que fueron los únicos sobrevivientes de la embajada que ardía en llamas el 31 de enero de 1980.
Cajal y Yujá fueron trasladados al hospital Herrera Llerandi para curarles las quemaduras que sufrieron durante el siniestro. En un video presentado por la fiscalía, se observa a la esposa de Cajal cuando declara: “el único lugar que respetaban en esa época era la embajada de Estados Unidos”, por lo que trasladaron al embajador español a esa sede.
Yujá no tuvo las suficientes conexiones para que lo trasladaran y fue, según dijo el juez, secuestrado en el hospital y apareció muerto, torturado, frente a la rectoría de la Universidad de San Carlos (Usac).
En el mismo video se mostraron imágenes periodísticas del 31 de enero de 1980. Ahí se escuchan gritos agónicos de las personas mientras la embajada ardía. Los policías tenían órdenes de “no hacer nada porque era un territorio extranjero” según el canciller de la época, Eduardo Castillo Valdez.
El abogado defensor Héctor Pereira argumentó que a Cajal “no le pasó nada”, en relación a que no existió intención de parte de las fuerzas policiales para asesinarlo.
Sin embargo, según el juez, se logró establecer los indicios necesarios para vincular a García Arredondo con, no sólo la quema y la muerte de 37 personas, sino la intención de eliminar a todas las personas que estaban adentro, porque las fuerzas pociales tienen la obligación de proteger la vida humana y en este caso “evidentemente no lo hicieron”.
A García Arredondo se le sindica de haber seguido órdenes de su superior Donaldo Álvarez Ruiz, ministro de Gobernación, y éste del presidente Romeo Lucas García de “no dejar a nadie vivo”, como relató en el video Oddette Arzú, representante de la Cruz Roja Internacional y testiga presencial del incendio de la embajada, quien añadió “escuché por radio que repetían: que quede claro, no queremos testigos”.
El juzgador ratificó la decisión de mantener al acusado en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica y le otorgó al Ministerio Público 60 días para que aporte las pruebas necesarias en el proceso.
