Los impuestos son algo desagradable, razón a la que deben su nombre: si no es por obligación legal y bajo riesgo de castigo, muy poca gente los pagaría voluntariamente. Esto explica por qué, para congraciarse con sus electores, los políticos, cuando están en campaña, se cuidan de hablar de reforma tributaria.
Pero tarde o temprano el ganador electoral enfrentará la realidad. Los análisis técnicos revelan que el proyecto de presupuesto para 2016 considera una caída en la carga tributaria, que se refleja en recortes brutales en rubros esenciales como la salud pública y que dibuja un escenario fiscal tan precario que quien gane las elecciones prácticamente estará financieramente imposibilitado de cumplir alguna de sus promesas electorales.
El nuevo impuesto a la telefonía y los incrementos al impuesto a la distribución de cemento y a las regalías mineras ofrecían reducir la insuficiencia de los ingresos, por lo menos evitar los recortes y mantener estancado el presupuesto (todavía sin cumplir promesas electorales). Pero la semana pasada la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró que la forma como se habían aprobado esas medidas tributarias era inconstitucional. Así, esta posibilidad de cerrar la brecha fiscal se esfumó de un plumazo. Por lo menos por ahora.
Lo peor que pueden hacer Morales y Torres es ignorar esta realidad. Por lo menos Morales da indicios de conocer la situación al anunciar que buscará recuperar el incremento a las regalías mineras, en tanto que Torres luce más preocupada por no incomodar a ninguno de sus electores. Bueno, todos sabemos que Morales encabezó la primera vuelta (es decir, puede estar más relajado), mientras que Torres quedó en un muy cerrado segundo lugar.
Ambos proyectos políticos hablan de lograr ingresos adicionales al recuperar la SAT, pero ninguno ha presentado un plan concreto y detallado de cómo piensa hacerlo. Y sin un plan concreto es posible que estén construyendo castillos en el aire: recuperar la SAT no será un proceso fácil ni rápido.
Y es que pagar impuestos no es una cuestión de gustos. Es una cuestión de responsabilidad democrática. Si la recaudación tributaria no alcanza, el Gobierno no puede hacer lo que debe hacer.
Opciones de política tributaria hay, diversas en términos de orientación ideológica, efectividad y rapidez. Por ejemplo, debe notarse cuidadosamente que la CC no declaró inconstitucionales los impuestos, sino la forma como fueron aprobados (haberlos aprobado en el mismo decreto en el que se aprobó el presupuesto de 2015). Es decir, si el Congreso aprobara esas mismas disposiciones tributarias, pero en un decreto distinto al de aprobación del presupuesto, posiblemente no habría inconstitucionalidad.
Pero además, a la par de una agenda de política tributaria, los candidatos debiesen estar precisando, con detalle y rigor técnico, cuál es su plan de transparencia fiscal. Esto, porque, sin un esfuerzo creíble y verificable de combate de la corrupción por parte del nuevo gobierno, ninguna medida tributaria será legítima. Así, sin ingresos suficientes no puede haber gobierno efectivo, y sin transparencia y combate de la corrupción no puede haber ingresos suficientes. Todo debería formar parte de una misma agenda fiscal integral y técnicamente sustentada.
Justamente este tipo de temas son los que los dos candidatos, y todos nosotros, debiésemos estar debatiendo de cara a qué tipo de país queremos que el nuevo gobierno empiece a construir. Exigir un debate honesto sobre temas de fiscalidad pública es una tarea que nos toca a todas y todos.
El movimiento social que despertó en abril debe madurar y enfocarse también en estos temas.
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