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Jairo Orellana contrata a abogado célebre y se declara “no culpable”

Sólo 11 días antes, Orellana Morales había desistido de pelear para no ser enviado a los EE.UU., al perder la protección que le daba el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cuando éste dejó el cargo, circuló la información de que lo hacía al haberse descubierto el supuesto vínculo entre ambos.
Para enfrentarse a la justicia estadounidense, Orellana Morales tiene un defensor de grandes ligas: Rubén Oliva, un abogado con 29 años de experiencia, de los cuales, en los últimos 15 ha representado a procesados de alto perfil en casos de narcotráfico.
Agentes de las fuerzas especiales de la Policía Nacional escoltan al supuesto capo del narcotráfico Jairo Orellana durante su extradición el pasado viernes 24 de julio de 2015.
Orellana, guatemalteco, de 37 años, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde el cuartel Matamoros, donde estaba en prisión, hasta el aeropuerto de la Fuerza Aérea, donde fue entregado a agentes de Estados Unidos.
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Jairo Orellana contrata a abogado célebre y se declara “no culpable”

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Hace diez años, cuando trabajaba para el consorcio de narcotráfico de la familia Lorenzana en Zacapa, es probable que ni él ni ninguno de los integrantes de ese poderoso clan imaginaran que algún día serían extraditados a Estados Unidos, algunos compartiendo la misma prisión y con casos a cargo de la misma jueza, Colleen Kollar-Kotelly. Eso sí, cada uno tiene su propia estrategia.

La primera orden del día para Jairo Orellana Morales, alias “El Pelón”, en la corte en Washington, fue cerrar la boca. Era su primera aparición oficial como acusado de narcotráfico tras ser extraditado a los Estados Unidos (EE.UU.), un trámite de rutina, en el que sólo abrió la boca para declararse “no culpable”. Apareció con un abogado provisional y ante un juez provisional a las 18:45 (hora este de EE.UU.), del 24 de julio, dos horas más tarde del horario usual de cierre de las cortes. La demora se debió al papeleo que el Departamento de Justicia completó para declarar cumplida su orden de captura en Washington, Distrito de Columbia, la jurisdicción de la corte que pidió su extradición a Guatemala.

Sólo 11 días antes, Orellana Morales había desistido de pelear para no ser enviado a los EE.UU., al perder la supuesta protección que le daba el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, cuando éste dejó el cargo. De hecho, circuló la información de que lo hacía al haberse descubierto el supuesto vínculo entre ambos. Hasta ahora, el Ministerio Público no ha presentado cargos en contra del exfuncionario por la supuesta ayuda brindada a Orellana. El 25 de mayo de 2014, Orellana Morales cayó acorralado en un fuerte operativo policial y militar. El Ministerio de Gobernación aseguró que sólo autoridades guatemaltecas ejecutaron la captura, pero un testigo dijo que de no haber sido por los helicópteros de los estadounidenses, “que aterrizan donde sea”, Orellana Morales hubiera escapado.

La captura ocurrió en la finca Beatriz, ubicada en la aldea García en Gualán, Zacapa, a pocos kilómetros de la aldea Doña María, sobre la carretera al Atlántico, donde Orellana Morales tenía una propiedad. Según El Periódico, Orellana integró el cuerpo de escoltas y pistoleros de la familia Lorenzana en Zacapa, hasta que se independizó y empezó a traficar drogas por cuenta propia.

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La sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, de la División Criminal del Departamento de Justicia (una especie de supra fiscalía en la capital estadounidense) le seguía la pista a los Lorenzana desde 1996, aunque los acusó formalmente de conspirar para el trasiego y la importación de cocaína a EE.UU., hasta 2003 y presentó una nueva acusación en 2009. A Orellana Morales, esa fiscalía lo vinculó con el trasiego de drogas a partir de enero de 2004 hasta julio de 2013, cuando presentó cargos en su contra.

En el expediente de los Lorenzana en Washington, D.C., consta que éstos eran la sucursal guatemalteca de trasiego de cocaína en una red regional que el guatemalteco Otto Roberto Herrera García armó entre Sudamérica y México, vía Centroamérica. Herrera García fungía como bisagra entre el colombiano cartel de Cali y el mexicano cartel de Sinaloa. Todo marchaba cual reloj suizo hasta que Herrera García fue capturado en México en abril de 2004, y fue recluido en una cárcel de máxima seguridad en la capital mexicana. El trasiego no se detuvo, aunque Herrera García permaneció poco más de un año en la cárcel. Se fugó en mayo de 2005.

Para 2006, Herrera García parecía haber trasladado sus operaciones a Bogotá, Colombia, donde la policía lo capturó en junio de 2007. Cabe la posibilidad de que el vacío que dejó en las operaciones de los Lorenzana haya sido suplido, al menos en parte, por Orellana Morales. Esto lo habría hecho más visible a los estadounidenses. Además, un testigo identificado en el expediente como “Testigo Dos”, que suministraba cocaína a los Lorenzana, dijo que desde 2002 la familia había decidido tratar directamente con los proveedores colombianos. Según la acusación contra Orellana Morales, este “participó en actividades de narcotráfico en Guatemala, México y Colombia”.

“El Pelón” en el mapa

Un gran jurado analizó las evidencias contra el guatemalteco durante casi un año desde 2012, antes de plantear la acusación, no sólo por narcotráfico, sino también por el uso de armas de fuego y “artefactos destructivos” para proteger los cargamentos, el dinero y sus rutas. El expediente destaca que Orellana Morales es altamente violento. De hecho, hay pocas evidencias de la cobertura periodística de los operativos policiales relacionados con él en Gualán, antes de ese año. Los periodistas locales recibían la advertencia: tomar una fotografía de “El Pelón” o de sus residencias, equivalía a condenarse a muerte. Por eso, Orellana Morales pasó desapercibido del radar de la prensa, hasta que un intento de asesinato, en noviembre de 2012, en el interior de una clínica estética de la zona 15 capitalina, lo colocó en el mapa. Siete de sus guardaespaldas murieron acribillados. Él logró escapar.

Diversas versiones de prensa sugerían que “El Pelón” traficaba para los Zetas, pero que estos le habían mandado a matar, o que el gobierno mismo intentó acabar con él, en una descarada ejecución extrajudicial, sin que el móvil estuviera claro en cualquiera de estos casos. La primera es una versión publicada en diversos medios. La segunda salió del mismo Orellana Morales. Una tercera indica que él le habría tumbado un cargamento a la narcotraficante guatemalteca Marllory Chacón Rossell, y que ella respondió con venganza.

Fuentes de Inteligencia Militar en Guatemala, Honduras y México, revelaron que los Zetas irrumpieron en Zacapa para matar a Juan “Juancho” León, el 25 de marzo de 2008, porque éste habría matado a dos miembros de ese grupo en Honduras, y robado un cargamento de cocaína. Pero antes pidieron la autorización de los Lorenzana. En aquel entonces, León era pareja de Marta Julia Lorenzana Cordón, hija de Waldemar Lorenzana Lima (jefe de la familia), pero León se había vuelto un yerno molesto: les granjeaba enemigos con los tumbes. Por ello, los Lorenzana autorizaron la vendetta de los Zetas. El acuerdo supuso, según una fuente de la Fiscalía de Narcoactividad en 2009, que los Zetas se pudieran desplazar en Zacapa sin problemas, siempre que no interrumpieran las operaciones de los Lorenzana.

Pero otra versión, de un exkaibil que tuvo contacto con los Zetas, señala que éstos no tocaron a Orellana Morales, y que él mismo mandó a matar a sus escoltas porque sospechaba que uno de ellos le había robado un cargamento de cocaína. Ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Gobernación ofrecieron versiones plausibles del hecho más allá de anunciar que se trataba de rencillas entre narcotraficantes.

Para finales de 2013, según un exasesor del Ejecutivo, la influencia de los extranjeros en el narcotráfico se había reducido y los traficantes locales se fortalecieron. Para entonces, los Zetas habían sido golpeados por el asesinato en México de Heriberto Lazcano, líder de ese grupo en 2012, y la captura del sucesor, Miguel Treviño, en 2013. Para marzo de 2015, recibirían otro golpe con la captura del sucesor de Treviño, su hermano Omar Treviño. De esa cuenta, en su mayoría permanecieron socios guatemaltecos de los Zetas en el país, aunque algunos de ellos se independizaron o incorporaron a otros grupos.

Las estructuras de los socios del cartel de Sinaloa se mantuvieron aunque con algunas variaciones por las capturas de los Lorenzana en Zacapa y El Progreso, entre 2011 y 2013, cuando cayó Waldemar Lorenzana Cordón, y Juan Ortíz López, alias “Chamalé” en 2011 en Quetzaltenango, pero que era un aliado importante en San Marcos, y Walter Alirio Montejo, alias “El Zope”, de Los Huistas en Huehuetenango en 2012. Este reacomodo de piezas abrió el terreno para la promoción de mandos bajos a medios, y mandos medios a altos. En este contexto emerge Orellana Morales. Otras fuentes indican que ocupó el vacío que dejó el guatemalteco Mario Ponce Rodríguez, capturado en Honduras en 2010 y extraditado a Florida (donde le condenaron a 25 años de cárcel), y que también estaba vinculado con los Zetas, pese a que sus hermanos habrían tomado las riendas del negocio.

La delación se paga con muerte

El 27 de junio de 2013, el mismo día que el gran jurado en Washington, D.C. formuló la acusación formal contra Orellana Morales, los fiscales Andrew Wyatt y Michael Lang pidieron a la corte sellar el expediente, hasta que el procesado fuera capturado y extraditado. El motivo: proteger la vida de los testigos cooperantes y prevenir perjudicar la investigación.

En el documento número dos del expediente, los fiscales advierten que el caso incluye asuntos de “traficantes (de cocaína) de gran escala” y que “los Estados Unidos necesita una oportunidad de resguardar a sus testigos, proveer a las autoridades la oportunidad de capturar al defendido (procesado) antes de que se entere de los cargos en su contra formulados en los Estados Unidos, y tiempo para resguardar la seguridad de testigos adicionales y sus familiares”. No proporciona más detalles de los testigos.

En el mismo documento, la fiscalía advierte que “mientras es necesario para funcionarios del gobierno (estadounidense) divulgar la existencia de la acusación y orden de captura a funcionarios extranjeros, como parte del proceso de extradición e investigación, la divulgación al público de semejante información podría arriesgar la investigación y colocar a funcionarios de seguridad, sus fuentes de información y sus familias en riesgo”.

No obstante, en agosto de 2013, casi dos meses después de que la fiscalía estadounidense emitió esta solicitud, el Departamento del Tesoro de los EE.UU. publicó un comunicado de prensa vinculando a Orellana Morales con los Zetas y con Marta Julia Lorenzana Cordón en actividades de narcotráfico. Nueve meses antes, la habían vinculado a ella y a su hermano Ovaldino con las actividades de trasiego de su familia. El 25 de mayo de 2014, cuando Orellana Morales fue capturado en Gualán, Zacapa, y llevado a tribunales después en la capital, Marta Julia Lorenzana Cordón acudió a la diligencia. Tres días después, ambos se casaron en la prisión de Matamoros, donde Orellana Morales estaba recluido.

Después de levantarse el sello sobre el expediente de Orellana Morales este mes, la acusación revela que aunque los casos de los Lorenzana y Orellana Morales están en expedientes diferentes, la misma jueza, Colleen Kollar-Kotelly, está encargada de ambos procesos. Ya se ha visto cara a cara con los Lorenzana en la sala de audiencias, y encarará a Orellana Morales en agosto. La misma fiscalía también lleva ambos casos, y hasta el momento no los ha vinculado.

Un abogado de grandes ligas

Para enfrentarse a la justicia estadounidense, Orellana Morales tiene un defensor de grandes ligas: Rubén Oliva, un abogado con 29 años de experiencia, de los cuales, en los últimos 15 ha representado a procesados de alto perfil en casos de narcotráfico. En 2000, Oliva representó a uno de dos sujetos que se prestaron para estafar narcos colombianos, presuntamente a sabiendas de la DEA y a cambio de un trato benévolo en cortes estadounidenses. Este fue un caso inmortalizado en el libro El Cartel de los Sapos de Andrés López, y en la serie televisiva basada en el libro. Para 2010, Oliva representaría al otro lado de la balanza, al defender a un narcotraficante colombiano estafado por un oficial de la Agencia Federal de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés), supuestamente a cambio de mitigar la acusación en su contra.

Pero en los últimos dos años, representaría en una corte neoyorkina al colombiano Daniel “El Loco” Barrera, a quien autoridades estadounidenses identifican como uno de los más prolíficos de los últimos años. El caso de Barrera es particular porque la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida lo relacionó con el de la guatemalteca Chacón Rossell, condenada en ese estado a 12 años de cárcel por narcotráfico. Barrera también está vinculado, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, al guatemalteco Jorge Mario “El Gordo” Paredes, condenado a 31 años de cárcel en este estado en 2010. Barrera habría sido uno de sus proveedores.

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Antes que Orellana Morales fuera extraditado el pasado 24 de julio, tenía la representación en Guatemala del abogado guatemalteco Mauricio Berreondo, quien además de representar al expresidente Alfonso Portillo, cuando fue procesado por lavado de dinero en Nueva York, también representó a Chacón Rossell, algo que sería improbable si Orellana Morales hubiese tumbado un cargamento de droga a ella, según algunas publicaciones de prensa.

Pero más importante es que Orellana Morales se declaró “no culpable” en su primera audiencia de declaración bajo el consejo de Oliva, de la misma forma que lo hizo Barrera. En 2014, después de alcanzar un acuerdo de cooperación con la fiscalía neoyorkina, éste cambió su declaración a “culpable”. Resta saber qué as se guardan bajo la manga el abogado Oliva y su cliente Orellana Morales, y hasta cuándo guardará silencio, considerando que sus declaraciones podrían perjudicar a su suegro y cuñados y hasta su esposa. Según la revista ContraPoder, “El Pelón” ya habría pagado al menos US$250 mil dólares del US$1.4 millones que el abogado Rubén Oliva, del bufete Rojas & Oliva P.A., de Pembroke Pines, Florida, cobrará por su defensa.

Mientras que Lorenzana padre permanece en el centro de detención Butner, en Carolina del Norte, al menos hasta este 28 de julio no existía información disponible en el portal del Buró Federal de Prisiones de la cárcel donde están recluidos Orellana Morales y los hermanos Lorenzana Cordón, ni si se han logrado comunicado entre sí. Con una segunda audiencia de declaración programada para el 3 de agosto, la primera frente a la jueza Kollar-Kotelly, Orellana Morales tiene varios días para barajar sus opciones.

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