Me enteré de la existencia del Instituto de Protección Social del Artista (IPSA) cuando realizaba los trámites para retirar de la aduana un disco musical comprado por internet. Los empleados de la SAT me informaron que para poder retirar mi disco, además de pagar los impuestos de importación, debía ir a la sede del IPSA, cerca del barrio El Gallito, a pagar un timbre.
Molesto por lo engorroso de la gestión, me dispuse a investigar qué es el IPSA y si ese timbre es legal. Encontré que el IPSA fue creado mediante el decreto del Congreso 81-90, durante la gestión del presidente Vinicio Cerezo (como lo atestigua una foto del entonces presidente colgada en el vestíbulo de la sede del IPSA, un tributo al político que les brindó reconocimiento y apoyo hace 25 años). Además, encontré que el timbre de garantía artístico, en efecto, está creado por esa ley y grava espectáculos, la importación de grabaciones y otras expresiones de artistas extranjeros para financiar el bienestar de los artistas nacionales.
La idea no es mala. Pero ¿está funcionando bien?
Consciente de que lo molesto es el procedimiento y no la intención del referido timbre, con el propósito de sugerir mecanismos que no resulten tan engorrosos quise usar las facilidades que establece la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y dirigir una nota a las autoridades del IPSA. Encontré que el portal de internet del IPSA no funciona y que dicha entidad no se considera a sí misma parte del Estado, por lo que, según esta, no está obligada a proveer información. Quedé perplejo, ya que semejante postura es una violación flagrante del artículo 6 de la LAIP, según el cual toda entidad, pública o privada, que esté autorizada por ley a recaudar fondos para fines públicos y de beneficio social es sujeto obligado de la ley.
Con el fallecimiento de la cantante Alicia Azurdia, la Alondra de América, el IPSA fue noticia negativa, ya que esta entidad le negó el tipo apoyo para el cual, precisamente, fue creada. El escándalo del caso Azurdia no es el único, e incluso se han planteado iniciativas de ley para corregir las anomalías en el IPSA. En una nota publicada por Prensa Libre salieron a luz quejas y señalamientos en contra del IPSA. Este ejerció su derecho de respuesta, de modo que Prensa Libre publicó elementos de descargo, no sin aclarar que ese matutino intentó tener la versión de la presidenta del IPSA, en repetidas ocasiones y por varios medios, sin éxito.
Este es un caso típico de las consecuencias de la falta de transparencia. Es inaceptable que una entidad como el IPSA sea un feudo y que sus autoridades de turno no se sientan obligadas a rendir cuentas sobre el uso de fondos, a todas luces, públicos. Así, por muy noble que sea su propósito, el resultado es reprobable.
Urge la intervención del Procurador de los Derechos Humanos en su calidad de entidad reguladora del cumplimiento de la LAIP para que conduzca una investigación en el IPSA. El timbre de garantía artístico debe ser manejado como el resto de impuestos, administrado por la SAT y fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas, a manera de evitar trámites engorrosos y manejos discrecionales.
Pero, sobre todo, urge que la opacidad no continúe causando vergüenzas nacionales, como dejar a artistas nacionales como Alicia Azurdia sin protección social, que por mérito deberíamos ofrecerles en justo agradecimiento.
Más de este autor