La Comisión de Economía y Comercio Exterior continúa avanzando en sus discusiones para enmendar el dictamen favorable que en febrero pasado emitió a favor de la iniciativa de ley número de registro 4644, “Ley de Promoción de Inversión y Empleo.” Una propuesta basada en que bajando impuestos atraeremos empresas nuevas, y con ello generaremos las tan urgentemente necesitadas nuevas y mejores plazas de trabajo.
El primer reto es que, en caso de aprobarla, quienes accedan a los privilegios fiscales que se estarían creando, sean las empresas a quienes supuestamente está dirigida la ley. Es decir, que no volvamos a caer en la práctica que, con la bandera de la atracción de inversiones, en vez de atraer nuevas empresas, los nuevos privilegios los terminen gozando empresas deshonestas que abusan aprovechándose de vacíos en la legislación o en la debilidad de las instituciones.
Y es que la posibilidad de abuso es real, y la hemos vivido como una vergonzosa realidad en años anteriores. La última ocasión fue al final de 2004, cuando el Congreso amplió los privilegios fiscales para las maquilas, oportunidad que fue aprovechada maliciosamente por varias empresas ya establecidas que dejaron de tributar, y no se generó una sola plaza de trabajo nueva. Así que el riesgo de sufrir nuevos fraudes es muy real.
Por ello, esta semana la citada comisión parlamentaria ha dedicado su trabajo a enmendar (corregir) su dictamen favorable, introduciendo propuestas de normas de control y transparencia que ayudarían a prevenir y sancionar esos abusos. Esto es lo mínimo que debemos exigir: que las instituciones responsables del control, principalmente el Ministerio de Economía (Mineco) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) cuenten con las facultades legales requeridas para que hagan bien su trabajo.
Ahora bien, en un país en el que reina la impunidad, es decir la posibilidad de violar las leyes y que no se castiguen los abusos, surge la preocupación más que legítima y cotidiana si en el futuro las autoridades de la SAT y el Mineco tendrán la voluntad y el respaldo político de aplicar la ley con energía, y sancionar efectivamente. Un primer paso ha sido corregir el dictamen, pero resta lo más difícil en cuanto a control y transparencia.
Aun suponiendo que la ley y las instituciones serán efectivas en evitar y sancionar abusos, ¿vendrán los tan ansiados inversionistas y se generarán los empleos nuevos? No tan rápido. Al aprobarse al “Ley de Promoción de Inversión y Empleo” el Congreso habrá permitido pagar menos impuestos, ¿será suficiente? ¿Pagar menos impuestos es lo que privilegian los inversionistas a la hora de tomar la decisión de destinar su capital a nuestro país?
Estudios muestran que hay factores críticos y más importantes en las decisiones de inversión que pagar menos impuestos: acceso a consumidores, estabilidad política y social, calidad de la infraestructura, capacitación de la fuerza laboral, nivel de corrupción, etc. (un largo etcétera). Todo un plan de desarrollo para acompañar las nuevas inversiones, un esfuerzo que debería tener participación tanto privada como estatal.
¿Está planificada la inversión complementaria a la legislación que está discutiéndose, que es quizá lo más importante para atraer inversión y generar empleo? ¿De dónde provendrán los recursos para financiarla? ¿Cuánto tiempo nos tomará realizarla?
Todas son preguntas importantes, inquietantes y preocupantes. Así que con esto de las exenciones para inversionistas, despacio que llevamos prisa. Estamos obligados a hacerlo bien, o si no, será más de lo mismo: ganancia para unos (los que no queríamos que ganaran), y pérdidas para muchos.
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